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Para general conocimiento, se hace público el contenido de los Acuerdos sobre la concertación social en la Comunidad Autónoma de Canarias, suscritos, de una parte por el Excmo. Sr. D. Manuel Hermoso Rojas, en representación del Gobierno de Canarias, D. Francisco José Rodríguez-Batllori Sánchez, en representación de la Consejería de Trabajo y Función Pública, D. Alberto Isasi Cuyas, en representación de la Confederación Canaria de Empresarios, D. José Fernando Rodríguez de Azero, en representación de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, D. Miguel A. Hernández Pérez, en representación de la Unión General de Trabajadores (U.G.T.), y D. Manuel González Izquierdo, en representación de Comisiones Obreras (CC.OO.).
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre de 1994.- El Director General de Trabajo, José Luis González Moure.
CONCERTACIÓN SOCIAL CANARIA
ACUERDO POR EL EMPLEO, DESDE LA SOLIDARIDAD Y COMPETITIVIDAD
En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Hermoso Rojas, Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el Excmo. Sr. D. Francisco José Rodríguez-Batllori Sánchez, Consejero de Trabajo y Función Pública, en la representación legal que de la misma tienen atribuida.
De otra, el Sr. D. Alberto Isasi Cuyas, Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y el Sr. D. José Fernando Rodríguez de Azero, Presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, en la representación legal que de las mismas tienen atribuida.
Y de otra, el Sr. D. Miguel A. Hernández Pérez, Secretario General de la Unión General de Trabajadores de Canarias y el Sr. D. Manuel González Izquierdo, Secretario General de Comisiones Obreras Canarias, en la representación legal que de las mismas tienen atribuida.
EXPONEN
Primero.- Que el Gobierno de Canarias, la Confederación Canaria de Empresarios, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife y las Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Canarias, suscribieron el 30 de julio de 1993 un compromiso de iniciar un proceso de Concertación Social, con el objetivo común de alcanzar un Acuerdo por el Empleo, desde la Solidaridad y Competitividad.
Segundo.- Que el compromiso que se describe en el punto anterior, surgió desde una prueba manifiesta de la firme voluntad de todas la partes de contribuir al desarrollo económico y social con el objetivo prioritario de la creación de empleo en Canarias que posibilite unos niveles adecuados de cohesión y bienestar.
Tercero.- Que fruto del diálogo permanente, la negociación y la aportación de iniciativas de todas las partes, en el ámbito de una mesa central de Concertación Social, se logra un documento que resume los acuerdos alcanzados en materia de fomento de empleo y a la actividad económica, formación, relaciones laborales, protección social, plan de empleo específico y calidad de vida.
Cuarto.- Que los acuerdos suscritos constituyen unas directrices obligadas en las políticas a desarrollar por el Gobierno Autónomo de Canarias en materia de empleo, formación y desarrollo de las relaciones laborales, asignando los recursos necesarios para el desenvolvimiento y eficacia de los mecanismos previstos en el documento. Quinto.- Que la aplicación de los acuerdos requiere una participación activa de los firmantes, que se comprometen a orientar sus actuaciones dentro del marco de lo acordado, potenciando e implantando dentro de su ámbito de actuación, las materias definidas, todo ello con el objetivo de colaborar a mejorar la economía, el empleo, el bienestar social y el desarrollo de las relaciones laborales en la Comunidad Autónoma Canaria.
ACUERDAN
Primero.- Suscribir y aprobar el Acuerdo por el Empleo, desde la Solidaridad y Competitividad, cuyos objetivos, actuaciones y materias figuran en el documento que se adjunta.
Segundo.- La creación de los correspondientes instrumentos de seguimiento que, con representantes de las instituciones firmantes, permita realizar un eficaz seguimiento y control de las diferentes actuaciones a abordar en el marco del Acuerdo por el Empleo, desde la Solidaridad y la Competitividad.
Y en prueba de conformidad firman el presente Acuerdo en la fecha y lugar arriba indicados.
El Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, Manuel Hermoso Rojas.- El Consejero de Trabajo y Función Pública, Francisco José Rodríguez-Batllori Sánchez.- El Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Alberto Isasi Cuyas.- El Presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Tenerife, José Fernando Rodríguez de Azero.- El Secretario General de la Unión General de Trabajadores de Canarias, Miguel A. Hernández Pérez.- El Secretario General de Comisiones Obreras de Canarias, Manuel González Izquierdo.
Preocupación continua del Gobierno de Canarias, de las Organizaciones Empresariales y de las Organizaciones Sindicales firmantes es el problema del paro y del empleo en nuestra Comunidad.
El contenido de este Acuerdo pretende ser un programa de soluciones para la consecución de un ambiente propicio al desarrollo económico y social y, por ende, una contribución al enriquecimiento de la sociedad canaria y de un más alto bienestar de la misma. De esta forma se cumple con la responsabilidad social de aportar soluciones que, sin dramatismo, deben ser calificadas de urgentes, porque la extensión y profundidad del deterioro económico deja ya estrecho margen de maniobra.
De otro lado, el año 1993 ha supuesto un hito decisivo en la construcción de Europa. Se inicia una nueva etapa hacia la Unión Europea y está en proceso de consolidación el Mercado Único. Pero, a su vez, todo ello coincide con una crisis económica internacional de perspectivas inciertas.
Corresponde a los gobiernos nacionales la ejecución de las acciones sustantivas, tales como el impulso al proyecto de Unión, la corrección de los desequilibrios macroeconómicos básicos y la aplicación de reformas estructurales. Sin embargo, no será posible alcanzar una verdadera Unión Europea al margen de las regiones, que deben ser agentes fundamentales de una cohesión real entendida como aproximación de los niveles de desarrollo y bienestar social.
Esta aproximación no puede vincularse a hitos o plazos determinados, por cuanto implica modificaciones y transformaciones estructurales importantes y supone, en última instancia, un proceso de cambio social cuya propia naturaleza lo hace lento e irregular en su ritmo.
Desde Canarias, y asumiendo que históricamente ha jugado un papel marginal en Europa por ser una de sus regiones menos desarrolladas, ha de mantenerse una tensión especial por avanzar hacia los niveles de desarrollo de las regiones más avanzadas; pero, sin pérdida de las singularidades que definen la identidad de la región.
La crisis económica internacionalizada la percibimos con especial intensidad en la Comunidad Autónoma Canaria derivado de nuestro mayor grado de dependencia de factores externos y de la ausencia interna de marco económico, como en el desarrollo de los aspectos económicos del R.E.F.
En consecuencia, tanto los factores externos como los internos están incidiendo en una progresiva descapitalización de la economía regional y en un empobrecimiento cada vez más agudizado en la población.
En un análisis de síntesis de la situación económica y social de la Comunidad Autónoma de Canarias, no podemos hacer abstracción del comportamiento que están teniendo algunos de los sectores, motores de nuestra economía y generadores de empleo inmediato. Nos referimos al turismo, la construcción y la industria que, por diferenciadas causas, vienen incidiendo negativamente en la actividad económica y en el desempleo en la región.
