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BOC Nº 038. Miércoles 29 de Marzo de 1995 - 503

III. OTRAS RESOLUCIONES - C.Política Territorial

503 - RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1995, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, de 24 de enero de 1995, de Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto de trazado “Nueva Carretera Santa María de Guía-Agaete”, promovido por la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, en los términos municipales de Santa María de Guía, Gáldar y Agaete (Gran Canaria).

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En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, de 24 de enero de 1995, de Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto de trazado “Nueva Carretera Santa María de Guía-Agaete”, promovido por la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, en los términos municipales de Santa María de Guía, Gáldar y Agaete, cuyo texto se adjunta como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de febrero de 1995.- El Director General de Urbanismo, Faustino García Márquez.

A N E X O

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 24 de enero de 1995, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto de trazado “Nueva Carretera Santa María de Guía-Agaete”, promovido por la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, en los términos municipales de Santa María de Guía, Gáldar y Agaete.

PROCEDIMIENTO

La Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, y el Real Decreto-Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de formular Declaración de Impacto Ambiental con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, y 13 del Reglamento ya mencionado, el Servicio de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, remitió, con fecha 19 de febrero de 1992, a la Viceconsejería de Medio Ambiente, la Memoria-Resumen del proyecto y la comunicación de su intención de realizarlo, al objeto de iniciar los trámites del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Recibida la referida Memoria-Resumen, la Viceconsejería de Medio Ambiente estableció a continuación un periodo de consultas a personas, Instituciones y Administraciones sobre el posible impacto ambiental que pudiera derivarse del citado Proyecto.

El Proyecto propuesto tiene por objeto la definición, a nivel de Proyecto de Trazado, de una nueva carretera desde Santa María de Guía a Agaete.

Las características principales del proyecto se recogen como anexo I obrante en el expediente administrativo. En virtud de lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 11/1990, y el artículo 14 del Reglamento, la Viceconsejería de Medio Ambiente dio traslado al promotor de las respuestas recibidas mediante escrito de fecha de 22 de abril de 1992.

La relación de consultados se recogen como anexo III obrante en el expediente administrativo.

Elaborado por la consultoría TAGSA, S.A., el Estudio de Impacto Ambiental fue sometido al trámite de información pública por la Dirección General de Obras Públicas, mediante anuncio que se insertó en el Boletín Oficial de Canarias nº 50, de 20 de abril de 1992, y edicto en el tablón de anuncios de las Entidades locales afectadas, en cumplimiento del artículo 28.2 de la Ley Territorial 11/1990 y del artº. 15 del Reglamento ya mencionado.

Los aspectos más destacados del referido Estudio, así como las consideraciones que sobre el mismo realizó la Viceconsejería de Medio Ambiente, se recogen como anexo II obrante en el expediente administrativo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 11/1990 y artículo 16 del Reglamento ya mencionado, la Dirección General de Obras Públicas remitió, con fecha 10 de junio de 1993 a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, el expediente completo, consistente en el Estudio de Impacto Ambiental, el Proyecto de Trazado de la “Nueva carretera Santa María de Guía-Agaete” y el resultado de la información pública.

Un resumen del resultado del trámite de información pública del Estudio figura como anexo IV en el expediente administrativo.

En consecuencia, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 20.3.a) de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, así como los artículos 4, 16.1 y 18 de las Disposiciones Generales del Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto-Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, formula a los solos efectos ambientales la siguiente Declaración de Impacto, sobre el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Trazado “Nueva carretera Santa María de Guía-Agaete”, promovido por el Servicio de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, en los términos municipales de Santa María de Guía, Gáldar y Agaete. CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

En aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico y, de forma supletoria, lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto-Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, se emite la siguiente Declaración de Impacto:

A) El título del Proyecto: “Nueva Carretera Santa María de Guía-Agaete”.

