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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 1995, acordó adoptar el siguiente acuerdo: 36.- Expediente relativo a Plan Parcial del Subsector A, Jagua, a los efectos de aprobación definitiva.
Visto el expediente iniciado por D. José Juan Díaz Marco, en nombre y representación de Cardima, S.A., en solicitud de la aprobación del Plan Parcial del Subsector A, del Sector LA-4 (Jagua). Resultando que el mencionado Proyecto fue redactado por el Arquitecto D. Máximo Rodríguez y debidamente visado por el Colegio de Arquitectos de Canarias con el nº 28829 y de fecha 13 de julio de 1992, posteriormente presentado proyecto modificado, visado con el mismo número y de fecha 13 de enero de 1993, al que se adjuntaron planos rectificados visados los días 13 de abril y 6 de octubre de 1993, también con idéntico número. Resultando que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 22 de octubre de 1993, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Plan Parcial de Jagua, con sujeción a una serie de condiciones. Resultando que el citado acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias nº 153, del viernes 3 de diciembre de 1993, y en un periódico de gran difusión en la provincia, sin que se hubieren presentado reclamaciones al periodo de información pública. Resultando que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 21 de enero de 1994, acordó aprobar provisionalmente el mentado Proyecto, en los mismos términos y condiciones que en el acuerdo de aprobación inicial. Resultando que diligenciado el expediente a la Consejería de Política Territorial, a los efectos de dar cumplimiento al trámite prevenido en el artº. 116.c) del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, se exigió por esa Administración la tramitación del correspondiente Estudio Detallado de Impacto Ecológico, dado que éste era Plan de uso industrial y se encontraba unido en el apartado 22, del anexo I de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. Resultando que sometido el Estudio Detallado de Impacto Ecológico a información pública, por plazo de un mes, y siendo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias nº 80, del viernes 1 de julio de 1994, no se presentaron reclamaciones al respecto; aspectos todos ellos de los que se dio debidamente traslado a la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Resultando que la citada Viceconsejería emitió, con fecha de 21 de diciembre de 1994, la correspondiente Declaración de Impacto Ecológico, con un apéndice de condicionantes. Resultando que a la vista de la Declaración de Impacto, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 24 de enero de 1995, acordó informar el Proyecto con los siguientes reparos: 1. El Plan debe contemplar la rasante del sistema general viario que linda con la actuación, ya que ha de ser la referencia obligada que marque su ejecución. 2. El Ayuntamiento, antes de su aprobación definitiva deberá recabar informe de la Dirección General de Costas, conforme a lo prevenido en el artº. 117.2 de la Ley sectorial. 3. El Plan ha de contemplar un sistema separativo de recogida de aguas para evitar a toda costa el vertido directo de aguas residuales sin tratamiento al mar. 4. Debe garantizarse la ejecución de los dos depósitos previstos fuera del ámbito del Plan, acreditando los promotores la propiedad de los terrenos sobre los que se pretende asentar. 5. El Plan de etapas de ocho años previsto contraviene las determinaciones del P.G.O.U. en cuanto a su ejecución en el primer cuatrienio. 6. La parcela situada en el extremo superior del Plan, junto al lindero norte, no puede destinarse a uso industrial, ya que resulta inedificable por su dimensión. 7. Los equipamientos social, comercial y deportivo previstos en el Plan, han de ser de cesión obligatoria y gratuita al municipio, conforme a lo dispuesto en el artº. 83.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. Considerando que en virtud de lo prevenido en el artº. 4.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, pertenecen al dominio público marítimo-terrestre estatal los acantilados sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar, por lo que a sensu contrario el ámbito del Plan Parcial de Jagua no entra dentro del dominio público marítimo-terrestre. Considerando que queda fuera del ámbito competencial de la Administración del Estado la delimitación del Plan Parcial de Jagua, dado que no es zona de protección marítimo-terrestre, y por consiguiente queda asimismo excluida la necesidad de recabar informe de la Administración del Estado, tal y como previene el citado artº. 112 de la Ley de Costas. Considerando que el artº. 116 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, dispone que una vez aprobado provisionalmente, si el Plan hubiera de aprobarse definitivamente por el Ayuntamiento, se someterá a informe no vinculante del órgano competente de la Comunidad Autónoma, que se entenderá favorable si no se emite en el plazo de un mes desde la recepción del expediente completo por el citado órgano. Considerando que los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación se publicarán en el Boletín Oficial correspondiente (artº. 124.1 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana), sin perjuicio de la citación personal que ha de hacerse a los propietarios de terrenos comprendidos en el Plan (artº. 139.4 del Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico). El Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo dictamen del Consejo de Dirección y de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, acordó: 1. Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación Subsector A de Jagua, con sujeción a los siguientes condicionantes: 1.1. El Plan deberá contemplar la rasante del sistema general viario que linda con la actuación, ya que ha de ser la referencia obligada que marque su ejecución. 1.2. El Plan ha de contemplar un sistema separativo de recogida de aguas para evitar a toda costa el vertido directo de aguas residuales sin tratamiento al mar. 1.3. Debe garantizarse la ejecución de los dos depósitos previstos fuera del ámbito del Plan, acreditando los promotores la propiedad de los terrenos sobre los que se pretende asentar. 1.4. El Plan de etapas será de cuatro años a computar a partir de la notificación del acuerdo de aprobación definitiva. 1.5. La parcela situada en el extremo superior del Plan, junto al lindero norte, no puede destinarse a uso industrial, ya que resulta inedificable por su dimensión. 1.6. Los equipamientos social, comercial y deportivo han de ser de cesión obligatoria y gratuita al municipio, conforme a lo dispuesto en el artº. 83.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 2. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de la citación personal que ha de hacerse a los propietarios de terrenos comprendidos en el Plan.
Lo que se hace público para general conocimiento significando que contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 1995.- El Secretario Delegado, Eduardo Silgo Villegas.
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