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Partiendo de la experiencia adquirida durante la vigencia del citado Decreto Territorial, se juzga conveniente, por un lado, incorporar a dicha reglamentación la regulación del procedimiento de otorgamiento, modificación y extinción de las autorizaciones administrativas que exige el ejercicio de la actividad, en orden a facilitar a los Cabildos Insulares la gestión y tramitación de estos títulos habilitantes; y, por otro lado, profundizar en aquellos requisitos materiales y personales que deben cumplir las empresas que se dediquen a esta actividad procurando que, tanto las que accedan a su ejercicio como las actualmente autorizadas, reúnan las condiciones de estabilidad económica y dedicación profesional necesarias para garantizar la prestación de un servicio digno, a la altura de las expectativas de los usuarios.
Deben destacarse por su importancia las facultades de comprobación y verificación que se confieren a la Administración tendentes a acreditar que las empresas dedicadas a la actividad de arrendamiento sin conductor de vehículos, mantienen vigentes, en todo momento, los requisitos exigidos para el desarrollo de la misma. Por otra parte, se ha buscado impedir, con la aplicación de soluciones ofrecidas por la normativa aplicable, que las empresas infractoras del sector aumenten el número de autorizaciones de las que disponen, o desvirtúen su actividad, transmitiendo o sustituyendo vehículos.
En la elaboración de la presente disposición han tenido audiencia las asociaciones profesionales más representativas de los sectores afectados y los Cabildos Insulares, como organismos competentes para el otorgamiento y gestión de las autorizaciones administrativas de arrendamiento de vehículos sin conductor.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Pesca y Transportes, previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 28 de octubre de 1994,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el arrendamiento sin conductor de turismos de más de tres ruedas se someterá a las normas establecidas en el presente Decreto y a las que en desarrollo de las mismas se dicten.
Artículo 2.- Vehículos.
Únicamente podrán destinarse a la actividad de arrendamiento de automóviles sin conductor, los vehículos de transporte de viajeros con una capacidad de hasta nueve plazas, incluida la del conductor, y que pueda ser conducido con permiso de la clase B-1. Artículo 3.- Obligatoriedad de la autorización y condiciones de los solicitantes. 1. Las personas físicas o jurídicas propietarias de vehículos que se pretendan dedicar a la actividad de arrendamiento sin conductor, deberán contar con una autorización administrativa referida a cada vehículo que lo habilite específicamente para la realización de dicha actividad.
2. En ningún caso podrán concederse autorizaciones conjuntamente a más de una persona física o jurídica ni a comunidades de bienes.
3. Cuando el solicitante sea persona jurídica deberá acreditarse que entre los objetos sociales de la misma figura el arrendamiento de vehículos sin conductor.
4. Salvo que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los tratados internacionales suscritos por el Estado español establezca otra cosa, para el ejercicio de la actividad de arrendamiento de vehículos regulada en el presente Decreto, deberá ostentarse la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Comunidad Europea.
Artículo 4.- Requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones.
La autorización prevista en el artículo 3 se otorgará cuando la persona física o jurídica solicitante cumpla, además de los requisitos expresados en el precepto citado, los siguientes:
a) Disponer de al menos un local u oficina, con nombre o título registrado, abierto al público en la localidad en que esté residenciado el vehículo y se vaya a ejercer la actividad. El referido local u oficina deberá destinarse exclusivamente a la realización de la actividad de arrendamiento de vehículos y tendrá que contar con la correspondiente licencia municipal de apertura de conformidad con lo previsto, con carácter general, en la normativa de régimen local sobre apertura de locales y oficinas.
No obstante, se permitirá la compatibilidad con otras actividades cuando éstas sean las propias de oficinas de cambio, empresas de compra-venta de vehículos, empresas mediadoras en la contratación turística o explotadoras de establecimientos turístico-alojativos.
b) Disponer de uno o varios garajes o instalaciones en cada isla donde tenga abiertas oficinas, con capacidad suficiente para albergar al menos el veinticinco por ciento (25%) de los vehículos en explotación en dicha isla, exigiéndose, en todo caso, que los mismos permanezcan en las mencionadas instalaciones en tanto no sean arrendados, debiendo contar, asimismo, con autorización municipal o, en caso contrario, se tendrá que acreditar, por medio de certificación expedida por el Ayuntamiento en donde estén residenciados los vehículos, que dicho garaje o instalación se destina al fin expresado.
