No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de la persona jurídica que se relaciona, y siendo preciso notificarle el oportuno Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a la persona jurídica que se cita, los cargos que se especifican en el procedimiento que le ha sido incoado en esta Dirección General, por infracción a la legislación en materia de consumo.
2.- Remitir al Ayuntamiento de la población que se cita, el Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador para su publicación en el tablón de edictos.
1) Acuerdo de iniciación de expediente sancionador en materia de consumo por el procedimiento simplificado.
Visto el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:
INCULPADO: Morro Mar Vacation Club Marketing, LTD. Nº EXPTE.: 35/0020/95. D.N.I. o N.I.F.: En base a los siguientes HECHOS: el día 22 de agosto de 1994, Inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en las dependencias propiedad de Morromar Vacation Club, LTD., sitas en la Urbanización Matagorda, 7, término municipal de Tías; y mediante acta levantada al efecto nº 38545, procedieron a cumplimentar la reclamación nº 119 de fecha 9 de agosto de 1994, presentada contra la interesada por los señores Gisborme, relativa a la solicitud de cancelación del contrato de multipropiedad suscrito por los reclamantes con fecha 9.7.94 y nº 51 E4240907927. Solicitados un informe sobre el tema que recoja la posibilidad o no de cancelar el contrato y la forma de devolución del dinero, en su caso, y una copia del contrato en español con indicación de la existencia o no de la cláusula y el plazo de reflexión, no fueron presentados en el plazo otorgado a tal efecto. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 34.8 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción será sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artº. 35, apartado 1, de la Ley 26/1984; en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida será sancionada con una multa pecuniaria de 60.000 pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructora a Dña. Marta Anitua Roldán y Secretaria a Dña. Esther de la Coba Gamón, quienes podrán ser recusadas por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de iniciación a la Sra. Instructora del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993.- Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de febrero de 1995, el Director General de Comercio y Consumo.
2) Al objeto de mejor proveer en el expediente que se le sigue en esta Dirección General, bajo el nº 35/0020/95, por presunta infracción en materia de defensa al consumidor, por la presente se le requiere para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar del siguiente al que reciba la presente notificación, presente en estas Oficinas, personalmente o por carta, una fotocopia del Número de Identificación Fiscal.
Debo significarle que la obligación de cumplimentar el presente requerimiento, y hacerlo dentro del plazo establecido, viene determinado por los artículos 39.1, 48 y 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y la no cumplimentación de este requerimiento, hacerlo fuera del plazo señalado, o remitir o presentar documentos que contengan datos inexactos o incompletos, podrá sancionarse de conformidad con lo previsto en los artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 junio (B.O.E. nº 168).- Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de febrero de 1995, el Director General de Comercio y Consumo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febrero de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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