La presencia de una Ley Canaria del Turismo que contemple un marco estratégico de referencia y unas propuestas tendentes a posibilitar un desarrollo armónico y cualificado del sector, debe permitir situarnos en unas condiciones más favorables para afrontar la competencia de países de nuestro entorno.
La Formación Profesional sigue siendo un capítulo pendiente de los poderes públicos y los agentes económicos y sociales pues, a pesar de producirse importantes inversiones e impartirse un número considerable de cursos, el nivel de cualificación de los trabajadores sigue siendo bajo, a la vez que la demanda del mercado de trabajo no se corresponde con la oferta formativa. Resulta, pues, imprescindible la configuración de un marco avanzado y realista de relaciones laborales, la mejora de la cualificación laboral y gerencial y la reorientación de las actividades productivas hacia aquellas sustentadas en ventajas competitivas duraderas.
En este ámbito, la política económica regional debe plantearse como objetivo irrenunciable el elevar la competitividad de nuestro sistema productivo, constituyendo una condición necesaria para avanzar en el objetivo básico de la política económica: el crecimiento del empleo estable y eficiente.
El logro de este objetivo exige la equiparación con otras economías regionales en cuanto a las infraestructuras de soporte de las actividades productivas, cuyos déficits han constituido tradicionalmente una de las mayores limitaciones de la capacidad de desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma. Por ello, el Gobierno de Canarias elevará la dotación de aquellos factores que se encuentran en la base de la capacidad competitiva de una región: infraestructura, viviendas, comunicaciones, telecomunicaciones, servicios avanzados, energía, suministro y saneamiento de agua, suelo industrial acondicionado, etc., en función de sus competencias y disponibilidades presupuestarias.
Paralelamente, el logro de ganancias de productividad en la economía canaria no será posible sin una especial atención a la cualificación de los recursos humanos, requisito necesario tanto para la incorporación de tecnologías de producción competitivas, como para abordar nuevas actividades o asegurar la formación óptima de los activos de nuevo ingreso al mercado de trabajo.
En consecuencia, el adecuado diseño del modelo de formación profesional canario y la propia actitud de las empresas y trabajadores ante la innovación constituyen, sin lugar a dudas, piezas clave en la futura posición de la economía canaria.
Por otra parte, la cambiante naturaleza de las actividades productivas es consustancial a una economía abierta, dinámica y de libre mercado; correspondiendo al Gobierno de Canarias el apoyo a un proceso ordenado de renovación de las actividades productivas mediante las oportunas medidas de fomento y de estímulo a la inversión.
Las anteriores medidas forman parte de una política económica de oferta cuya definición y ejecución corresponden al Gobierno de Canarias. Sin embargo, en una sociedad democrática moderna, y en una economía con un apreciable grado de desarrollo, es conveniente reforzar los mecanismos de participación de los actores directos del sistema productivo: empresarios y trabajadores. La experiencia y los resultados obtenidos en anteriores concertaciones bilaterales justifican la conveniencia de establecer Acuerdos de mayor alcance entre la Administración Autonómica y los agentes sociales y económicos.
La negociación tripartita ha permitido abordar una reflexión sobre un conjunto de medidas adecuadas al objetivo común de todas las partes: la contribución a la modernización de la economía canaria, superando intereses singulares y aunando la colaboración en algunos elementos de un proyecto también común para la sociedad canaria.
El Acuerdo ha de propiciar un incremento de las inversiones productivas, superando las limitaciones impuestas por la capacidad de ahorro regional; contribuir a la capacidad competitiva de la Comunidad, favorecer una mejora cualitativa de los factores de producción y de los mecanismos de comercialización de bienes y servicios, y como resultado de todo ello un crecimiento del empleo.
El espíritu de participación y de diálogo constructivo que ha presidido la negociación debe mantenerse más allá del ámbito de este Acuerdo, animando un clima sosegado y atractivo para la inversión y el desarrollo de las actividades productivas y la generación de empleo.
Conscientes de las limitaciones presupuestarias de la Comunidad Autónoma, todas las partes coincidimos en mantener posiciones comunes en cuanto a las políticas que las instancias europeas y estatales deberían adoptar en la cooperación para el logro de los objetivos propuestos.
En definitiva, el objetivo final que se persigue en esta negociación es precisamente la contribución constructiva a un proyecto común: el desarrollo de Canarias.
En virtud de ello, las partes firmantes de este Acuerdo emprenderán las actuaciones que se exponen a continuación.
I. CONVERGENCIA REAL. INVERSIÓN, COMPETITIVIDAD Y MERCADO DE TRABAJO
El escenario nacional y europeo donde ha de desenvolverse la economía canaria hace oportuna una mayor y más profunda reflexión del Gobierno de Canarias, las Organizaciones Sindicales CC.OO. de Canarias y U.G.T. de Canarias, y las Confederaciones Canarias de Empresarios y Provincial de Santa Cruz de Tenerife acerca de las condiciones para garantizar el avance del proceso de convergencia real, entre las que se encuentran el crecimiento de la inversión pública y privada, la ganancia de competitividad de las empresas y la adecuación de las relaciones laborales.
En las relaciones laborales, desde el reconocimiento de que su formulación correcta debe establecerse en un marco estatal para la defensa de una política de solidaridad, se hace necesario continuar en la línea de estabilidad y buen entendimiento entre las partes firmantes, contribuyendo a mejorar la competitividad del sistema productivo canario, basado en los procesos de negociación colectiva y políticas salariales y de contratación.
En esta situación, uno de los elementos fundamentales para definir la posición del sistema productivo canario será la capacidad de las empresas para articular estrategias competitivas, en las cuales son decisivas las ventajas relacionadas con la calidad, la tecnología, los servicios complementarios y, en general, los factores que determinan el grado de diferenciación del producto.
En cuanto a la inversión, el conseguir elevar la inversión pública es imprescindible para lograr la equiparación de las dotaciones infraestructurales, que constituyen la base de un sistema productivo.
No obstante, el crecimiento de la inversión pública no asegura avances sostenibles en el proceso de convergencia si no se acompaña por la suficiente inversión privada, que en el caso de Canarias debe tener un doble fin: la expansión del sistema productivo y, muy especialmente, la ganancia de competitividad de las producciones canarias.
Todo lo anterior justifica por sí mismo llegar a entendimiento entre las partes firmantes; pero como quiera que a estas consideraciones generales se unen connotaciones propias de los problemas de Canarias, esa exigencia adquiere mayores niveles de responsabilidad. Por ello, las partes firmantes consideran que el incremento de competitividad de la economía canaria ha de basarse en las siguientes estrategias:
1. Intensificar la orientación presupuestaria del Gobierno de Canarias hacia las inversiones en infraestructuras relacionadas con la actividad económica y, en especial, las referidas a comunicaciones, vivienda, suelo, calidad urbanística, suelo industrial, puertos industriales e infraestructuras industriales; y moderar el crecimiento del gasto corriente, sin menoscabo de los gastos de naturaleza social. Paralelamente, se ha de propiciar la cualificación de los trabajadores, una financiación externa favorable a las pequeñas y medianas empresas, la incorporación de nuevas tecnologías a la producción, el establecimiento de redes de comercialización exteriores y la mejora de la calidad de los servicios públicos a partir de una Administración más ágil y eficiente en sus relaciones con los administrados.
