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BOC Nº 014. Miércoles 1 de Febrero de 1995 - 176

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Nombramientos, situaciones e incidencias - C.Política Territorial

176 - ORDEN de 23 de enero de 1995, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en esta Consejería, efectuada por Orden de la Consejería de Trabajo y Función Pública de 24 de noviembre de 1994.

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Efectuada convocatoria pública mediante Orden de la Consejería de Trabajo y Función Pública de 24 de noviembre de 1994 (B.O.C. nº 151, de 12.12.94), para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo denominado Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos, del Centro Directivo Secretaría General Técnica (1202020001).

Visto el informe evacuado por la Dirección General de la Función Pública en conformidad con la base quinta de la convocatoria, teniendo en cuenta las circunstancias y méritos que concurren en los solicitantes y conforme a la propuesta del Secretario General Técnico, en uso de las atribuciones previstas en el artº. 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio,

R E S U E L V O: 1º) Nombrar al funcionario D. Francisco Alberto Panizo Álamo, D.N.I. nº 42.091.893, para desempeñar el puesto denominado Jefe de Servicio Asuntos Jurídicos, Secretaría General Técnica de la Consejería de Política Territorial; nivel: 28; puntos de complemento específico: 75,00; jornada: especial; localización territorial: Santa Cruz de Tenerife: nº R.P.T.: 1202020001.

2º) El funcionario nombrado cesará en su actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de esta Orden y habrá de tomar posesión en igual plazo, si reside en la isla, o en un mes si reside fuera de ella, contado desde el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a esta Consejería exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 1995.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, Fernando Redondo Rodríguez.

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