El aumento del número de vehículos que se destinen a la actividad de arrendamiento, se autorizará cuando se demuestre el correspondiente incremento en el número de plazas en garajes o instalaciones que cubran el porcentaje citado en el primer párrafo de este apartado.
c) Figurar dada de alta como contribuyente en el impuesto sobre actividades económicas en el epígrafe correspondiente a la actividad de alquiler de turismos sin conductor.
d) Disponer en propiedad o en arrendamiento financiero tipo leasing al menos de veinte vehículos al iniciar la actividad, para los cuales deberán solicitarse conjuntamente las autorizaciones correspondientes. Una vez iniciada la actividad, bastará con la disposición y adscripción de al menos cinco vehículos para cada uno de los restantes locales u oficinas ubicados en diferentes municipios del archipiélago.
Artículo 5.- Disminución del número de vehículos.
La reducción del número de vehículos por debajo de los mínimos señalados en el último apartado del artículo anterior para el inicio de la actividad o para cada local, dará lugar a la revocación, en el primer caso, de la totalidad de las autorizaciones de las que disponga la empresa, y, en el segundo caso, de las autorizaciones de los vehículos adscritos al local de que se trate, si en el plazo máximo de tres meses a contar desde dicha disminución, no se realiza la incorporación de nuevos vehículos que completen el número mínimo establecido.
Artículo 6.- Condiciones y características de los vehículos. La autorización prevista en el artículo 3 será expedida siempre que el vehículo al que vaya a estar referida cumpla, además de los exigidos en el artículo 2, los siguientes requisitos:
a) Tener una antigüedad máxima de dos años contados desde su primera matriculación y estar residenciado en la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Haber superado, en su caso, las inspecciones o revisiones técnicas que resulten exigibles según la normativa vigente.
c) Tener suscrito con compañía o mutua debidamente autorizada, un seguro que cubra de forma ilimitada la responsabilidad civil frente a terceros por los daños y perjuicios que se deriven del uso y circulación de cada vehículo al que se haya de referir la autorización, además del seguro obligatorio previsto por la legislación vigente.
Artículo 7.- Obligación de llevar a bordo la autorización.
La tarjeta en la que se halla documentada la autorización administrativa o una fotocopia de la misma, deberá ir en todo momento en el vehículo, sin que sea necesaria su colocación en lugar visible.
Artículo 8.- Vigencia de la autorización en relación con la antigüedad de los vehículos.
1. Los vehículos dedicados a la realización de actividad de arrendamiento sin conductor no podrán continuar desarrollando dicha actividad cuando alcancen una antigüedad de cinco años contados a partir de la fecha de su matriculación inicial, quedando automáticamente sin efecto las autorizaciones a ellos referidas.
2. No obstante, cuando se trate de vehículos con potencia superior a 1.800 cm3, podrá prorrogarse la vigencia de las autorizaciones hasta que los mismos alcancen la antigüedad de siete años desde su matriculación inicial, en atención a su estado acreditado por la inspección técnica reglamentaria.
Artículo 9.- Validez de las autorizaciones.
1. Las autorizaciones reguladas en este Decreto tendrán validez en tanto los vehículos a los que estén referidas pertenezcan a la persona a la que fueron concedidas, quedando automáticamente sin efecto en el momento en que dichos vehículos sean transmitidos, salvo que se haya autorizado la novación subjetiva de dichos títulos habilitantes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.
2. Las personas físicas o jurídicas titulares de autorizaciones para la realización de la actividad de arrendamiento de turismos sin conductor vendrán obligadas a comunicar, en el plazo de treinta (30) días, al organismo que expidió dichas autorizaciones, la transmisión o baja de cualquier vehículo dedicado a la mencionada actividad, remitiendo o presentando los originales a fin de que aquél proceda a su cancelación.
Artículo 10.- Contratación.
1. El arrendamiento de vehículos de viajeros sin conductor se llevará a cabo en cualquiera de los locales u oficinas que la empresa tenga legalmente establecidos, si bien la formalización del contrato y la puesta a disposición del arrendatario del vehículo podrán realizarse en el lugar previamente pactado en la contratación. 2. Las contrataciones realizadas en establecimientos turísticos sin previa concertación sólo se podrán llevar a cabo cuando se esté en posesión de la licencia municipal a la que hace referencia el artículo 4.a), o se disponga de un local en iguales condiciones, en el municipio donde radique dicho establecimiento.