2. Y es que las partes suscribientes de este Acuerdo son conscientes que uno de los problemas principales de la empresa canaria radica en su limitada autofinanciación. En consecuencia, entienden que uno de los ejes de actuación de la política económica del Gobierno de Canarias ha de dirigirse a paliar estas insuficiencias financieras, instrumentando una política de incentivación que atenúe las condiciones de mercado que limitan el desarrollo de las actividades empresariales, y la potenciación de las Sociedades de Garantía Recíprocas es la mejor fórmula para ello.
En tal sentido, el Gobierno de Canarias proveerá de solvencia suficiente a las Sociedades de Garantía Recíprocas para concertar financiación avalada en condiciones favorables a las empresas y hará de ellas un producto competitivo para que el beneficiario-empresa utilice este servicio de garantías, que redunde en un crecimiento de socios y de capital, y ello mediante las dotaciones suficientes al capital y al fondo de previsiones técnicas para incentivar la utilización de sus avales.
Además de ello, todas las partes coinciden en la necesidad de instrumentar a corto plazo la unificación de las Sociedades de Garantía Recíprocas hoy constituidas en el ámbito de la Comunidad.
3. Para la mejora de la capacidad competitiva, las empresas practicarán una prudente política de financiación, adecuarán las estrategias competitivas a las actuales condiciones de la competencia e incrementarán la calidad de los productos y servicios ofrecidos, modernizando gerencial y tecnológicamente los procesos de producción y comercialización, intensificando las relaciones no competitivas entre empresas y elevando las cualificaciones profesionales.
4. Incrementar el grado de identificación e implicación de los trabajadores con todo el conjunto de tareas y circunstancias de las empresas, mejorando su nivel de formación profesional y favoreciendo la adopción de sistemas de seguridad en el trabajo.
II. MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
La economía española se enfrenta a una situación de crisis de intensidad, que es diferente según regiones y según qué país en el marco de la Unión Europea (U.E.).
En este contexto recesivo, la economía canaria está registrando una fuerte desaceleración de la actividad productiva. La caída de la tasa de inversión, el debilitamiento del consumo, la subutilización de la capacidad productiva y el deterioro del mercado de trabajo constituyen, entre otras, las principales manifestaciones de una situación contractiva agravada en los meses más recientes.
Como consecuencia de dicha coyuntura económica se están originando situaciones de dificultad en numerosas empresas, cuya resolución requiere medidas excepcionales que contribuyan al mantenimiento de la actividad económica.
Para ello, el Gobierno canario concederá apoyos a las empresas en crisis que, con la necesaria colaboración de los agentes sociales y económicos, logren alcanzar una posición competitiva sostenible.
El Gobierno de Canarias informará de las actuaciones que se realicen a los agentes económicos y sociales firmantes de este Acuerdo y de los proyectos o conflictos que incidan en una empresa, grupo o sector de ellas, en los casos que afecten al desarrollo de la Comunidad Canaria o tengan especial incidencia socio-económica en una zona geográfica concreta.
Por otra parte, dentro del marco definido por los recursos presupuestados y por el flujo y ritmo de los ingresos de la Hacienda Autonómica, se acelerará en lo posible la finalización de las inversiones actualmente en ejecución y se adelantarán aquellas inversiones que tienen mayores efectos multiplicadores, y por tanto, especial incidencia en la dinamización del tejido productivo, así como la finalización y dotación completa de los Polígonos Industriales existentes. En este contexto, las partes firmantes otorgan una especial trascendencia al cumplimiento del II Plan Canario de Vivienda, de forma que para su ejecución se garanticen los recursos necesarios, así como los medios organizativos precisos para garantizar no solamente la satisfacción de vivienda a los demandantes de ella, sino también la actividad económica que su ejecución comporta al tejido empresarial y laboral de Canarias, por considerar que el sector de la construcción debe recuperar el importante peso específico en la economía canaria. Se trata, en definitiva, de concederle al II Plan Canario de Vivienda la trascendencia que sus objetivos sociales y económicos comportan, de forma que no se regateen recursos económicos, sean de la propia Comunidad Canaria, sean de la Administración Central, para garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos para el bienio 1994-1995, con la participación activa de los operadores llamados a colaborar, Ayuntamientos e iniciativa privada. El Gobierno de Canarias en la línea que tiene trazada continuará en la labor de modernización de la Administración y la redistribución de efectivos con el fin de incrementar la eficacia y productividad de sus distintos departamentos.
El Consejo Asesor del Presidente del Gobierno en materia económica y social, entre otras actuaciones, conocerá las líneas de ayudas y subvenciones que las diferentes Consejerías del Gobierno de Canarias tengan previstas en sus respectivos presupuestos, de forma que sean previamente concertadas con los agentes económicos y sociales participantes de este Acuerdo, antes de su conversión en disposición legal o reglamentaria.
Las partes han coincidido en condenar el intrusismo y la competencia desleal y calificarlo como problema grave que aqueja al pequeño y mediano empresario, por lo de perjuicio directo que significa tanto para el empresario como para la Administración. En tal sentido, las partes convienen en arbitrar instrumentos para erradicar el fraude en todas sus manifestaciones. Para ello, y con la intervención de la Inspección de Trabajo, se elaborará una propuesta coordinada que persiga la clarificación empresarial y laboral a fin de desarraigar el intrusismo y las posiciones de fraude que desembocan en situaciones de competencia desleal.
Para su concreción, el Gobierno de Canarias retomará y pondrá en práctica las Circulares números 1 y 2, de fecha 22 de noviembre y 9 de diciembre, respectivamente, editadas ambas en el Boletín Oficial de Canarias de 1 de enero de 1993, emitidas por la Dirección General de Trabajo, relativas a la coordinación de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social con la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de una parte; así como la relativa a la participación y a las funciones de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social han de prestar a la Comunidad Autónoma Canaria solicitando las transferencias de las mismas.
En este mismo capítulo, las partes firmantes se han comprometido a solicitar de las Corporaciones Locales su interés en la ejecución del contenido de este Acuerdo en la parte que les afecte y, en especial, recomendarán a éstas la puesta en práctica de una política fiscal local incentivadora de la función de emprender y de crear empleo, bienestar y riqueza, facilitando, en suma, la instalación y el desarrollo de las actividades empresariales en los municipios.
III. TURISMO
Las partes firmantes acuerdan asumir que una futura Ley Canaria de Turismo debería ser el instrumento adecuado para afrontar la realidad y las perspectivas de futuro del sector turístico canario, comprometiéndose el Gobierno a dar traslado a los firmantes de un proyecto antes de su remisión al Parlamento. Dicha Ley abordará un diagnóstico del sector, diseñará un marco estratégico de referencia y contemplará una serie de propuestas tendentes a posibilitar un desarrollo armónico y cualificado del sector turístico canario sin olvidar la formación y seguridad de los trabajadores y usuarios a cuyo fin se dictarán las normas oportunas.
