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Habiendo sido intentada la notificación de la Providencia de nombramiento de nueva Instructora y de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 36/94, incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas a Oper Tenerife, S.A., titular de la empresa operadora nº 518, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya sido recibida por el interesado, de conformidad con el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
PROVIDENCIA
Por ausencia de la Instructora del expediente administrativo sancionador nº 36/94, Dña. Zoraida Castilla Díaz, se procede con esta fecha al nombramiento de nueva Instructora, recayendo éste en Dña. Aurora La Serna Ramos, funcionaria de esta Viceconsejería para las Administraciones Públicas, debiendo notificarse al interesado a los efectos de recusación previstos en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 3 de enero de 1994, tuvo lugar acta de entrega por el Notario D. Clemente Esteban Beltrán, a instancias de D. Jesús González Domínguez, de la comunicación a la empresa operadora Oper Tenerife, S.A., de no prorrogar el plazo de permanencia de la máquina recreativa TF-B-11.768, con Boletín de Instalación sellado el 12 de febrero de 1993, instalada en el Bar Bodegón Chucho, sito en calle La Candela, 1, Cruz del Teide, La Orotava.
2º) Con fecha 22 de febrero de 1994, tuvo entrada escrito presentado por D. Jesús González Domínguez, en el que manifiesta la decisión de no prorrogar el plazo de permanencia de la máquina instalada en su local, solicitando al mismo tiempo la retirada de su establecimiento de la referida máquina.
3º) Con fecha 1 de marzo de 1994, se gira visita de inspección levantando acta de constatación de hechos, en la que se recoge que la máquina TF-B-11.768 permanece en el local instalada y en funcionamiento, no habiéndose retirado por la empresa operadora Oper Tenerife, S.A., aunque se le ha comunicado en tiempo y forma.
4º) A la vista de los hechos, mediante Providencia de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 14 de abril de 1994, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la vigente normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el correspondiente Pliego de Cargos al interesado.
5º) Notificado el anterior, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 73, de 15 de junio de 1994, por el inculpado y en el plazo concedido al efecto, no se presentaron alegaciones.
6º) Con fecha 28 de julio de 1994, tuvo entrada escrito de D. Jesús González Domínguez, reiterándose en lo manifestado en el escrito de fecha 22 de febrero de 1994, habiendo transcurrido un amplio periodo de tiempo, en el cual no ha obtenido respuesta por parte de la empresa operadora.
7º) Con fecha 31 de agosto de 1994, se ordena por la Instructora del expediente, a tenor de lo dispuesto en el artº. 46.2.d) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, el precinto cautelar de la máquina descrita, al no haber sido retirada por la empresa operadora, medida que es ratificada mediante Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de 4 de octubre de 1994. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y las Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.
Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 8.5.b) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, el Consejero de Presidencia y Turismo es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Cuarta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artº. 22.1, último párrafo, del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en su redacción dada por el Decreto 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90), por el que el deber de permanencia de las máquinas de juego en los locales donde estuviera autorizada su instalación, se prorrogará automáticamente por plazos sucesivos de doce meses, si con anterioridad al último mes de vigencia del plazo corriente, no se hace por alguna de las partes manifestación expresa en contrario, notificada a la otra parte por medio fehaciente.
Quinta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 39.23 del citado Reglamento, introducido por el Decreto 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), la infracción debe calificarse de muy grave, por no respetar el plazo mínimo de permanencia que para las máquinas de juego se determina en el artº. 22 del Reglamento, procediendo sancionar con multa de un millón de pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario, en relación con el artº. 22 de la referida Ley.
En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 1995.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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