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BOC Nº 056. Viernes 5 de Mayo de 1995 - 1127

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

1127 - RESOLUCIÓN de 24 de enero de 1995, de la Dirección General de Comercio y Consumo, sobre notificación de Acuerdos de Iniciación de procedimiento sancionador a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles el Acuerdo de Iniciación recaído en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artº. 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, los Acuerdos de Iniciación dictados en los expedientes que les han sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, los correspondientes Acuerdos de Iniciación para su publicación en el tablón de edictos. 1) Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador en materia de consumo por el procedimiento simplificado.

Visto el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:

INCULPADO: D. Salvador Lorenzo Pérez. Nº EXPTE.: 38-471/94. En base a los siguientes HECHOS: el día 10 de junio de 1994, un Inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el Supermercado Los Olivos, propiedad de D. Salvador Lorenzo Pérez, situado en el Edificio Los Olivos, de Playa Fañabé, término municipal de Adeje, y mediante acta nº 35.203 instruida al efecto, comprobó, en el marco de la Campaña Nacional de Normalización de Frutas y Hortalizas, que tenía expuestos y dispuestos para su venta al público, fuera de sus envases originales, las frutas y hortalizas siguientes: manzanas, pomelos, plátanos, tomates, cebollas, limones, pimientos, entre otros. Sobre dicha mercancía, el detallista no había colocado un cartel, en caracteres bien visibles, con las indicaciones previstas por la Norma de Calidad y relativas a la variedad, al origen del producto y la categoría de calidad. Tampoco figuraban los precios de venta al público respectivos. Este hecho supone infracción a la normativa de consumo. Según el compareciente, D. Salvador Lorenzo Pérez, estos productos fueron adquiridos a D. José Manuel García García. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: es de aplicación lo dispuesto en los artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con el artículo 7º del Reglamento (CEE) 1035/72, de 18 de mayo (D.O.C.E. nº L 118), sobre Organización Común de mercados en el sector de frutas y hortalizas, y artículo 7º del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior, y en conexión con los artículos 2º, 4º y 8º del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: sanción de multa de hasta quinientas mil (500.000) pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artº. 35, apartado 1, de la Ley 26/1984; en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de treinta mil (30.000) pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Francisco Javier Ramos García y Secretaria a Dña. Aurora Marina Bolaños Martín, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.

2) Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador en materia de consumo por el procedimiento simplificado.

Visto el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:

INCULPADO: C.E.D.I., S.L. Nº EXPTE.: 38-445/94. En base a los siguientes HECHOS: el día 19 de mayo de 1994, un Inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento de venta al por menor, propiedad de la empresa de artículos informáticos C.E.D.I., S.L., situado en la calle Pérez de Brito, 65-L, término municipal de Santa Cruz de La Palma, y mediante acta nº 35.042, instruida al efecto, comprobó la reclamación presentada por D. José Adán Santana Negrín el día 6 de mayo de 1994, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Santa Cruz de La Palma. Dicha reclamación, a la que se ha asignado el nº de Registro de Inspección 545/94, viene motivada por la supuesta negativa de la empresa a reparar en garantía un ordenador personal adquirido en dicho establecimiento. Para diligenciar la reclamación de referencia, el Inspector actuante solicitó a la persona compareciente, D. Servando Chávez Gutiérrez, encargado, la presentación de la siguiente documentación: - Impuesto sobre Actividades Económicas y permiso municipal de apertura del S.A.T. - Resguardos de depósitos firmados por la persona reclamante, autorizando la reparación en todas las ocasiones que el aparato entró en el S.A.T. - Informe técnico que especifique qué tipo de avería sufrió el aparato. - Razones para no reparar en esos momentos el aparato en garantía, así como fotocopia de la garantía en la que aparezcan dichas razones como excluyentes. El hecho que se imputa es que la empresa inculpada no aportó la documentación que el funcionario actuante le solicitó, en el plazo de diez días concedido a tal fin, conducta que supone negativa a colaborar con el Servicio de Inspección y que la normativa vigente tipifica como infracción administrativa. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: es de aplicación lo dispuesto en los artículos 13 y 34, apartado 8, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: sanción de multa de hasta quinientas mil (500.000) pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artº. 35, apartado 1, de la Ley 26/1984; en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Francisco Javier Ramos García y Secretaria a Dña. Aurora Marina Bolaños Martín, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993.- Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.

3) Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador en materia de consumo por el procedimiento simplificado.

Visto el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a: INCULPADO: Ferca Supermercado, S.L. (Supermercado Carimar). Nº EXPTE.: 38-558/94. En base a los siguientes HECHOS: el día 6 de julio de 1994, un Inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el Supermercado Carimar, del que es titular la mercantil Ferca Supermercado, S.L., sito en el Centro Comercial Patricio, San Eugenio Alto, Playa de Las Américas, término municipal de Adeje, levantando el acta nº 35.278, instruida al efecto de comprobar la denuncia interpuesta por D. Baudilio Cruz Medina, con D.N.I. nº 78.401.827, provista en el registro interno de inspección con el nº 515/94, por presuntas irregularidades en la venta de pan. Que el Inspector comprueba que hay expuesto y dispuesto para su venta al público pan sin envasar, colocado en cestos de plástico y careciendo del preceptivo marcado de precios de venta al público. Dicho hecho supone la comisión de una infracción en materia de consumo. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con los artículos 2º, 4º y 8º del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: sanción de multa de hasta quinientas mil (500.000) pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artº. 35, apartado 1, de la Ley 26/1984; en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de cincuenta mil (50.000) pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Germán Grassa Vargas y Secretaria a Dña. Aurora Marina Bolaños Martín, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993.- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de enero de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de enero de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

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