IV. DESARROLLO RURAL
En Canarias se hace necesario iniciar un proceso ordenado de transformación e impulso del mundo rural, orientado por la diversificación del medio agrícola hacia actividades forestales, industriales, paisajísticas, culturales o turísticas. Con este objeto, se elaborará, consensuadamente, el Plan de Desarrollo Rural, que pretende configurar un modelo de desarrollo territorial articulado y equilibrado que garantice una nivelación objetiva y sucesiva de las cualidades territoriales para el desarrollo económico y la calidad de vida de la zona. Por otra parte, en el Plan deben encontrar un marco integrado de actuaciones los distintos programas que se promueven desde las propias Corporaciones Locales y otras instancias, facilitando la máxima coordinación entre las distintas Administraciones Públicas.
Los objetivos finales del Plan son fijar la población rural, la mejora de la calidad de vida de las poblaciones afectadas y la protección y conservación del medio ambiente. A estos objetivos finales contribuyen el crecimiento equilibrado y sostenible de las distintas zonas; la diversificación y mantenimiento del empleo existente, y la creación del empleo estable en las nuevas actividades; la mejora de los niveles de producción y renta; la regeneración y dinamización del tejido socioeconómico y el mantenimiento de un número de empleos agrícolas, capitalizando la agricultura en aras de su modernización. La meta final es un desarrollo integral y equilibrado que, además de la consolidación de la riqueza agraria, se fundamente en la diversificación de las actividades y del empleo, aprovechando las potencialidades endógenas de cada zona.
El Gobierno de Canarias se compromete a presentar este Plan y abrirá un proceso de discusión para que, en el plazo de tres meses a partir de la firma de este Acuerdo, se introduzcan en el documento las modificaciones que se estimen convenientes y se defina la oportuna Comisión de Seguimiento de la aplicación del Plan. Una vez que éste tenga carácter definitivo, constituirá la guía de la política de desarrollo rural de la Comunidad Autónoma de Canarias para los próximos años.
V. FOMENTO DEL EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
V.I. FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
La importancia que hoy en día está adquiriendo la formación en las sociedades urbanas más desarrolladas, puede explicarse por una serie de cambios acontecidos en el entorno socioeconómico. Por un lado, la década de los ochenta se ha caracterizado por la supremacía de las nuevas técnicas de gestión introducidas por las multinacionales japonesas y por la creciente competitividad en los mercados internacionales, acontecimientos que han empujado a las empresas a la diversificación y una constante innovación tecnológica. Por otro lado, las nuevas teorías sobre política industrial y desarrollo regional enfatizan la dotación de recursos humanos adecuados, como fuente de especialización y creación de ventaja competitiva.
Consecuentemente, los retos para la Formación Profesional Ocupacional son muy significativos, puesto que la calidad de los recursos humanos determina, en primera instancia, la competitividad de las empresas y, en última instancia, las posibilidades de desarrollo de un territorio. En este contexto, los agentes sociales y económicos exigen del sistema educativo una mayor atención hacia las necesidades específicas del entorno socioeconómico, de forma que posibilite la adecuada inserción laboral o profesional de los alumnos en el sistema productivo.
Partiendo de estas premisas, se plantea para Canarias un sistema formativo integrado con el sistema económico y geográfico de forma que no sólo dé respuesta a las necesidades de formación humanista del individuo, sino que responda a las necesidades derivadas del desarrollo económico y social de las islas. Se trata de promover Consejos Comarcales e Insulares de Formación y Empleo, que contribuyan a la regeneración de la comunidad local a la que sirvan, colaborando en los programas formativos del I.C.F.E., aplicados con eficacia y calidad al mercado laboral. Las partes firmantes se comprometen a elaborar y definir la creación y desarrollo de estos Consejos en el menor plazo de tiempo posible a partir de la firma de este Acuerdo.
De otro lado, las partes acuerdan constituir una Comisión de redacción de la reforma de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, por la que se constituyó el I.C.F.E.
En la Comisión estarán representados el Gobierno de Canarias, las Confederaciones Empresariales y las Centrales Sindicales firmantes del presente Acuerdo de Concertación Social.
El proyecto de reforma se elaborará una vez acordados los Consejos, con el fin de que sea aprobado y elevado por el Gobierno de Canarias al Parlamento para su aprobación.
Como regla general la Formación Ocupacional debe estar directamente ligada al empleo armonizando las necesidades del mercado de trabajo con el carácter vocacional y la proyección hacia nuevos sectores económicos emergentes, para cuyo fin hemos de basarnos en elementos que permitan la combinación teórico-práctica de la Formación, a saber: a) Desde la Formación Profesional Ocupacional:
1. Restablecer los convenios de prácticas en alternancia de la Formación Ocupacional teórica.
2. Apoyar proyectos de Formación Ocupacional en la actividad empresarial dirigidos al reciclaje o creación de nuevos empleos.
3. Apoyar los proyectos que en el marco de los convenios colectivos y/o acuerdo entre partes (entre otros, empleados públicos) se suscriban sobre Formación Ocupacional.
4. Adecuar la Formación Ocupacional a la normativa y filosofía de la L.O.G.S.E., favoreciendo la constitución de Comisiones de estudio de los ciclos formativos, que permitan establecer las posibles correspondencias entre éstos y el repertorio de certificaciones de la Formación Ocupacional.
5. Apoyar los cursos de formación para formadores.
6. Llevar a cabo convenios de formación con las Universidades Canarias.
Para el desarrollo de los criterios y actuaciones antes mencionadas, así como la elaboración de un programa de formación continua con la finalidad de facilitar la integración de la formación en la estrategia general de la empresa canaria, se acuerda poner en marcha una Comisión de composición tripartita, estando integrada por representantes del Gobierno Regional y de las Organizaciones Sindicales y Empresariales firmantes del Pacto, teniendo asignadas las siguientes funciones:
1. Analizar y emitir informe preceptivo sobre las acciones formativas.
2. Realizar la evaluación y el seguimiento de los Planes y Programas de Formación.
El conjunto de actuaciones en materia de formación profesional ocupacional se instrumentará a través del Instituto Canario de Formación y Empleo.
b) Desde la Formación Profesional Reglada:
1. Generalizar los convenios de prácticas en centros de trabajo para los alumnos y alumnas que cursan la actual Formación Profesional de segundo grado.
2. Dotación de recursos e infraestructuras destinadas a la progresiva generalización de la Formación Profesional de base.
3. Puesta en marcha de Programas de Garantía Social dirigidos a la cualificación profesional de aquellos/as jóvenes que terminan el periodo de escolarización obligatoria sin haber obtenido alguna titulación.
4. Experimentar nuevos medios de capacitación laboral que permitan el acceso a titulaciones para trabajadores/as en activo, compensando en su caso las dificultades derivadas de la fragmentación territorial de nuestra Comunidad.
5. Realizar programas específicos de actualización de los/as docentes en colaboración con las empresas, fomentando desde ellos el acercamiento entre éstas y el profesorado.
