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BOC Nº 012. Viernes 27 de Enero de 1995 - 208

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Sanidad y Asuntos Sociales

208 - RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1994, de la Viceconsejería de Asuntos Sociales, por la que se notifica la Resolución de 8 de septiembre de 1994, relativa al recurso ordinario interpuesto por Dña. María Berta Rodríguez Díaz.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Resolución de 8 de septiembre de 1994, en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Servicios Sociales, sin que haya sido recibida por la recurrente interesada, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. María Berta Rodríguez Díaz la Resolución de 8 de septiembre de 1994, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre de 1994.- El Viceconsejero de Asuntos Sociales, Rafael Sastre Merinero. A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto por Dña. María Berta Rodríguez Díaz contra la Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales, de 5 de julio de 1993, por virtud de la cual se procede a denegar la ayuda económica básica solicitada, y examinado el correspondiente expediente resultan relevantes los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que la recurrente presentó ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitud de ayuda económica básica el 28 de octubre de 1992, teniendo entrada en la Dirección General de Servicios Sociales el 1 de marzo de 1993.

2.- Que tramitada su solicitud con arreglo a la normativa reguladora, se propone, por parte del Jefe de Servicio de Prestaciones, Resolución denegatoria al superar los recursos económicos de la solicitante el límite establecido.

3.- Que la Dirección General de Servicios Sociales dictó Resolución denegando la ayuda económica básica solicitada por la interesada, al no quedar acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 133/1992.

4.- Que la anterior Resolución es notificada a la interesada el día 20 de julio de 1993 y en ella se le informa el derecho que le asiste para interponer recurso ordinario ante la Viceconsejería de Asuntos Sociales, en el plazo de 1 mes.

5.- Que Dña. María Berta Rodríguez Díaz interpuso dentro del plazo conferido recurso ordinario, en el que alega sustancialmente “que es soltera y tiene tres hijos de 13, 7 y 4 años que tiene que sacar adelante sola, lo que no es nada fácil, ya que debe sobrevivir con trabajos eventuales teniendo muchas dificultades para ganar aproximadamente unas 20.000 pesetas mensuales, que de acuerdo con el derecho, a una familia de sus características (3 hijos) le corresponderían, salvo error u omisión, 40.000 pesetas mensuales, por lo que no entiende que diga la Resolución que sus recursos económicos igualan la cantidad que de ayuda básica le correspondería”.

6.- Que en la solicitud de la ayuda, la recurrente manifiesta que sus ingresos mensuales son aproximadamente de 10.000 a 20.000 pesetas en concepto de venta de artesanía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Que la Dirección General de Servicios Sociales, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 133/1992, de 30 de julio, por el que se regulan con carácter urgente ayudas económicas básicas, modificado parcialmente por el Decreto 194/1993, de 24 de junio, dictó Resolución denegando la ayuda a Dña. María Berta Rodríguez Díaz.

II.- Que el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las Resoluciones podrán ser recurridas ante el órgano superior jerárquico del que las dictó, en el plazo de un mes.

III.- Que este organismo es el superior inmediato del órgano que dictó el acto impugnado de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 9.1 y 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la Administración autonómica de Canarias.

IV.- Que la recurrente presentó, en forma y plazo, recurso ordinario contra la Resolución que le deniega la ayuda económica básica solicitada, conforme a lo previsto en los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

V.- Que de conformidad con el artículo 7 del Decreto 133/1992, de 30 de julio, modificado parcialmente por el Decreto 194/1993, de 24 de junio, el importe máximo de la ayuda económica básica para una unidad familiar compuesta por tres o más miembros se cifra en la cantidad de 40.000 pesetas mensuales (480.000 pesetas anuales).

VI.- Que del importe de la ayuda económica básica se deducirán los ingresos y demás rentas con que cuente el beneficiario o la unidad familiar, según lo establecido en el artículo 7 del referido Decreto 194/1993, de 24 de junio.

VII.- Que, conforme al artículo 113 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la Resolución del recurso estimará en todo o en parte, o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar el recurso ordinario interpuesto por Dña. María Berta Rodríguez Díaz y revocar en todos sus extremos la Resolución impugnada de la Dirección General de Servicios Sociales, de fecha 5 de julio de 1993, por la que se le deniega la ayuda económica básica solicitada, declarando el derecho a percibir la citada ayuda en cuantía de ciento veinte mil (120.000) pesetas a pagar en seis (6) mensualidades de veinte mil (20.000) pesetas y con efectos a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de la presente Resolución; dado que, examinado el expediente de referencia, se constata que los recursos económicos obtenidos por la unidad familiar a la que pertenece Dña. María Berta Rodríguez Díaz, no igualan o superan la ayuda económica básica que pudiera corresponder en cómputo anual, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 133/1992, de 30 de julio, modificado parcialmente por el Decreto 194/1993, de 24 de junio, ya que los recursos de la unidad familiar ascendieron a 240.000 pesetas anuales y el importe de la ayuda económica básica que le pudiera corresponder conforme a lo establecido anteriormente y al tratarse de una unidad familiar compuesta por tres o más miembros, se cifra en 480.000 pesetas anuales.

Reconocido el derecho a la ayuda queda obligada a:

1) Comunicar a su Ayuntamiento cualquier variación en sus circunstancias personales o familiares que pudieran dar lugar a la modificación o extinción de la ayuda.

2) Aceptar las medidas de reinserción que le indiquen en su Ayuntamiento.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su notificación, previa la comunicación a la Viceconsejería de Asuntos Sociales exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la Dirección General de Servicios Sociales, quien a su vez deberá notificarla a Dña. María Berta Rodríguez Díaz, en el plazo establecido en el artículo 58.2 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre.- Santa Cruz de Tenerife, a 8 de septiembre de 1994.- El Viceconsejero de Asuntos Sociales, Rafael Sastre Merinero.

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