Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Juan Manuel Pérez Díaz la Orden de 27 de octubre de 1994 (libro 01, folio 050/916), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 35-1081/89.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote) la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviembre de 1994.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por D. Juan Manuel Pérez Díaz, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 18 de febrero de 1991, recaída en el expediente nº 35-1081/89, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 24 de octubre de 1989, en el locutorio telefónico-cambio de divisas, de su propiedad, sito en Teguise (Lanzarote), Complejo Las Cucharas, Costa de Teguise, y mediante acta instruida al efecto nº 12.296, comprobaron que tenía a disposición del público 8 cabinas telefónicas cuyos contadores de pasos se encontraban bajo el mostrador del encargado y fuera de la vista del usuario. Carecían igualmente de cartel indicador del precio del paso del contador. Preguntada a la compareciente por el precio al que cobraban el paso, manifestó que a 8 pesetas, confirmando y reconociendo la factura de denuncia (y que obra en el expediente) como propia. Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 5º de la Orden Ministerial de 22 de junio de 1982 (B.O.E. nº 196), para prestación al público del servicio telefónico a través de teléfono con recaudación directa por el titular.
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 31 de agosto de 1993, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
1. No es propietario del negocio que se le atribuye como tal, sólo figuraba en aquel momento como encargado.
2. La titularidad corresponde a la entidad Adoramas, S.A., con código de identificación fiscal nº 35117522, con domicilio en Apartamentos Las Cucharas, Local 1007, Teguise, la cual está formada, entre otros, por D. José Eloy Ordóñez Pandiella, con D.N.I. nº 10.528.085, domiciliado en la calle Segovia, 27.
3. En ningún momento ha sido notificado de ninguna de las actuaciones practicadas en el expediente 1.081/1989, motivo que le ha impedido hacer las alegaciones que formula en el recurso.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación lo siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 5º de la Orden Ministerial de 22 de junio de 1982 (B.O.E. nº 196), para prestación al público del servicio telefónico a través de teléfono con recaudación directa por el titular.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del extinto Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprobó el entonces vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, sí pueden ser tomadas en consideración, pues comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora, por cuanto:
1. Alega el recurrente la falta de titularidad del negocio atribuida, presentando la documentación que acredita su condición de empleado y constata al mismo tiempo la titularidad de la empresa Adoramas, S.A., por ello no puede ser objeto de sanción por cuanto no ostenta responsabilidad en el incumplimiento de la normativa aplicable a los productos suministrados conforme al artº. 27.1.a) de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
2. La falta de notificación, sin embargo, no afecta al caso que nos ocupa, puesto que tal y como consta en el expediente, no fue posible localizar por correo al hoy recurrente, pero la publicidad que se pretende con la notificación fue cumplida, puesto que cada uno de los trámites del expediente fueron publicados en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Teguise y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, tal y como exige el artº. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación de Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Estimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. Juan Manuel Pérez Díaz, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 18 de febrero de 1991, recaída en el expediente nº 35-1081/89, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, por lo que debe revocar y, consecuentemente, dejar sin efecto la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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