La Consejería de Trabajo y Función Pública del Gobierno de Canarias colaborará en el desarrollo y financiación de estas acciones con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
V.II. MEDIDAS DE FOMENTO AL EMPLEO CON LAS CORPORACIONES LOCALES
Sustituye al Programa Canario de Empleo y debe regularse teniendo en cuenta los mínimos siguientes: a) Generar empleo con la colaboración de las Corporaciones Locales.
b) Tener en cuenta el nivel de desempleo en el ámbito insular y municipal.
c) Interés social de las acciones a ejecutar.
d) Dentro de las acciones a ejecutar, especial atención para aquellas que generen empleo estable.
e) Dar prioridad a la contratación de trabajadores con los perfiles siguientes:
e.1) Desempleados más de un año sin percepción económica.
e.2) Número de miembros de la unidad familiar y percepción económica global.
e.3) Desempleados mayores de 45 años.
e.4) Jóvenes y mujeres de primer acceso a la contratación.
e.5) Trabajadores que hayan realizado cursos de Formación Ocupacional.
e.6) Colectivos con mayor dificultad de inserción.
f) Vincular las subvenciones a aquellas que recojan una cuota importante de formación y que además se materialicen en la realización y ejecución de proyectos de carácter asistencial y de servicios, con preferencia sobre las obras, que se consideraran en su concesión con carácter excepcional y en cualquier caso excluyendo las que se refieren a actuaciones ordinarias de las Corporaciones.
g) Creación de Gabinetes de promoción socio-económica en el ámbito comarcal.
h) Los costes profesionales contratados a subvencionar deberán ser objeto de estudio con el fin de optimizar al máximo los recursos económicos en relación con el interés social que persigue el programa.
i) Declaración jurada de las Corporaciones Locales de las subvenciones recibidas por otras Administraciones en el presente ejercicio e inmediato pasado con fines similares.
j) El Instituto Canario de Formación y Empleo será el gestor de las medidas y subvenciones.
V.III. MEDIDAS DE FOMENTO Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO
Estas medidas deben dirigirse a obtener la máxima rentabilidad de los recursos disponibles previstos para fomentar la actividad económica. Para ello, han de contemplarse, entre otros, los programas siguientes:
I) Programa de apoyo a la asistencia técnica en proyectos inversores en la actividad empresarial de nueva creación.
II) Programa de promoción del empleo autónomo.
III) Programa de promoción y apoyo a las entidades de economía social, con especial atención a las Cooperativas del Trabajo Asociado y las Sociedades Anónimas Laborales.
IV) Programas de apoyo a la creación de empresas de economía social vinculadas a la realización de prácticas de formación en centros de trabajo en aquellos sectores en los que no exista un mercado laboral suficiente, y se estimen estratégicos desde la óptica del desarrollo económico de nuestra Comunidad.
V) Programa de integración del minusválido y colectivos con mayor dificultad de inserción mediante: a) Subvención a la inversión-creación de puestos de trabajo.
b) Subvención de mantenimiento de los puestos de trabajo creados.
c) Empleo autónomo.
VI) Programa de subvenciones a la contratación en las modalidades siguientes:
a) Contrataciones indefinidas.
b) Conversión de contratos de duración determinada por indefinidos.
En todos y cada uno de los programas relacionados han de tenerse en cuenta como mínimo las siguientes condiciones:
1. Establecer normativas reguladoras de acceso.
2. Tener reguladas las relaciones de trabajo.
VI. PLAN DE EMPLEO ESPECÍFICO PARA CANARIAS
Canarias viene sufriendo desde 1990 una situación de recesión del empleo que se manifiesta en un aumento de la población activa, una caída del empleo y un incremento importante de la tasa de paro. El desempleo afecta en mayor medida a los jóvenes menores de 25 años y más aún al sexo femenino. La recesión ha incidido en todos los sectores económicos, disminuyendo el número de ocupados en cada uno de ellos.
Canarias es la región de la U.E. que previsiblemente tendrá el mayor aumento de población activa durante los noventa, lo que constituye un problema económico y social de carácter estratégico.
Con estos antecedentes, las partes suscribientes de este Acuerdo entienden la necesidad de paliar los desequilibrios existentes y superar los obstáculos que plantea una etapa de crecimiento económico como la actual, mediante el establecimiento de una política activa de empleo que dé contenido a un Plan de Empleo Específico para Canarias.
El Plan de Empleo Específico para Canarias debe considerarse complementario a las medidas y programas contemplados en el presente documento de Concertación Social. En consecuencia, su financiación debe tener la consideración de extraordinaria y con la colaboración de la Administración Central y Autónoma, de la forma siguiente:
1. Desde la Administración Central: concretando el compromiso manifestado por el Gobierno de la Nación de atender y apoyar programas específicos de empleo en aquellas Comunidades Autónomas que superen el 20% de desempleo, cual es el caso de Canarias.
Para ello las partes firmantes de este Acuerdo concretarán las acciones a desarrollar para lograr el cumplimiento de este compromiso.
2. Desde la Administración Autonómica Canaria: realizando el esfuerzo suplementario correspondiente para garantizar la financiación del Plan Específico de Empleo de Canarias (P.E.E.C.), dentro del ejercicio correspondiente al año de 1994.
En todo caso la partida presupuestaria comprometida por el Gobierno Autónomo que se puede aproximar a los doce mil millones de pesetas contempladas como mínimo para el periodo de vigencia del Acuerdo, dará lugar a la elaboración de un plan de empleo que se negociará en la Mesa de Concertación y contemplará en la normativa que desarrolla los programas informe preceptivo de los Consejos Insulares y/o Comarcales de existir éstos, y Comisión de seguimiento y evaluación compuesta por los firmantes de este Acuerdo.
VII. DESARROLLO DE LAS RELACIONES LABORALES
El Gobierno de Canarias, las Confederaciones Empresariales y las Centrales Sindicales firmantes, consideran necesario crear instrumentos que permitan mantener el diálogo y la negociación permanente, así como adoptar medidas que favorezcan una mayor profundización y avances en las relaciones laborales.
VII.I. ACUERDO PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO CANARIO DE RELACIONES LABORALES
La importancia que ha supuesto la transmisión de competencias y facultades en el orden de las funciones ejecutivas en materia de trabajo a la Comunidad Autónoma Canaria, así como las necesidades que se demandan en este campo para una permanente adecuación a las actuales exigencias que la realidad concreta reclama, es lo que precisa se adopte el acuerdo de constituir el Consejo Canario de Relaciones Laborales, que tendrá, entre otros, los siguientes fines:
a) Servir como órgano de diálogo institucional entre Sindicatos, Organizaciones Empresariales y Administración Autónoma que facilite las relaciones de trabajo.
b) Ser órgano consultivo y asesor de la Comunidad Autónoma en materias relativas a su política laboral.
c) Medio para que se promuevan y funcionen los instrumentos privados de solución extrajudicial de los conflictos de trabajo.
d) Para articular una política de empleo adaptada al nivel de desarrollo y a las características socio-económicas de nuestra economía y no a la imitación mimética de las políticas promovidas por otras Administraciones u Organismos Internacionales, es necesario un específico conocimiento y estudio del mercado de trabajo: prospección de empleo.
Es imprescindible el conocimiento amplio y específico en áreas como:
- Cambios en las demandas de trabajo de las empresas.