B) El ámbito territorial de actuación: el trazado se inicia en la C-810 y, separándose en dirección N-O de dicha carretera, se aproxima a La Atalaya, dejando al sur el casco de Santa María de Guía (discurre por el margen derecho del Barranco de Las Garzas e izquierda del Barranco de Gáldar). A partir del enlace de Sardina, bordea el Barrio de San Isidro y, hasta el cruce con la carretera de Hoya de Pineda, discurre paralela al sur de la actual C-810. La carretera bordea por el norte del Barranco del Juncal, para llegar a Agaete por los Llanos de las Moriscas y del Tumas. La carretera circunvala el núcleo de Agaete por el norte y penetra entre el Cementerio y el pueblo; girando nuevamente hacia el sur, cruza el Barranco de Agaete, y conecta definitivamente con la C-810 (a Mogán por La Aldea).

C) El Proyecto está promovido por: el Servicio de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

D) El autor del proyecto es: D. Alfonso Muñoz Galindo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

E) Los autores del Estudio de Impacto Ambiental: Consultora Estudios Técnicos Geológicos, S.A.

F) Al documento presentado se le ha aplicado la categoría de Evaluación de Impacto Ambiental.

G) La evaluación conjunta del impacto previsible tomada del respectivo Estudio de Impacto Ambiental presentado, resulta ser poco significativa.

H) La Resolución de este órgano ambiental actuante sobre la Declaración de Impacto solicitada, resulta ser condicionada (Condiciones ambientales relacionadas en Apéndice).

I) La presente Declaración de Impacto, en aplicación del artículo 18.3 de la Ley Territorial 11/1990, tiene carácter vinculante. J) Los órganos ambientales oídos, según la definición expresa del artículo 19 de la Ley Territorial 11/1990, son:

1. Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. 2. Dirección General de Urbanismo. 3. Ayuntamiento de Santa María de Guía. 4. Ayuntamiento de Agaete. 5. Ayuntamiento de Gáldar. 6. Cabildo Insular de Gran Canaria. 7. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas. 8. Secretaría de Estado para la Política del Agua y Medio Ambiente. 9. Viceconsejería de Cultura y Deportes. 10. Dirección Territorial de Industria y Comercio.

K) El órgano ambiental actuante es la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (C.U.M.A.C.).

APÉNDICE DE CONDICIONANTES

Examinada la documentación presentada se establecen, por la presente Declaración de Impacto, los siguientes condicionantes de manera que se asegure la minimización de los posibles efectos ambientales negativos, a fin de que la realización de la actuación propuesta pueda considerarse ambientalmente viable:

1. Ante la posibilidad de hallar yacimientos arqueológicos, se adoptarán las siguientes precauciones:

- En las zonas cercanas a los yacimientos arqueológicos descritos en el Es.I.A. y documentación anexa, se recomienda la redacción, antes de la aprobación definitiva del Proyecto de Construcción, de una prospección arqueológica, somera pero suficiente, para detectar nuevas áreas de yacimientos o extensiones de las ya descritas.

- Una vez aprobado el Proyecto de Construcción, y antes del comienzo de las obras, deberá realizarse una prospección arqueológica, con las catas precisas y necesarias para caracterizar y verificar posibles yacimientos, de los que se tuviera algún indicio sobre su existencia.

- En cualquier caso, e independientemente de lo anterior, se deberá proceder a la paralización inmediata de las obras que impliquen movimientos de tierras o tránsito de vehículos y maquinaria, cuando los primeros dejen a la vista indicios que señalen la posible existencia de restos arqueológicos, señalizándose inmediatamente el lugar y comunicándose su hallazgo al Cabildo Insular de Gran Canaria y a la Viceconsejería de Medio Ambiente. - Las determinaciones señaladas en los párrafos anteriores quedan incorporadas en el Programa de Vigilancia Ambiental.

2. Las pantallas anti-ruido se definirán durante el Programa de Vigilancia Ambiental, debiendo estar dotadas de la flexibilidad suficiente como para que su ubicación pueda ser determinada, y aún corregida, en función de las determinaciones de dicho Programa de Vigilancia Ambiental. Deberán estudiarse tipos de pantallas que permitan su movilidad y que garanticen la consecución de su objetivo específico a un coste razonable. Se aconsejan incluir dentro de esta tipología, además de las que considere el promotor, los sistemas de apantallamiento con neumáticos reciclados y las pantallas tipo “sandwich” de aluminio oxilacado con relleno para insonorización. La ejecución de las pantallas sónicas a instalar, determinadas por el Programa de Vigilancia Ambiental, deberán haberse concluido, y hallarse en óptimo estado de uso, antes de finalizar los doce meses posteriores a la recepción definitiva de la obra.

