BOC - 1995/007. Lunes 16 de Enero de 1995 - 81

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81 - RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, que resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Sebastián Jiménez Hernández, contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 24 de febrero de 1994, recaída en el expediente nº 35-232/93.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Sebastián Jiménez Hernández la Orden de 29 de noviembre de 1994 (libro 01, folio 063/1.174), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 35-232/93. 2.- Remitir al Ayuntamiento de Mogán la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de diciembre de 1994.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por D. Sebastián Jiménez Hernández, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 24 de febrero de 1994, recaída en el expediente nº 35-232/93, y que determinó la imposición de una sanción de multa de sesenta y cinco mil (65.000) pesetas, y RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 9 de julio de 1993, en el establecimiento, propiedad de D. Sebastián Jiménez Hernández, sito en la calle Manuel de la Barreda, 5, término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 37.301 comprobaron que tenía a disposición del público un teléfono y el precio del paso lo cobraban a 11,25 pesetas.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.2.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con la Orden de 22 de junio de 1982, por la que se regula la prestación al público del servicio telefónico con recaudación directa por el titular, y la Orden de 27 de abril de 1993, por la que se autoriza la modificación de determinadas tarifas de Telefónica de España.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de sesenta y cinco mil (65.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 25 de marzo de 1994, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

1. Que no han cometido infracción alguna que pueda ser imputable al que rubrica, puesto que sólo han actuado de acuerdo con lo señalado por la Compañía Telefónica.

2. Que la Compañía Telefónica le comunicó mediante notificación una relación con las tarifas, que las mismas podrían ascender hasta 15 pesetas.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.2.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con la Orden de 22 de junio de 1982, por la que se regula la prestación al público del servicio telefónico con recaudación directa por el titular, y la Orden de 27 de abril de 1993, por la que se autoriza la modificación de determinadas tarifas de Telefónica de España.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B).m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución recurrida, por cuanto, el recurrente cobraba por paso 11,25 pesetas, cuando según la Orden de 27 de abril de 1993 (B.O.E. de 28 de abril) se autoriza a Telefónica de España, S.A. a fijar en 4,36 pesetas el precio de la unidad de la tarificación y en el artículo sexto dispone, asimismo, que se autoriza a Telefónica de España, S.A. y a los abonados con servicio de telecómputo que faciliten servicio de telecomunicaciones de uso público a percibir de los usuarios de dicho servicio el importe de servicio cursado, conforme a las tarifas oficialmente vigentes en cada momento, con un recargo del 35% sobre el mismo. Luego, 11,25 pesetas por paso supone cobrar un precio superior al reglamentario autorizado, comprobándose por tanto la comisión de una infracción leve en materia de protección al consumidor.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las Resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. Sebastián Jiménez Hernández, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 24 de febrero de 1994, recaída en el expediente nº 35-232/93, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de sesenta y cinco mil (65.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.



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