- Características de la cualificación y contenidos exigidos en las nuevas demandas (perfiles profesionales).
- Nuevos sistemas de gestión y organización productiva.
- Características territoriales y socio-económicas de los trabajadores sin empleo.
- Condiciones de salud y trabajo de la población trabajadora (anticipando y previendo problemas y tendencias).
- Análisis de los impactos e influencias de las medidas de política de empleo adoptadas o por adoptar.
- Estudios del impacto de la introducción de nuevas tecnologías en el empleo y en la cualificación profesional. Para ello, se creará el Servicio de Estudios Laborales que en estrecha colaboración con el Instituto Canario de Estadística coordinará y elaborará dichos estudios y como resultado de los mismos se diseñarán las medidas de fomento de empleo a aplicar en Canarias.
Y para la realización de este marco que debe estar comprendido dentro de las instituciones de autogobierno, la Comisión Técnica ya designada elaborará una propuesta de creación del citado Consejo, en el que estarán integrados representantes de la Administración Autónoma y de las Organizaciones Empresariales y Sindicales, presididos por el Consejero que tenga atribuidas competencias en materia de trabajo.
En la expresada propuesta deberán refundirse y ampliarse las funciones que le vienen atribuidas a la Comisión Regional de Asuntos Laborales y sin que, dada la singularidad de la materia, se invadan las que deben ser competencias del Consejo Económico y Social.
La referida propuesta de la Comisión Técnica deberá ser remitida al Gobierno de Canarias en el plazo de un mes, para que éste lleve a cabo la correspondiente iniciativa legislativa, con el propósito de que dicha Ley sea aprobada a lo largo del año 1994. VII.II. ACUERDO SOBRE PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE TRABAJO
Se considera conveniente iniciar un capítulo diferente de concertación a través del poder normativo que a los interlocutores sociales otorga el artículo 37.1 de la Constitución y se adopta el acuerdo de que las Organizaciones Empresariales y Sindicales aquí representadas iniciarán en el plazo de un mes, la redacción del texto de Acuerdo Interprofesional Canario para la solución extrajudicial de los conflictos de trabajo que sirva:
a) Para regular la paz laboral mediante decisiones libremente tomadas por dichos agentes sociales en virtud de la autonomía colectiva.
b) Para agilizar la solución de los conflictos de trabajo al evitar la excesiva carga que pesa sobre los Juzgados y Tribunales de lo Social en la Comunidad Canaria.
En una primera fase, el Acuerdo Interprofesional a que se llegue servirá para someter al conocimiento y decisión de los Medios Privados de Conciliación, Mediación y Arbitraje los conflictos colectivos de trabajo en todo el ámbito de Canarias y como experiencia piloto en el plazo de seis meses, los conflictos individuales que se generen en las islas de La Palma y Lanzarote, teniendo en cuenta la inexistencia de Juzgados de lo Social en aquellas islas y los perjuicios que por tal razón se están causando a trabajadores y empresarios.
En una segunda fase, y a la vista del resultado de la experiencia antes referida, se extenderán, en los seis meses siguientes, dichos instrumentos no judiciales de resolución al conocimiento y decisión de los conflictos individuales de trabajo que se promuevan en todo el territorio de la Comunidad Canaria.
La gestión del Acuerdo Interprofesional sobre solución extrajudicial de conflictos de trabajo se encomendará al Consejo Canario de Relaciones Laborales, cuya creación también constituye uno de los acuerdos de esta Concertación Social.
VIII. PROTECCIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
VIII.I. PROTECCIÓN SOCIAL AL DESEMPLEO AGRICOLA
La Ley 1.387/1990, de 8 de noviembre (B.O.E. nº 273), desarrolla medidas de protección social para el desempleo rural. Varias Comunidades Autónomas vienen beneficiándose de las mismas y cubriendo una necesidad social para un colectivo, que como el de la agricultura, carece de los derechos sociales que trabajadores por cuenta ajena de otros sectores poseen, como la protección por desempleo.
La propia Ley contempla la posibilidad de la extensión de las medidas a otras Comunidades y hace mención explícita a la Comunidad Autónoma Canaria.
Con el fin de cubrir la protección social a los desempleados del sector agrícola, el Gobierno de Canarias iniciará un proceso de negociaciones con el Gobierno Central. Previamente las partes firmantes del presente Acuerdo se comprometen a elaborar un documento en el que figuren los argumentos en los que se basa la petición; comprometiéndose el Gobierno Autónomo a recabar el respaldo parlamentario para la consecución del objetivo que se persigue.
VIII.II. POLÍTICA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES
El primer informe anual del Consejo Económico y Social de Canarias contempla un apartado en el que detecta deficiencias a cubrir en el mapa sanitario de la Comunidad Autónoma.
En estos momentos ya han sido transferidas las competencias sanitarias y está en trámite parlamentario la Ley de Ordenación, por lo que, valorando las partes firmantes del pacto que propicia el Consenso Social alrededor del modelo sanitario es primordial en la elevación de la calidad de vida, acuerdan abrir una mesa en el marco de esta Concertación que coadyuve a generar este consenso. Asimismo, en dicha mesa se concertarán acuerdos sobre el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales que, entre otras posibles medidas, ayuden a paliar la escasez de equipamientos sociales en los nuevos barrios urbanos.
VIII.III. APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA L.O.G.S.E. EN CANARIAS
Uno de los ejes centrales del documento de Concertación Social es la valoración y, en consecuencia, los acuerdos pertinentes sobre la importancia fundamental de la formación para el fomento de la cohesión social y la integración en el mercado de trabajo.
Dados, por tanto, el valor estratégico de la Formación Profesional en el desarrollo del sistema productivo y en la competitividad de las empresas se acuerda que la mesa de protección social y calidad de vida instrumente la consecución de acuerdos sobre el desarrollo de la L.O.G.S.E. en Canarias y la participación en el diseño del Plan Canario de Formación Profesional.
Conscientes del papel socioeducativo y de la situación social y laboral en Canarias con desempleo, bolsas de pobreza e insuficientes servicios de asistencia social, se acuerda la potenciación social y asistencial de los comedores escolares.
VIII.IV. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
No cabe en un Acuerdo de Concertación Social, orillar lo que es la prevención de riesgos en el trabajo, materia de cuya importancia es muestra el copioso tratamiento legislativo que por su extensión no admite parangón a otras materias e instituciones laborales.
Conscientes de ello, las partes pondrán especial énfasis en el seguimiento y ejecución de las medidas de prevención de riesgos en el trabajo, impulsando la actuación de las Comisiones ya creadas para la Seguridad e Higiene en el Trabajo, programando y promoviendo la actividad de la Inspección de Trabajo en esta materia, con particular detenimiento en el sector de la construcción y aquellos otros donde se observen mayores índices de siniestralidad laboral.
Al mismo tiempo las partes efectuarán un seguimiento y control en todas aquellas obras que se financien con cargo a los presupuestos autonómicos, con el fin de que en las mismas se produzca una total observancia de las prescripciones legales en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
IX. ACUERDOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN O REFORMA DE LA PRIMERA FASE DE CONCERTACIÓN SOCIAL
IX.I. SUELO PÚBLICO
El Gobierno de Canarias se compromete en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la firma del presente Acuerdo, a arbitrar la fórmula que permita la habilitación de suelo público para la promoción y construcción de viviendas de protección oficial, tanto de Régimen General como Especial, a través de Cooperativas, preferentemente de origen sindical.