3. Las Plantas de Aglomerado Asfáltico y de Clasificación y Trituración de Áridos, así como los puntos de acopio de materiales, y las zonas de extracción de áridos con destino a la obra, sean propiedad o no del contratista licitante, deberán obtener la preceptiva Declaración de Impacto antes de la ejecución del Proyecto de Construcción.

4. En el caso de que en el Proyecto de Construcción se estimasen excedentes de materiales, deberá efectuarse una pormenorizada descripción, literal y cartográfica, de los puntos seleccionados para efectuar los vertidos de dichos excedentes de materiales inertes, debiéndose elaborar, además, un Plan de Restauración de dichos vertederos. Estas previsiones deberán incorporarse al Programa de Vigilancia Ambiental.

5. Deberán señalarse cartográficamente los puntos destinados a parque de maquinaria, las zonas de maniobras, las instalaciones y las pistas auxiliares.

6. Será obligatorio realizar todas aquellas operaciones que puedan conllevar un vertido de sustancias tóxicas y/o peligrosas dentro del recinto de los parques de maquinaria que se definan.

Cuando se efectúen cambios de aceite de la maquinaria, éste deberá recogerse en bidones destinados al efecto, que deberán ponerse a disposición de un gestor de residuos tóxicos y/o peligrosos autorizado.

7. Queda explícitamente prohibido el vertido de cualquier sustancia fuera del ámbito de la traza, de manera general, y dentro del ámbito de la traza de manera específica, para los residuos tóxicos y/o peligrosos. Cualquier vertido accidental de sustancias, del tipo que sea, deberá ser recogido inmediatamente y darle el tratamiento que su clasificación establezca. 8. El diseño y la ejecución de muros y cuantas estructuras se prevean en el Proyecto de Trazado, deberán realizarse con el objetivo de lograr la máxima adaptación al entorno, utilizando aquellos materiales que resulten más apropiados para tal fin. Estas previsiones deberán contenerse en el Proyecto de Construcción y se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente la justificación de la solución adoptada.

De modo más preciso, para el viaducto sobre el Barranco El Juncal, teniendo en cuenta que dicho barranco es un pasillo de tránsito de aves, deberá diseñarse en el Proyecto de Construcción la estructura de dicho viaducto, no sólo con el objetivo de su mayor integración en el entorno, sino además teniendo en cuenta el máximo de luz posible que evite la interposición de obstáculos innecesarios a dicho tránsito. Igualmente, las luminarias que se establezcan en dicho viaducto deberán proyectar luz difuminada y a baja altura.

9. La solución propuesta en el Proyecto de Trazado de la vía, en su tránsito por el borde de la Montaña de Amagro, consiste en la ejecución de desmontes y terraplenes de grandes dimensiones, actuaciones que producirían impactos críticos sobre los cauces y sobre el paisaje. En consecuencia, el cruce de barrancos deberá efectuarse mediante pequeños viaductos, diseñados de manera tal que se integren lo máximo posible en el entorno, buscando, asimismo, una solución viable para disminuir las dimensiones de los terraplenes, en función de su máxima integración en el entorno. Se deberá remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente un estudio paisajístico en el que se simule el resultado visual de las distintas alternativas barajadas en el Proyecto de Construcción.

10. El Proyecto de Construcción deberá prever y resolver su conexión con el futuro acceso “Agaete-Puerto de Las Nieves”.

11. El Proyecto de Construcción deberá tratar adecuadamente las posibles intersecciones que se produjeran con la red de senderos y caminos reales existentes o futuros, debiéndose garantizar su continuidad.

12. Además de lo establecido en el Es.I.A. en lo referente a la posible reutilización de la tierra vegetal, agrológicamente productiva, se deberá redactar un documento adicional donde se establezcan los siguientes extremos:

- Lugar de acopio de la misma antes de ser redistribuida.

