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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Turismo, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 99/94, incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas a D. Fernando M. Rivero Castellano, titular de la empresa operadora nº 78, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya sido recibida por el interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Examinado el expediente nº 99/94, tramitado por la Instrucción de expedientes sancionadores de esta Viceconsejería para las Administraciones Públicas, incoado a D. Fernando M. Rivero Castellano, titular de la empresa operadora nº 78, por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que en el Acta de Infracción levantada por funcionarios de la Inspección del Juego de fecha 18 de julio de 1994, en el establecimiento Bar Gonzalo, sito en El Pris, Tacoronte, se denuncia que se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa TF-B-9.855, careciendo de Boletín de Instalación. Asimismo, el establecimiento carece de la Tasa Fiscal de Juego, correspondiente al segundo trimestre de 1994.
2º) Que mediante Providencia dictada por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 21 de julio de 1994, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa vigente sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el correspondiente Pliego de Cargos al interesado.
3º) Que dentro del plazo concedido al efecto, el inculpado no formuló los correspondientes descargos, pese a serle notificado el Pliego de Cargos mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 134, de 2 de noviembre de 1994, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4º) Que por el Instructor del expediente se procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por el Consejero de Presidencia y Turismo, se sancione a D. Fernando M. Rivero Castellano, titular de la empresa operadora nº 78, con multa de un millón cien mil pesetas, por la comisión de los hechos descritos constitutivos de infracción a lo dispuesto en los artículos 12, 30.1.d) y 31.1.b) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88).
5º) Que dentro del plazo concedido al efecto, el interesado no ha formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, pese a serle notificada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 160, de 30 de diciembre de 1994, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).
Segunda.- Que de conformidad con lo previsto en el artº. 8.5.b) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, el Consejero de Presidencia y Turismo es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- Que el procedimiento seguido en la tramitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, no presentándose por el interesado los correspondientes descargos y alegaciones en tiempo y forma, y procediéndose a resolver el mismo de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Que habiendo quedado probado que en el citado establecimiento, en el momento de la inspección, se encontraba instalada y en funcionamiento la máquina recreativa TF-B-9.855, careciendo de Boletín de Instalación. Asimismo, el establecimiento carece de la Tasa Fiscal de Juego, correspondiente al segundo trimestre de 1994.
Quinta.- Que los hechos descritos suponen infracción a los artículos 12, 30.1.d) y 31.1.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; tipificándose como falta muy grave, la carencia de la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación, y como falta leve, la carencia del distintivo correspondiente de la Tasa Fiscal de Juego, a tenor de lo dispuesto en los artículos 39.6 y 41.3 del referido Decreto, y sancionándose con una multa de un millón cien mil pesetas conforme a los artículos 42 del mismo texto reglamentario, y 22 de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida, R E S U E L V O:
Sancionar a D. Fernando M. Rivero Castellano, como titular de la empresa operadora nº 78, con multa de un millón cien mil pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Bar Gonzalo, sito en el Pris, Tacoronte, se encontraba instalada y en funcionamiento la máquina recreativa TF-B-9.855, careciendo de Boletín de Instalación. Asimismo, el establecimiento carece de la Tasa Fiscal de Juego, correspondiente al segundo trimestre de 1994.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde la publicación, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 1995.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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