Artículo 11.- Contrato.
A efectos de control administrativo, deberá hacerse constar en el contrato de arrendamiento de vehículos, el nombre, domicilio, número del Documento Nacional de Identidad (o del que surta los mismos efectos) o código de identificación fiscal del arrendador y del arrendatario, así como el permiso de conducir de este último, la matrícula y marca del vehículo, plazo de duración del contrato y precio del arrendamiento, los impuestos a satisfacer, así como los seguros. Igualmente deberá quedar constancia de haberse hecho entrega al arrendatario del contrato, mediante la firma de una diligencia de recibo, lo que eximirá al arrendador de toda responsabilidad administrativa si dicho contrato no es llevado a bordo del vehículo. Artículo 12.- Subarrendamiento.
1. Las empresas arrendadoras, además de alquilar los vehículos de su propiedad, podrán subarrendar otros vehículos que previamente hayan tomado en arriendo de otras empresas y que cuenten con la necesaria autorización administrativa referida a aquéllos, debiendo reunir el contrato de subarriendo los mismos requisitos exigidos en el artículo anterior, pero sustituyéndose la referencia a la empresa arrendadora por la que realice el subarrendamiento.
2. La empresa subarrendadora deberá comprobar que el vehículo se halla debidamente autorizado y que cumple todos los requisitos establecidos. La responsabilidad administrativa por cualquier infracción relativa al vehículo o a su autorización corresponderá a la empresa propietaria del vehículo y a la que realice el subarrendamiento.
Artículo 13.- Precios.
1. Los precios de la actividad de arrendamiento sin conductor serán libres, debiendo en los locales u oficinas de cada empresa exponerse obligatoria y visiblemente los que la misma aplique para cada clase o tipo de vehículos, no pudiendo percibirse distintas cantidades que las anunciadas, salvo las ofrecidas a grupos especiales, empresas, tour-operadores, agencias de viajes y similares. No obstante lo anterior, la Consejería de Pesca y Transportes, atendiendo a circunstancias especiales que así lo demanden, podrá establecer tarifas de referencia. 2. En el correspondiente cuadro de precios deberán figurar la fecha de su entrada en vigor, el nombre de la empresa, identificación fiscal de ésta y los importes previstos para los arrendamientos de acuerdo con su duración y con el tipo de vehículos. Asimismo, deberá encontrarse sellado por el Cabildo Insular otorgante de la autorización.
3. En el precio base del arrendamiento estarán incluidos el importe de los impuestos que se satisfagan y el del seguro obligatorio de responsabilidad civil ilimitada por daños a terceros, circunstancia que se hará constar claramente en la tarifa.
4. De ofertarse por la empresa cualquier tipo de seguro voluntario será necesario que se haga constar en la tarifa una relación detallada del mismo, con sus coberturas claramente especificadas y su precio por día.
5. En las tarifas o listas de precios no se permitirá la inclusión de ningún tipo de propaganda que pueda inducir al cliente a error o confusión en la contratación.
Artículo 14.- Libro de Reclamaciones.
1. Los titulares de la actividad de arrendamiento sin conductor estarán obligados a tener a disposición de los usuarios un Libro de Reclamaciones en cada local u oficinas de la empresa, diligenciado por el organismo competente para expedir las autorizaciones.
2. En todos los locales figurará un rótulo bien visible con la leyenda: Existe un Libro de Reclamaciones a disposición de los usuarios.
3. El Libro de Reclamaciones se ajustará al modelo exigido en la normativa vigente reguladora de esta materia.
Artículo 15.- Procedimiento de otorgamiento de autorizaciones.
1. Las solicitudes de autorizaciones para la realización de la actividad a que se refiere el presente Decreto, se dirigirán al Cabildo Insular correspondiente en razón de la residencia del vehículo, y se presentarán en las oficinas públicas y por los medios admitidos en el ordenamiento jurídico administrativo.
2. El Cabildo Insular, una vez comprobada la concurrencia de los requisitos subjetivos y objetivos establecidos en este Decreto, procederá a dictar la oportuna resolución.
3. Otorgada la autorización, se podrá conceder un plazo improrrogable de tres meses a los efectos previstos en el artículo 16.4. Igual plazo se podrá conceder para las formalizaciones de los expedientes de transmisiones, sustituciones, rehabilitaciones o modificaciones de las autorizaciones concedidas.
Artículo 16.- Solicitudes.