IX.II. ACUERDO SOBRE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
La importancia que la sociedad civil debe tener en el ejercicio de todo estado democrático se evidencia con la participación activa de los interlocutores sociales en los órganos colegiados de las Administraciones Públicas, así como en las empresas públicas.
Por eso, en la primera fase de la Concertación Social se suscribió un protocolo sobre participación institucional de los sindicatos en los organismos y entidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y ahora, en esta segunda fase se pretende avanzar en la consecución de tales objetivos para los cuales se acuerda lo siguiente:
1. La voluntad de que las organizaciones empresariales y los sindicatos participen en los órganos colegiados con competencias sectoriales de la administración directa e institucional de la Comunidad Autónoma de Canarias y en los órganos de administración de las empresas públicas.
2. Que dicha participación institucional confiera a los representantes designados por tales organizaciones la condición de miembros de los correspondientes órganos con los derechos y obligaciones inherentes al cargo.
3. Que tengan paticipación en proporción a su representatividad, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria.
4. Que en la composición de los órganos colegiados y empresas públicas estén como mínimo dos representantes por las organizaciones empresariales y dos por las organizaciones sindicales.
5. El Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes contado a partir de la firma del presente Acuerdo, aprobará el Decreto regulador de la citada participación institucional.
IX.III. SALARIO SOCIAL DE INTEGRACIÓN
Las partes firmantes de este Acuerdo han llegado al convencimiento de que han existido disfunciones no imputables a los firmantes del presente Acuerdo que han imposibilitado una eficaz implantación de la prestación económica del Salario Social de Integración. En tal sentido se ha convenido la reforma de la norma que regula el mismo en el seno de una mesa formada por representantes de las partes firmantes de este documento, que concluya un procedimiento ágil y eficaz, a partir de la realidad social y humana que se trata de atender, y comprensivo de la participación colaboradora de Ayuntamientos y Organizaciones Sindicales en la tramitación administrativa de la citada prestación social.
Es por eso que el Gobierno de Canarias, las Confederaciones Empresariales y las Centrales Sindicales acuerdan regular una nueva dimensión del Salario Social, en orden a que su aplicación y percepción cumplan el objetivo para el que fue creado, es decir, la inserción socio-laboral. En tal sentido, las partes mencionadas elaborarán, en el plazo de un mes desde la firma de este Acuerdo, las líneas básicas de la reforma, al objeto de que por el Gobierno de Canarias se emprenda la tramitación de su aprobación.
Dicha norma debe contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
- El fortalecimiento de la red básica, incluyendo en ésta que los sindicatos se conviertan en Centros Colaboradores.
- El desarrollo de un contrato de inserción, que fije los compromisos de formación, tanto profesional como básica, que promuevan al objetivo de la integración y aquellos otros que se estimen necesarios y sirvan a los objetivos de la inserción.
- La posibilidad de Convenios con empresas que faciliten la incorporación a puestos de trabajo de los afectados.
IX.IV. DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
En anexo al presente documento se determina el Reglamento del ámbito de la negociación colectiva del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. El mismo debe aprobarse y ponerse en funcionamiento por el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes a partir de la fecha de la firma del presente Acuerdo.
El organigrama de la negociación colectiva de la Función Pública será el que se dice: MESA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS MESA DE PERSONAL LABORAL MESA DE FUNCIONARIOS MESA DE ADMÓN. LOCAL MESA SECTORIAL DE PERSONAL SANITARIO
MESA DE UNIVERSIDADES MESA SECTORIAL DE ADMÓN. GENERAL MESA SECTORIAL DE DOCENTES N.U. Los temas que afecten a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma Canaria, que deban ser tratados por la Comisión Superior de la Función Pública, deberán ser previamente conocidos por las mesas específicas descritas en el presente organigrama.
IX.V. HOMOLOGACIÓN, ENCUADRAMIENTO Y FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Las partes firmantes del presente Acuerdo consideran necesario dar una solución dentro del marco en que se obtuvo el compromiso de funcionarización, homologación y encuadramiento del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias, y constituyen una Comisión Paritaria (Administración y Sindicatos presentes en la Mesa de Concertación) que analicé y proponga fórmula de aplicación de los compromisos adquiridos en materia de funcionarización de aquel personal laboral. En el plazo de un mes a partir de la firma del presente Acuerdo, la Comisión reseñada elevará a la Comisión Paritaria de Funcionarización del Convenio del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias, los acuerdos que se logren para su aplicación.
Para el desarrollo de los aspectos incluidos en este apartado, la Administración se compromete a aplicar en dos partidas distintas los fondos destinados al desarollo y ejecución de la misma, distinguiéndose por un lado una partida para Homologación y Encuadramiento de 400 millones y otra para Funcionarización.
Las partidas de 400 millones para Homologación y Encuadramiento correspondientes a 1994 y 1995, sólo podrán disminuir proporcionalmente en la cantidad que por homologación y encuadramiento corresponda a la disminución en las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral como consecuencia de la Funcionarización.
X. VIGENCIA Y SEGUIMIENTO DEL ACUERDO
Congruente con la firme resolución de las partes firmantes de este Acuerdo, de dotar de la máxima operatividad al mismo, manifiestan su voluntad de articular los mecanismos de coordinación, control y seguimiento que coadyuven al logro de los objetivos, cuya resolución asumen las partes.
La vigencia del presente Acuerdo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 1995, excepto para aquellos Programas o actuaciones a los que expresamente se les otorga un plazo superior para su desarrollo.
Para el seguimiento y desarrollo de los acuerdos firmados, es imprescindible dotarse de los instrumentos de coordinación precisos que posibiliten la participación de los firmantes en los elementos básicos que constituyen una Comisión que tendrá como finalidad básica el análisis y diagnóstico de la situación, la evaluación de los planes y programas, y la concertación de las líneas estratégicas.
Esta Comisión será la prolongación, tanto en su composición como en sus funciones, de la actual Mesa Central de Concertación Social y tendrá, entre otros, los cometidos siguientes: crear cuantos grupos de trabajo considere necesarios para estudio y seguimiento de aspectos particulares en relación con la aplicación de planes y programas. En base a lo cual y con el objeto de facilitar estas funciones y otras relacionadas con los distintos acuerdos, las Centrales Sindicales dispondrán de quince empleados públicos cada una, que serán liberados de servicio, a petición de éstas, hasta nuevo acuerdo.
Esta Mesa Central de seguimiento de los acuerdos será convocada por el Consejero de Trabajo y Función Pública, a iniciativa propia o a solicitud de una de las partes firmantes. Y será quien determine el inicio y final de los trabajos de las distintas Comisiones de trabajo que el desarrollo del Acuerdo requiere, así como de las que acuerde crear.
