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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Epifanio Reyes González la Orden de 11 de noviembre de 1994 (libro 01, folio 054/1005), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 38-286/93.
2.- Remitir al Ayuntamiento de La Laguna la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de noviembre de 1994.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por D. Epifanio Reyes González, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 9 de marzo de 1994, recaída en el expediente nº 38/286/93, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 5 de febrero de 1993, en el supermercado Komo-Komo, situado en la calle el Cardonal, 42, Tejina, término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 31.611 instruida al efecto, comprobaron que tenía dispuestas para su venta al público frutas y verduras que carecían en su totalidad de los datos de normalización preceptivos, según lo exigen las correspondientes normas de calidad (denominación del producto, la categoría comercial, la variedad y el calibre) y el precio de venta al público.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 7.3 del Real Decreto 2.192/1984 (B.O.E. nº 300), por el que se establece el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para los frutos y hortalizas frescas destinadas al comercio interior, en relación con los artículos 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 23 de marzo de 1994, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
1. Que a pesar de haber realizado un pliego de descargo alegando la verdad de lo sucedido, es decir los proveedores no mencionan y le venden estos productos sin ningún tipo de normativa.
2. Que a pesar de todo lo expuesto la Administración no tiene ningún tipo de flexibilidad ante algo que es tan evidente, una falta de información hasta por la propia Administración, pero no hacia el carácter sancionador que es lo más que prima en estos momentos.
Con el debido respeto sigue defendiendo su postura y declara el abuso de autoridad por la Administración en este caso.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 7.3 del Real Decreto 2.192/1984 (B.O.E. nº 300), por el que se establece el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para los frutos y hortalizas frescas destinadas al comercio interior, en relación con los artículos 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora, por cuanto, el artº. 27.1.a) de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos, por tanto al haberse comercializado por parte del interesado productos incumpliendo lo dispuesto en el Considerando II; se comprueba pues la comisión de una infracción leve por parte del vendedor.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las Resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. Epifanio Reyes González, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 9 de marzo de 1994, recaída en el expediente nº 38/286/93, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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