1. A las solicitudes correspondientes será necesario acompañar, además de los documentos acreditativos de cumplir los requisitos establecidos en los artículos precedentes, la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante (D.N.I., pasaporte o documento que los sustituya), en el caso de persona física, y tarjeta de identificación fiscal, en el caso de persona jurídica.
b) Permiso de circulación de los vehículos a los que vayan a referirse las autorizaciones y tarjeta de inspección técnica de los mismos.
c) Justificante de haber depositado la correspondiente fianza a disposición de la Dirección General de Transportes Terrestres, en la forma y cuantía reglamentariamente establecidas.
d) Certificación expedida por la Delegación o Administración de Hacienda correspondiente, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias.
e) Certificación expedida por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, acreditativa del alta en el censo del Impuesto General Indirecto de Canarias (I.G.I.C.).
f) Certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, acreditativa de que el personal al servicio de la empresa se encuentra afiliado en el Régimen General, o documentos de cotización TC-1 y TC-2.
2. Los documentos anteriormente mencionados se presentarán bien mediante originales acompañados de fotocopia para su cotejo y unión al expediente, o bien mediante fotocopias de los mismos, debidamente compulsadas por órganos competentes, salvo el documento señalado con la letra c), que inexcusablemente deberá ser original.
3. La documentación referida a la empresa sólo se tendrá que presentar acompañando a una de las instancias cuando se soliciten, simultáneamente, autorizaciones para varios vehículos.
4. Cuando las solicitudes sean para vehículos a adquirir o la licencia municipal de apertura de los locales u oficinas esté en tramitación, la documentación correspondiente se presentará dentro del plazo señalado en el artículo 15.3. Artículo 17.- Transmisión de autorizaciones.
1. La Administración podrá autorizar la novación subjetiva de las autorizaciones, en favor de la persona que adquiera los vehículos a los que las mismas estuvieran referidas, siempre que:
a) Dicho adquirente cumpla todos los requisitos subjetivos y objetivos exigidos en este Decreto para el otorgamiento ex novo de dichas autorizaciones.
b) Los vehículos no tengan una antigüedad superior a tres años. No obstante lo anterior, no será exigible este requisito cuando se transfiera la totalidad de los vehículos en favor de un mismo titular.
c) No se disminuya el número de vehículos por debajo del establecido en el artículo 4.d).
2. La transmisión de estas autorizaciones imposibilitará el otorgamiento al cedente de otras de igual clase en los siguientes cinco años.
3. En caso de producirse alguna relación contractual que implique la utilización de autorizaciones expedidas a nombre de otra persona sin realizar previamente la transmisión de las mismas o la explotación de la actividad se realice por persona no autorizada, además de la incoación del correspondiente expediente sancionador, se procederá a la revocación de todas las autorizaciones de las que sean titulares los contratantes, previa audiencia del interesado.
Artículo 18.- Sustitución de vehículos.
La Administración autorizará la novación objetiva de las autorizaciones, por sustitución de vehículos, cuando el sustituto no rebase la antigüedad máxima exigida para el otorgamiento ex novo, y cumpla con los demás requisitos exigidos al efecto en este Decreto.
Artículo 19.- Modificación de las autorizaciones.
1. Los titulares de autorizaciones de arrendamiento sin conductor deberán solicitar de la Administración competente la modificación del contenido o condiciones de las mismas, incluido el cambio de domicilio, en cuyo caso habrá de acreditarse que el nuevo local y oficina reúnen el requisito de contar con la preceptiva licencia municipal de apertura.
2. Toda modificación de las características técnicas de los vehículos, además de no desvirtuar lo exigido en este Decreto, requerirá la previa autorización por los organismos competentes en materia de industria y tráfico. Artículo 20.- Tarjetas, visados y domiciliación.
1. Las autorizaciones administrativas reguladas en este Decreto se documentarán en tarjetas de transporte de la clase ASCV, en las que se especificarán su titularidad, domiciliación, que deberá coincidir con la de la oficina abierta al público exigida por el artículo 4, vehículo al que estén referidas, ámbito de actuación regional y demás circunstancias de la actividad que reglamentarimente se determinen.
2. En todo caso, los vehículos a los que hayan de estar referidas las autorizaciones, deberán tener en vigor la correspondiente tarjeta de inspección técnica (ITV), como condición para la validez de las mismas.
