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BOC Nº 040. Lunes 3 de Abril de 1995 - 795

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Pesca y Transportes

795 - RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 1995, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de la Consejería de Pesca y Transportes, resolutoria del recurso ordinario interpuesto por Dña. Carmen María Castilla Cabrera.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Carmen María Castilla Cabrera, la Orden de 15 de diciembre de 1994 (libro nº 2, folio 70, nº 1.127), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 480/94 (expediente número TF-2888-O-93), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres, de fecha 18 de mayo de 1994.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de marzo de 1995.- El Secretario General Técnico, Antonio Betancort González.

A N E X O

Orden por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por Dña. Carmen María Castilla Cabrera.

Visto el recurso ordinario formulado por Dña. Carmen María Castilla Cabrera, contra la Resolución de la Dirección General de Transportes Terestres de fecha 18 de mayo de 1994, recaída en el expediente sancionador nº TF-2888-O-93, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula TF-7050-C, un transporte escolar incumpliendo las condiciones esenciales de la autorización al no tener vigente la I.T.V., dando lugar a la sanción de doscientas treinta mil (230.000) pesetas.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que no efectuaba un transporte escolar, sino de menores lo que se desprende del propio boletín de denuncia; que el vehículo con el que se efectuaba el transporte, matrícula TF-7050-C, sí tenía vigente la I.T.V., lo que acredita mediante copia compulsada de la ficha técnica, de la que se desprende que la inspección fue efectuada el mismo día de la denuncia y si se hizo constar por parte del denunciante que carecía de dicha inspección fue debido a que aún no se había incorporado a la ficha técnica el resultado favorable de la misma, lo que requiere un trámite administrativo de varios días a cargo de la Dirección General de Industria, sección de automóviles, solicitando la revocación de la resolución impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Consejero de Pesca y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, en relación con el artículo 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Tercero.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artº. 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su verdadero carácter” y dado el propio carácter del recurso promovido por Dña. Carmen María Castilla Cabrera y su interposición dentro del plazo de un mes previsto en el artº. 114.2 de la citada Ley procede su calificación como recurso ordinario.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la recurrente modifican parcialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres de fecha 18 de mayo de 1994, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 141.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres que considera infracción de carácter grave el incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión o autorización administrativa, entendiéndose por tales condiciones aquellos aspectos que configuren la naturaleza del servicio o actividad de que se trate y delimiten su ámbito, así como el mantenimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento y realización, ello en relación con lo dispuesto en el artº. 198.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley que se remite expresamente al artº. 200 del citado Reglamento, que en su punto 3.9 recoge como condición esencial de las autorizaciones de servicios de transporte la prestación del servicio con el vehículo al que esté referida la autorización y el cumplimiento por éste de las condiciones técnicas y de seguridad exigibles.

Teniendo en cuenta que de las alegaciones de la recurrente y de la propia descripción de los hechos denunciados que consta en el boletín de denuncia nº 06488, formulado por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se desprende que el transporte realizado por el vehículo TF-7050-C en la fecha de la denuncia, era ocasional de menores y no de escolares a la vista de datos tales como la hora y destino del transporte y constando como cargador, y no como origen o destino, un centro de enseñanza de conformidad con lo preceptuado en el artº. 1.b) del Real Decreto 2.296/1983, de 25 de agosto, del transporte escolar y de menores y así mismo resulta probado que si bien el vehículo tenía la I.T.V. vencida desde el día 19 de mayo de 1993, no pasando la misma dentro del plazo establecido en el artº. 6.2 del Real Decreto 2.344/1985, de 20 de noviembre, regulador de la inspección técnica de vehículos, sin embargo se efectuó dicha inspección con resultado favorable el mismo día de la denuncia, 11 de octubre de 1993, según se acredita con la fotocopia de la Ficha Técnica correspondiente al vehículo aportada al presente expediente sancionador, por lo que atendiendo a los criterios de graduación de la cuantía de las sanciones previstos en el artº. 201.1 del referido Real Decreto 1.211/1990, procede modificar la resolución sancionadora impugnada en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción impuesta a cuarenta y siete mil (47.000) pesetas.

Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Estimar en parte el recurso ordinario promovido por Dña. Carmen María Castilla Cabrera y modificar la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres de fecha 18 de mayo de 1994, recaída en el expediente sancionador nº TF-2888-O-93, en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción impuesta a cuarenta y siete mil (47.000) pesetas.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Pesca y Transportes, Felipe Perdomo Torres.

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