BOC - 1995/041. Martes 4 de Abril de 1995 - 802

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802 - RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 1995, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, que resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Domingo Mesa Pérez, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 9 de noviembre de 1992.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Domingo Mesa Pérez la Orden de 9 de diciembre de 1993 (libro 01, folio 1.074), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 38/216/91.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Úrsula la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de marzo de 1995.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. Domingo Mesa Pérez, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 9 de noviembre de 1992, recaída en el expediente nº 38/216/91, y que determinó la imposición de una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 3 de abril de 1990, en el establecimiento de venta al por mayor de alimentación y conservas, situado en la calle España, 94, planta baja (término municipal de Santa Úrsula), y mediante acta nº 18.764 instruida al efecto, se pudo comprobar que no poseía el certificado de obtener el número de Registro Sanitario de Alimentos polivalente.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 706/1986, de 7 de marzo (B.O.E. nº 90), que establece la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre “Condiciones generales de almacenamiento no frigorífico de alimentos y productos alimentarios”, en concordancia con el artículo 3.3.3 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 17 de noviembre de 1992, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

1. Que como se expuso en su anterior escrito a esta Dirección Territorial del día 8 de julio de 1991, se aportó la documentación pertinente, en posterior escrito del día 20 de enero de 1992, todos los productos que comercializa estaban en posesión de su correspondiente registro sanitario en vigor, y no sufren transformación, alteración, envasado, ni etiquetado en la distribución que de ellos efectúa.

2. Que con fecha 6 de agosto de 1992, le fue concedido por la Dirección General de Salud Pública, a través de la Subdirección General de Higiene de los Alimentos, el registro sanitario nº 40-08249-TF, como almacenista y distribuidor privalente e importador polivalente de la que nos adjunta fotocopia.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio. Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 706/1986, de 7 de marzo (B.O.E. nº 90), que establece la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre “Condiciones generales de almacenamiento no frigorífico de alimentos y productos alimentarios”, en concordancia con el artículo 3.3.3 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del extinto Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprobó el entonces vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora, por cuanto: el artº. 9 del Real Decreto 706/1986, de 7 de marzo (B.O.E. nº 90), que establece la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre “Condiciones generales de almacenamiento no frigorífico de alimentos y productos alimentarios” establece textualmente: “Los almacenes dedicados a las actividades reguladas por esta Reglamentación Técnico-Sanitaria deberán inscribirse en el Registro General Sanitario de Alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2.825/1981, de 27 de noviembre, sin perjuicio de los demás registros exigidos por la legislación vigente”.

Por lo tanto dicha norma que establece la obligación de inscripción en el Registro General Sanitario, ha sido incumplida puesto que la obtención de la misma se efectuó el 6 de agosto de 1992, por lo tanto en el momento de la inspección, el 3 de abril de 1991, carecía de dicha inscripción; no puede por otro lado el recurrente ser eximido, alegando desconocimiento de la normativa, puesto que “La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento” (artículo 6 del Código Civil) principio de general aplicación en Derecho.

Tampoco puede el recurrente alegar como causa de exención el poseer el Registro Sanitario de los productos que comercializa puesto que la normativa es clara al respecto: se exige la inscripción en el Registro General Sanitario, sin perjuicio de otros registros exigidos por legislación, entre los que se encuentran los de los productos.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. Domingo Mesa Pérez, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 9 de noviembre de 1992, recaída en el expediente nº 38/216/91, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.



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