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BOC Nº 037. Lunes 27 de Marzo de 1995 - 707

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

707 - RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1995, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería que resuelve el recurso ordinario interpuesto por Canarias de Comercio, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de 4 de mayo de 1994, recaída en el expediente nº 35/368/93.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:

1.- Notificar a Canarias de Comercio la Orden de 27 de enero de 1995 (libro 01, folio 05/69), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 35/368/93.

2.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de febrero de 1995.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por Canarias de Comercio, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de 4 de mayo de 1994, recaída en el expediente nº 35/368/93, y que determinó la imposición de una sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 16 de noviembre de 1993, en el Supermercado Cemetro San Agustín, propiedad de Cemetro, S.L., sito en Los Jazmines, s/n, término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 37.921 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público varias latas de cocido de carne de ternera con tallarines de concha y verduras frescas. Artº. NR. 158 en cuyo etiquetado expresado en castellano podía leerse: “Ingredientes: caldo (agua, sal, condimento, sazonador, almidón, especias y sustancias aromáticas naturales), carne de ternera, tallarines (pesados antes de su cocimiento), zanahorias, guisantes, puerro y hortalizas. Origen: Rep. Fed. de Alemania. Consumir preferentemente antes de fin de (tachado en negro 1992 y seguido 1994). Peso de la carne de ternera (ya cocida) 56 g pérdida de peso por cocimiento. Peso neto 800 g lata 850 ml. Importado por CCSL RGS 40.1709 G.C. A troquel en las latas: 14. L2 158 160891”. Dicho producto fue suministrado por la interesada según factura nº 995, de fecha 22.1.93.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló acuerdo de iniciación en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 34, apartados 4º y 6º, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artº. 3, apartados 3.1.3 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 10 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 3 de junio de 1994, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

1. De la simple observación del etiquetado de los productos suministrados por la empresa, que dieron origen a la incoación de estos expedientes, se comprueba que no hay un solo dato en la misma que pueda vulnerar de alguna manera ese artículo 13 de la Ley. Hablan de una etiqueta en la que la fecha de envasado corresponde por completo con la fecha de caducidad, también impresa en el envase y completamente visible para cualquier consumidor. El hecho de aprovechar la empresa fabricante, no su empresa, etiquetas antiguas con el fin de economizar gastos, de ningún modo puede ser considerado como falta, sin bien con imprenta se procedió a tachar el único dato de la etiqueta antigua que no correspondía, esto es la fecha de caducidad, ello no inducía a error alguno dado que la fecha de envasado de las latas estaba completamente ajustada a las nuevas fechas de caducidad.

2. Por último, alegan una infracción del principio constitucional “non bis in ídem” por cuanto, por estos mismos hechos han sido sancionados en varios expedientes, todos ellos incoados por la Dirección General de Comercio y Consumo, el nº 671/91, cuya resolución ha supuesto la imposición de una sanción en cuantía de 490.000 pesetas, el nº 35/0091/93, imponiéndose una sanción en cuantía de 400.000 pesetas, y ahora el que les ocupa, todos ellos instruidos por los mismos hechos, ante el mismo Organismo, la Dirección General de Comercio y Consumo, y contra el mismo sujeto. Por tanto, entienden que la Administración no puede seguir sancionando de esta forma a su empresa, sin que ello comporte una clara alteración del principio constitucional que se alega.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 34, apartados 4º y 6º, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artº. 3, apartados 3.1.3 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 10 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1º, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora, por cuanto:

1. El artº. 27.1.a) de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al “origen, identidad e idoneidad de los mismos”, por tanto al haberse comercializado por parte del interesado productos incumpliendo lo dispuesto en el Considerando segundo, se comprueba pues la comisión de una infracción leve por parte del vendedor.

2. Sobre la explicación del principio “non bis in ídem”, señalar que el mismo no resulta vulnerado (una vez comprobado por este Departamento), por cuanto los productos infractores de los expedientes indicados por el interesado y la de este expediente no son los mismos, es más, responden a distintas partidas, por lo que no se produce la identidad de hechos precisa para conculcar el principio antes citado.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las Resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por Canarias de Comercio, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de 4 de mayo de 1994, recaída en el expediente nº 35/368/93, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110, apartado 3º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.

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