En concordancia con lo anterior se acuerda crear las siguientes mesas de trabajo, sin perjuicio de otras que fueran necesarias o que vienen demandadas por el propio desarrollo del Acuerdo:
1. De la Administración Pública Canaria.- Que abordará problemas respecto de los cuales no sea posible, por su contenido y alcance sociopolítico, llegar a acuerdo en los marcos y mesas de negociación específicos por trascenderlos, y sean importantes para la buena marcha de los servicios públicos.
Entre otros asuntos concretará aspectos como el establecimiento y negociación de la carrera administrativa, deuda social, paga de concertación y consolidación de la misma para todas las plazas de la R.P.T., funcionarización del personal laboral fijo superando lo establecido en la Ley de la Función Pública, fondos de acción social del personal laboral de 1992 y 1993, capacitación profesional y adaptación previa de las R.P.T., aquellos problemas que sean elevados por las mesas de negociación específicas, etc.
2. Del medio agrícola.- Que tendrá que elaborar un Plan de Desarrollo Rural, el acuerdo sobre la protección social al desempleo agrícola y propiciar la mejora del marco de relaciones laborales y la consecución de un Convenio Regional del Campo.
3. De calidad de vida y bienestar social.- Que entenderá sobre aspectos como, entre otros, los relacionados con las transferencias de las competencias de la sanidad a Canarias, Plan Canario de Formación Profesional, desarrollo de la reforma educativa, potenciación de comedores escolares.
XI. DISPOSICIÓN FINAL
Congruente con la firme resolución de las partes firmantes de este Acuerdo, de dotar de la máxima operatividad al mismo, manifiestan su voluntad de articular los mecanismos de coordinación, control, desarrollo que coadyuven al logro de los objetivos precedentemente fijados, estableciendo, consecuentemente de forma inmediata, las mesas de trabajo oportunas en orden a la elaboración de los planes específicos que han quedado comprendidos.
A N E X O
PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Preámbulo.- La filosofía de este Reglamento emana del compromiso de diálogo y consenso que se desprende de la legislación vigente del diálogo social. Es una apuesta de las partes firmantes para llevar adelante un entendimiento en la negociación colectiva, en definitiva se trata de conseguir que la defensa de los empleados públicos vayan siempre relacionados y en el mismo sentido que la defensa y la mejora de la calidad de los servicios públicos de esta Comunidad.
I
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto la delimitación de las competencias de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos en la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo sucesivo Mesa General, y la regulación de su funcionamiento.
Artículo 2.- La Mesa General está compuesta por los representantes nombrados, en razón de sus cargos, por el Gobierno de la Comunidad Autónoma, cuatro vocales y un asesor por cada una de las centrales sindicales con representación en su ámbito de actuación.
Artículo 3.- Ámbito de actuación.
Las que afecten a las condiciones sociolaborales de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 4.- La sede de la Mesa General será la de la Dirección General de la Función Pública.
Artículo 5.- Son órganos de la Mesa General: el Pleno, la Presidencia y la Secretaría.
Artículo 6.- El Pleno.
El Pleno estará formado por todos los miembros de la Mesa General, las sustituciones deberán ser comunicadas con anterioridad a cada sesión.
Los miembros de la Mesa General no podrán atribuirse la representación o facultades de ésta, sin que el Pleno lo disponga explícita y específicamente, y estarán amparados por las mismas garantías que los delegados sindicales.
Para su funcionamiento la Mesa General podrá nombrar Comisiones Técnicas y/o de Trabajo a las cuales dotará de atribuciones y competencias específicas.
Artículo 7.- Adopción de acuerdos y/o pactos.
Los acuerdos y/o pactos podrán adoptarse por la Administración y la mitad más una de las Organizaciones Sindicales representadas en la Mesa General.
Artículo 8.- Presidente.
Será el Presidente de la Mesa General el Consejero de Trabajo y Función Pública, y tendrá como funciones:
- Convocar a la Mesa General a propuesta de:
La Administración. Por acuerdo entre la Administración y la mitad más una de la representación sindical presente en la Mesa General. Por acuerdo de un mínimo de tres de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General. Una vez realizada la propuesta la Mesa General deberá reunirse antes de los diez días naturales.
- Fijar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, formuladas con la suficiente antelación.
- Moderar y dirigir los debates especialmente otorgando el uso de la palabra a quien lo solicite.
- Todas aquellas que el Pleno le atribuya.
Artículo 9.- La Secretaría.
Ocupará la Secretaría un funcionario adscrito a la Dirección General de la Función Pública, que mantendrá estricta neutralidad de actuación. Sus competencias consistirán básicamente en:
- Recoger por escrito el desarrollo de las sesiones en actas.
- Redactar y tramitar las convocatorias.
- Custodiar la documentación de la Mesa General.
- Recibir todo tipo de notificaciones, recoger las excusas de asistencia, o cualquier otro escrito del que haya de tener conocimiento el Pleno, o cualquiera de las partes que formen la Mesa General.
- Expedir las certificaciones que le sean solicitadas. - Realizar las funciones de trámite y de soporte técnico necesario para el funcionamiento de la Mesa General.
- Aquellas que el Presidente y/o el Pleno le encomienden expresamente.
En caso de ausencia del Secretario, el Presidente propondrá al Pleno un/a funcionario/a que cumpla los requisitos señalados en este artículo, para que le sustituya provisionalmente.
II
Artículo 10.- Funcionamiento.
La Mesa General deberá reunirse al menos dos veces al año, una por semestre.
Las propuestas de negociación deberán ser formuladas mediante escrito por la Administración o por las Centrales Sindicales presentes en la Mesa General.
Artículo 11.- Las cuestiones objeto de negociación serán las señaladas por la legislación vigente, así como de aquellos que afecten a la negociación colectiva.
Artículo 12.- El Pleno se considerará legalmente constituido cuando sea convocado según lo que establece este Reglamento para la adopción de acuerdos. La convocatoria se hará siempre por escrito, con una antelación mínima de tres días hábiles. En los casos de notoria urgencia se podrá reducir los plazos a dos días hábiles.
Iniciada una sesión, para que un tema pueda ser incluido en el orden del día por la vía de urgencia se necesitará el acuerdo según lo dispuesto en el artículo 7.
Artículo 13.- El acta de cada sesión será remitida junto con la convocatoria de la siguiente al objeto de su debate y aprobación. Cuando un miembro de la Mesa General deba hacer constar en un acta una intervención literal, entregará a la Secretaría el texto escrito que recoja exacta y fielmente el contenido de su intervención.
Las actas nunca pueden ser declaradas secretas.
Artículo 14.- Cuando algunas o el total de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General y los representantes de la Administración, respetando lo contenido en el artículo 7, consideren que han llegado al final de una negociación, y que por lo tanto es posible un compromiso, tramitarán a la Comisión de la Función Pública un acta especial con inclusión literal de la cláusula, delimitación de su ámbito objetivo y subjetivo, vigencia temporal y los datos que se crean necesarios para la exacta interpretación de su contenido.
Las Organizaciones Sindicales que no estén de acuerdo con la inclusión del pacto o acuerdo, harán constar en un informe sus motivos, que será remitido a la Comisión de la Función Pública junto con el anterior.
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