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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 113/94, incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas a D. Fernando Rivero Castellano, titular de la empresa operadora nº 78, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya sido recibida por el interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 24 de octubre de 1994, fue levantada Acta de Infracción por el Servicio de Inspección de esta Consejería, dando cuenta de que en el establecimiento Bar Don Pollo, sito en La Esperanza, calle Calvario, 85, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo B, TF-B-7.142, modelo B-1623, serie nº B-1168, que, al momento de la inspección, carece de los distintivos del pago de la Tasa Fiscal de Juego, correspondientes al 1er, 2º y 3er trimestres de 1994. Asimismo, el establecimiento carece de Libro de Reclamaciones. 2º) Mediante Providencia de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 4 de noviembre de 1994, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la vigente normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
3º) Notificado el anterior, por el inculpado y en el plazo concedido al efecto se presentaron alegaciones, manifestando que los hechos relatados en el expediente sancionador no son ciertos. En cuanto a la carencia de la Tasa Fiscal sobre el Juego, adjunta copia de la carta de pago de la misma correspondiente al tercer trimestre del año 1994, y en cuanto al Libro de Reclamaciones, no es una infracción imputable a esta parte, ya que el nuevo titular del establecimiento llevó el mismo a la gestoría, toda vez que estaba tramitada toda la documentación del bar a su nombre, y creyendo que dicho libro era el Libro de Visitas se lo llevó, aportando como prueba de ello escrito firmado por D. Hoel Pérez Rienda, titular del Bar Don Pollo y donde se avalan las afirmaciones de esta parte.
Asimismo, solicita el recibimiento a prueba del expediente proponiendo los medios de que intenta valerse; una documental consistente en certificación acreditativa de que se encuentra abonada, dentro del plazo de ingreso en periodo voluntario, la Tasa Fiscal sobre el Juego del tercer trimestre de 1994 de la máquina recreativa TF-B-7.142 perteneciente a la empresa operadora de D. Fernando M. Rivero Castellano, y otra testifical por interrogatorio del testigo D. Hoel Pérez Rienda, titular del establecimiento, a fin de que reconozca ante el Instructor del expediente que la firma que aparece en el documento aportado es suya de puño y letra, así como que se ratifique en el contenido del documento señalado. 4º) Mediante Providencia del Instructor del expediente, de fecha 15 de diciembre del año 1994, se acuerda el recibimiento a prueba del expediente, abriéndose un periodo probatorio por plazo de treinta días, admitiendo la documental propuesta, no así la testifical, por cuanto se da por reproducido el documento portado por la parte en el que consta la firma del titular del establecimiento, siendo por tanto innecesaria su realización.
5º) Con fecha 2 de febrero de 1995, R/E nº 1.979, se recibe en estas dependencias certificación de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, que literalmente dice: Que consultados los antecedentes obrantes en esta Administración (Negociado de Juego), la máquina recreativa del tipo B, con permiso de explotación TF-B-7.142, nº de serie B-1168 y con Guía de Circulación 674528-K, perteneciente a la empresa operadora D. Fernando M. Rivero Castellano, no ha realizado ingreso alguno en el ejercicio 1994, figurando, por tanto, deudora de la Tasa anual sobre el Juego, correspondiente a 1994.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.
Segunda.- De conformidad con lo establecido en los artículos 9.1 y 2.a) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, la Viceconsejería para las Administraciones Públicas es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo. Cuarta.- Se admiten las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto a la entrega al titular del establecimiento del Libro de Reclamaciones; no se admiten las alegaciones en cuanto al abono en plazo de la Tasa Fiscal de Juego, por cuanto ha quedado probado en el presente expediente sancionador mediante certificación de la Consejería de Economía y Hacienda que la máquina recreativa TF-B-7.142 figura como deudora de la Tasa Fiscal de Juego en todo el año 1994, careciendo, por tanto, en el momento de la inspección de los correspondientes distintivos fiscales. Quinta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artº. 30.1.d) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que todas las máquinas a que se refiere el citado Reglamento, que se encuentren en explotación, deberán llevar necesariamente incorporadas a las mismas y de forma visible desde el exterior el distintivo correspondiente del pago de la Tasa Fiscal de Juego.
Sexta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 41.3 del citado Reglamento, la infracción debe calificarse de leve, procediendo sancionar con multa de setenta y cinco mil pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario, en relación con el artº. 22 de la referida Ley.
En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 1995.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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