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Providencia de 30 de marzo de 1995, del Instructor del expediente sancionador en materia de caza que se relaciona, sobre notificación de Decreto en materia de infracción administrativa de caza.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artº. 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre notificación a interesados intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Se notifica a D. Antonio Melián González, denunciado en el expediente nº 389d/93, que contra el recurso interpuesto ha recaído Decreto de fecha 7 de diciembre de 1994, del siguiente tenor literal:
Visto recurso ordinario interpuesto por D. Antonio Melián González, contra Resolución del Sr. Consejero Insular de Medio Ambiente y Urbanismo de este Cabildo Insular, de fecha 28 de abril de 1994, por la que se resolvía imponer al recurrente la sanción de multa de cinco mil (5.000) pesetas, en el expediente de denuncia nº 389d/93, y
Resultando que por el Sr. Melián González se interpuso recurso ordinario el día 4 de julio de 1994, siendo la fecha de notificación de la Resolución el día 25 de mayo de 1994.
Considerando que el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que el plazo para la interposición del recurso ordinario será de un mes, disponiendo el artº. 48 del mismo texto legal que se computará de fecha a fecha, comenzándose a contar desde el mismo día de la notificación, por lo que el plazo para la interposición del recurso finaliza el día 25 de junio, habiendo caducado, por tanto, el plazo, y siendo el recurso inadmisible.
Considerando que el artº. 113 del mismo texto legal señala que la resolución del recurso estimará en todo o en parte, o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo, o declarará su inadmisión.
Considerando que al presente procedimiento es aplicable la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al haber sido dictado con fecha de 4 de agosto de 1993 el Real Decreto 1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, cumpliéndose así lo dispuesto en el apartado 2º de la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley 30/1992.
Considerando que el artículo 22 del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, dispone que las Resoluciones de los Consejeros Insulares de Área, en el ejercicio de atribuciones desconcentradas en virtud de dicho Reglamento, serán recurribles en alzada, entendiéndose recurso ordinario, ante esta Presidencia, cuya resolución agotará la vía administrativa a efectos del recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y habiéndose asignado al Sr. Consejero que suscribe la Resolución recurrida, el Área de Medio Ambiente por Decreto de 30 de julio de 1991 (B.O.P. de 7 de agosto y B.O.C. de 9 de agosto), es competencia de esta Presidencia la resolución del recurso interpuesto. Por todo ello,
R E S U E L V O:
Primero: declarar la inadmisión, por caducidad, del recurso ordinario interpuesto por D. Antonio Melián González, contra Resolución del Sr. Consejero Insular de Medio Ambiente y Urbanismo de este Cabildo Insular, de fecha 28 de abril de 1994, por la que se resolvía el expediente de denuncia de caza nº 389d/93.
Segundo: confirmar la Resolución recurrida.
Tercero: contra el presente Decreto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, pudiendo interponerse, asimismo, cualquier otro recurso que se crea conveniente.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 1995.- El Instructor, Javier Carlos González Lorente.
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