- Determinación de la textura, estructura y demás características edafológicas que permitan establecer las dimensiones máximas de las tongadas en las que se apilen éstas.

- Establecimiento de un sistema de vigilancia de la calidad edafológica y agrológica de la misma con, en caso de ser necesario, la determinación de las especies de gramíneas que se plantarán sobre las tongadas, que permitan el mantenimiento de las citadas características cuando los apilamientos duren más de tres meses.

- Establecimiento del sistema de riego y desecación en función de las condiciones climáticas para evitar que la exposición de las tongadas a las condiciones meteorológicas determinen la pérdida de sus características edáficas y agrológicas.

13. El Proyecto de Construcción deberá precisar de forma clara y concreta la cantidad de tierra vegetal que utilizará para el recubrimiento de terraplenes y demás áreas ajardinadas que se prevean en el mismo, no pudiéndose utilizar, en ningún caso, tierras con alto valor agrológico.

La profundidad de tierra vegetal en los taludes y terraplenes no podrá superar los 30 cm.

14. Se deberá corregir y actualizar la valoración económica de las medidas correctoras, e incorporar las mismas como unidades de obra, dotadas económicamente, al Proyecto de Construcción.

15. Se deberá completar el Programa de Vigilancia Ambiental de tal forma que abarque las fases de instalación, construcción y operativa, garantizando, al menos, los siguientes extremos:

- La ejecución correcta de las medidas correctoras establecidas en esta Declaración de Impacto, las derivadas de los estudios y determinaciones adicionales solicitadas en el presente condicionado y todas aquellas establecidas en el Es.I.A. que no contravengan la presente Declaración de Impacto Ambiental.

- La comprobación efectiva y periódica de que dichas medidas correctoras funcionan adecuadamente en función del objetivo fijado para cada una de ellas.

- Definición, caracterización y distribución de indicadores de impacto (físicos-químicos, biológicos y tecnológicos), con el establecimiento de la forma, la periodicidad de la recogida de las muestras, metodología de análisis, valores guía, valores límite y plazos para la entrega de informes periódicos sobre la situación ambiental de la obra.

- Definición del sistema de alerta y corrección de la aparición de impactos no previstos.

16. Deberá realizarse y remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente un informe donde se especifiquen la ubicación de las comunidades vegetales en las que esté representada la especie endémica Limonium Sventenium, su distribución y grado de abundancia alfa-gamma, para que dicho órgano ambiental establezca directrices acerca de las medidas correctoras a adoptar y el tratamiento de dichas zonas en cuanto a la traza de la vía y sus medios de ejecución.

17. El Proyecto de Construcción deberá diseñarse teniendo en cuenta las condiciones específicas incluidas en la presente Declaración de Impacto Ambiental, el resultado de los estudios y determinaciones que se fijan en este condicionado y todas las especificaciones realizadas en el Es.I.A. que no vayan en contra de la presente Declaración.

18. Antes del inicio de los trámites necesarios para convocar el concurso de redacción del Proyecto de Construcción, deberán remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente los informes y determinaciones exigidos en el presente condicionado, de forma tal que el resultado de las mismas se incorpore al Pliego de Cláusulas Particulares.

19. Igualmente antes de la redacción del Proyecto de Construcción deberá estudiarse la viabilidad genérica del trazado alternativo del tramo Hoya de Pineda-Agaete atravesando los llanos ubicados al sur del actual trazado, remitiendo dicho análisis a esta Comisión.

Aquellas determinaciones y documentos adicionales que, por su condición, estén obligados a no definirse hasta la redacción definitiva del Proyecto de Construcción, se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente después de la redacción del mismo y antes de su aprobación. Para el caso concreto de la ubicación y características de las pantallas anti-ruido, la remisión anteriormente citada se efectuará dentro de los cuatro meses siguientes a la recepción definitiva de la obra.

Del examen de la información adicional solicitada y de los informes periódicos del Plan de Vigilancia Ambiental, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias podrá establecer nuevos condicionantes y/o modificaciones de los previstos, en función de una mejor consecución de los objetivos ambientales de la presente Declaración de Impacto.

Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación al artº. 8 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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