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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0215/94. INSTRUIDO A: Jardín de Yaiza Pakaraima, S.A. D.N.I. o N.I.F.: - - -.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 7 de abril de 1994, Inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Complejo de Multipropiedad Jardín de Yaiza, propiedad de Jardín de Yaiza Pakaraima, S.A., sito en la carretera Colegio Nacional de Yaiza, s/n, término municipal de Yaiza (Playa Blanca); y mediante acta levantada al efecto nº 39.211, procedieron a cumplimentar la denuncia nº 10 de fecha 28 de enero de 1994, presentada por el Sr. Harry Freeman, relativa al contrato suscrito con la interesada nº JY012 de fecha 14 de 1993. Una vez leída dicha denuncia a la compareciente, se le solicitó un informe sobre el tema y el Impuesto de Actividades Económicas, el permiso de apertura; copia del contrato de Multipropiedad expresado en español, plazo de reflexión, documento contrato JY012 con indicación del C.I.F. o N.I.F., derechos en Resert Condominiums International; escrituras de compra-venta y la posibilidad de devolución de lo entregado. Así mismo, se comprobó que en la recepción tenían para uso del público 2 teléfonos, modelo TRM, careciendo del preceptivo cartel informador del precio paso-contador y cobrando el paso contador a 15 pesetas. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.2.1 y 3.3.4, y artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 5º de la Orden Ministerial de 22 de junio de 1982 (B.O.E. nº 196), para prestación al público del servicio telefónico con recaudación directa por el titular, de acuerdo con la Orden de 27 de abril de 1993, por la que se autoriza la modificación de determinadas tarifas de Telefónica de España, Sociedad Anónima y con la Orden de 22 de junio de 1982, por la que se regula la prestación al público del servicio telefónico con recaudación directa por el titular. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, letra B, apartados k) y m), del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116), ACUERDO
Imponer a Jardín de Yaiza Pakaraima, S.A. la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0293/94. INSTRUIDO A: Dña. Rita Sosa Melián. D.N.I. o N.I.F.: 42659494Z.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de junio de 1994, Inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el taller de mecánica de automóviles, propiedad de Dña. Rita Sosa Melián, sito en la calle Roscervalle, s/n, Las Quintanas, término municipal de Gáldar; y mediante acta levantada al efecto nº 36.373, comprobaron que en el momento de la inspección carecía del preceptivo cartel indicativo de los precios aplicables por hora de trabajo y por servicios concretos, de la leyenda informativa de la garantía que asiste a las reparaciones, así como de las Hojas de Reclamaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 12º, 17º y 19º.g) y j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 7 de diciembre de 1994, presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente: Que el día de visita de los Inspectores, el empleado desconocía los documentos que debía tener a la vista del consumidor ya que el taller figuraba en la Consejería de Industria a nombre de Cristóbal Santana Molina, según consta en la solicitud de nueva industria de dicha Consejería, y por motivos de fallecimiento del titular figura a nombre de la esposa. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones de la interesada no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de Iniciación y en la Propuesta de Resolución por cuanto el desconocimiento de la obligatoriedad de exhibir los carteles indicados no exime de su cumplimiento. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, letra B, apartados k) y m), del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Dña. Rita Sosa Melián la sanción de multa de 30.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
3) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0298/94. INSTRUIDO A: Dña. María Dolores Acosta Hernández. D.N.I. o N.I.F.: 78433221R.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de junio de 1994, Inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el supermercado Udaco, propiedad de Dña. María Dolores Acosta Hernández, sito en la calle Los Caídos, 21, término municipal de Arucas; y mediante acta levantada al efecto nº 38.148, comprobaron que tenía expuestas para su venta al público, al precio de 780 ptas./unidad, 5 bolsas de aproximadamente 1 kg de peso cada una, conteniendo (según compareciente) Fosfato para matar el bicho de las papas que carecía de etiquetado. Solicitada la factura de adquisición del producto no fue presentada en el plazo otorgado a tal efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 6 y 8, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartado 3.3.4 y artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con lo dispuesto en el artº. 9 del Real Decreto 3.349/1983, de 30 de noviembre (B.O.E. números 19 y 20), por el que se aprueba la R.T.S. para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, modificada por el Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero (B.O.E. nº 40). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 30 de noviembre de 1994, presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente: el plaguicida encontrado en el establecimiento propiedad de la compareciente fue adquirido hace un tiempo a la entidad Hijos de Francisco Rosales Granado, con domicilio en la calle Heredad, 5, Arucas. Quizás por el tiempo transcurrido desde la venta, nos ha sido imposible encontrar la factura de compra, por lo que no hemos podido aportarla en el momento que fuimos requeridos para ello, sin que se deba interpretar por ello que nos negábamos a cumplir el requerimiento que nos efectúo en su día la Dirección General. Por otro lado, hemos de señalar que no es producto que se venda en nuestro establecimiento. La razón por la que se encontraba allí fue porque habíamos recibido un encargo de un labrador que atendimos, dejando ese señor las 5 bolsas encontradas y llevándose el resto. La compareciente desconoce por completo la obligación de que ese tipo de productos tenga que venderse etiquetado, dado que en la misma forma en que fue encontrado en el establecimiento por los Servicios de Inspección, así nos fue entregado en el establecimiento donde lo adquirimos, dedicado a la venta de ese tipo de productos, entendiendo que no se nos debe sancionar por esta circunstancia, cuando el producto nos fue suministrado en esas condiciones. Entiende quien suscribe que si bien debía haber guardado la factura de compra y no lo hizo, pudiendo constituir ello una infracción por la que deba ser sancionado, es cierto también que cuantificar la multa en 40.000 pesetas teniendo en cuenta que el negocio es de carácter familiar, supone un perjuicio de irreparables consecuencias para la compareciente, que no está en condiciones económicas para liquidar esa multa, por ello en atención a las circunstancias interesamos se reduzca la cuantía de la sanción. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones de la interesada no modifican la calificación de los hechos vertida en el Acuerdo de Iniciación y en la Propuesta de Resolución por cuanto: 1) La imposibilidad de aportar la factura se tenía que haber manifestado en el plazo de 10 días que se otorgó para presentarla. 2) El desconocimiento de la normativa no exime de su cumplimiento y al tratarse de un producto sin identificar el responsable de la comisión de la infracción es el tenedor. 3) El producto se encontraba para su venta al público al precio de 780 ptas./unidad. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, letra B, apartados k) y m), del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Dña. María Dolores Acosta Hernández la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de enero de 1995.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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