Estás en:
Habiendo sido intentada la notificación de la Providencia de nombramiento de nueva Instructora y del Pliego de Cargos en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 60/94, incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas a D. Guillermo Marrero Santos, titular de la empresa operadora nº 472, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya sido recibida por el interesado, de conformidad con el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
PROVIDENCIA
Por ausencia de la Instructora del expediente administrativo sancionador nº 60/94, Dña. Zoraida Castilla Díaz, se procede con esta fecha al nombramiento de nueva Instructora, recayendo éste en Dña. Aurora La Serna Ramos, funcionaria de esta Viceconsejería para las Administraciones Públicas, debiendo notificarse al interesado a los efectos de recusación previstos en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
PLIEGO DE CARGOS
Haberse comprobado que en el establecimiento Bar Hespérides, sito en La Laguna, Avenida de la Trinidad, 2, se encuentran instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas tipo B, TF-B-11.314 y TF-B-12.708, que, al momento de la inspección, carecían de la pegatina justificativa de pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego, correspondiente al primer trimestre de 1994.
Todo lo cual supone infracción a los artículos 30.1.d) y 41.3 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo; sancionándose como disponen los artículos 42 y siguientes del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
De acuerdo con lo establecido en el artº. 42.1.2.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, para que presente en su descargo las alegaciones que tuviera por conveniente a la defensa de su derecho.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de marzo de 1995.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
© Gobierno de Canarias