Esta Consejería, mediante Orden Departamental de 8 de septiembre de 1994, resolvió el recurso de alzada formulado por la entidad Servicios y Obras Canarios, S.A. (Syocsa) contra la Resolución de este Organismo de 8 de abril de 1991. Posteriormente y por Orden de 28 de marzo pasado, se corrigieron errores materiales detectados en la mencionada Orden Departamental de 8 de septiembre de 1994, quedando ésta redactada en los siguientes términos:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 8 de abril de 1991, la Dirección General de Aguas resolviendo expediente administrativo nº 1.318-Den., dictó Resolución por la que se acuerda imponer a la entidad Servicios y Obras Canarios, S.A. (Syocsa) la obligación de restituir el Barranco de Los Seres a su primitivo estado, por su ocupación con la construcción de un puente.
2. Notificado que fue el acuerdo al que se refiere el apartado anterior, se formula recurso de alzada por D. Gabino Jiménez Benito, en representación de la entidad Servicios y Obras Canarios, S.A. (Syocsa), solicitando se deje sin efecto la Resolución impugnada, haciendo básicamente las siguientes alegaciones:
a) Que con fecha 17 de noviembre de 1987 se evacuó el trámite de alegaciones de proposición de prueba, que luego reiteró por escrito de fecha 7 de febrero de 1990, todos obrantes en el mismo expediente administrativo en que se habla, por lo que se reiteran los escritos formalizados por esta parte, que se dan íntegramente por reproducidos.
b) Que las precedentes manifestaciones se efectúan sin perjuicio de proceder a la legalización de la obra, vía intervención del Excmo. Ayuntamiento de Arona.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El recurso de alzada se formula por persona legitimada en su condición de obligado por la Resolución que se recurre.
II. La impugnación se deduce asimismo en tiempo hábil, al no haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 122.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo. III. Este Departamento es competente para conocer del presente recurso, tanto en razón de la materia como en razón del superior orden jerárquico respecto del órgano del que emanó la Resolución que se recurre.
Cumplimentados los requisitos formales necesarios para la admisión a trámite del recurso de alzada, procede entrar a analizar los motivos de fondo alegados por el recurrente. IV. Las alegaciones de la parte recurrente en el escrito de recurso remiten a lo ya alegado en su día en el escrito de descargo, que únicamente recomendaba la práctica de algunas pruebas, de las cuales se realizó el reconocimiento sobre el terreno, constatándose nuevamente la infracción cometida, y se otorgó trámite de vista y audiencia al Ilmo. Ayuntamiento de Arona del recurso de alzada, figurando el acuse de recibo debidamente firmado el día 22 de febrero de 1993, sin que se presentaran alegaciones al respecto.
En lo relativo a la no celebración de la prueba propuesta por la recurrente relativa a la emisión de informe por parte del Arquitecto Director de las obras, D. Fernando Fernández del Castillo Machado, en nada puede influir sobre la validez de lo actuado, pues acreditados los hechos denunciados a través de informe técnico suscrito por facultativo funcionario, resultan ociosas nuevas comprobaciones dado el crédito de veracidad e imparcialidad que merece el parecer del técnico en el ejercicio de la función pública, prevalente, en todo caso, sobre las opiniones de otros peritajes que pudieran ser aportados por las partes. Por otro lado, la no práctica de prueba requerida por la entidad denunciada no supone sumir a la hoy recurrente en estado de indefensión, pues es evidente que la propuesta del particular no vincula a la Administración, especialmente si se refiere a hechos que constan ya acreditados por otros medios probatorios.
V. Por último señalar que la entidad recurrente no niega la autoría de los hechos denunciados, solicitando incluso en el mismo escrito de recurso la legalización de las obras.
En su consecuencia,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso de alzada formulado por la entidad Servicios y Obras Canarios, S.A. (Syocsa) contra la Resolución de la Dirección General de Aguas, de 8 de abril de 1991.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, previa la comunicación a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Al no haber podido esta Dirección General de Aguas notificar la mencionada Orden de 8 de septiembre de 1994 a una de las partes personadas en las actuaciones, concretamente la empresa Asomada de los Ceres, S.A. (CERESA), por desconocerse su actual paradero, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y a su exposición en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 1995.- El Director General de Aguas, Juan Carlos Ibrahim Perera.
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