3. Las autorizaciones de transportes reguladas en el presente Decreto deberán ser visadas por el órgano otorgante de la misma, con la periodicidad que reglamentariamente se establezca y de acuerdo con el calendario que al efecto se determine, perdiendo, en caso contrario, los efectos habilitantes que les son propios.
Todo visado se efectuará previa constatación de que la persona titular de la autorización y el vehículo autorizado siguen cumpliendo los requisitos exigidos para su otorgamiento ex novo y que el referido vehículo no ha alcanzado una antigüedad superior a cinco o siete años, conforme establece el artículo 8.
Artículo 21.- Rehabilitación de autorizaciones.
Las autorizaciones que hayan perdido sus efectos por no haberse procedido a su visado, podrán ser rehabilitadas por el órgano competente para su expedición siempre que se solicite en el plazo de un año contado a partir del día de vencimiento del periodo ordinario de visado, el vehículo no tenga más de tres años de antigüedad y el solicitante acredite las razones que impidieron el cumplimiento de dicha obligación de visado.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Para la realización de la actividad de arrendamiento sin conductor en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con vehículos provistos de autorización de ámbito nacional expedida por otra Comunidad Autónoma, se deberá presentar ante la Dirección General de Transportes Terrestres del Gobierno de Canarias relación detallada de dichos vehículos, con expresión de la isla en la que van a prestar servicio, tiempo de permanencia en la misma, y demás datos que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Decreto. La Dirección General de Transportes Terrestres trasladará la mencionada relación al Cabildo Insular que corresponda.
Segunda.- La contratación de los arrendamientos de vehículos sin conductor en puertos y aeropuertos se realizará en los locales de las empresas dedicadas a esta actividad, ubicados en dichos recintos y autorizados por los organismos pertinentes, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto.
No obstante, las empresas de alquiler de vehículos que no cuenten con locales en recintos portuarios y aeroportuarios podrán, mediante contratación previa con el cliente, realizar esta actividad debiendo figurar en el contrato los datos de identificación del arrendatario, así como número, compañía y hora de vuelo o nombre del buque, con antelación a la puesta a disposición del vehículo en favor de dicho cliente.
Tercera.- La comprobación de que la licencia municipal de apertura a la que se refiere el artículo 4.a), ha sido desvirtuada por la empresa en cuanto a la naturaleza o fin para la que la misma fue concedida, producirá la revocación de las autorizaciones de transporte de los vehículos adscritos al local u oficina correspondiente, sin perjuicio de las sanciones municipales que procedan, previa incoación del correspondiente expediente en el que tendrá audiencia el interesado.
Cuarta.- El visado de empresas tendente a verificar el cumplimiento de las condiciones que deben reunir las mismas, regulado en el artículo 46.3 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (aprobado por el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre), se realizará por la Administración competente en cualquier momento que considere oportuno, solicitando a las mismas la documentación acreditativa que se estime pertinente.
La no realización de dicho visado en el plazo concedido al efecto, o la no aportación de la documentación requerida, implicará la caducidad, previa audiencia del interesado e incoación del correspondiente expediente, de todas las autorizaciones de que fuera titular la empresa.
Quinta.- No se otorgarán nuevas autorizaciones ni se permitirá llevar a cabo transmisiones, sustituciones o rehabilitaciones de autorizaciones de transporte, a aquellos titulares que tengan pendiente de abono sanciones pecuniarias, impuestas por Resolución firme en vía administrativa, como consecuencia de infracciones tipificadas en el título V de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Asimismo, el pago de las sanciones será requisito exigible para la formalización del visado de las tarjetas de transporte o el visado de empresa regulado en la Disposición Adicional Cuarta.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Las empresas que en el momento de la entrada en vigor del presente Decreto, vengan legalmente ejerciendo la actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor y no cumplan los requisitos previstos en el artículo 4 del presente Decreto, estarán obligadas a ajustarse, en el plazo de un año, a lo establecido en dicho artículo.
Segunda.- Las tarifas vigentes a la entrada en vigor de este Decreto sólo tendrán una validez de seis meses a partir de dicha fecha.
Tercera.- 1. Hasta tanto el Gobierno de Canarias establezca el régimen de fianzas que garantice el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones administrativas a las que hace referencia el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, no será exigible en el ámbito territorial del Archipiélago canario la constitución de dichas fianzas.
2. No obstante, los titulares de las autorizaciones reguladas en este Decreto que no depositen la correspondiente fianza en aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, vendrán obligados a constituirla tan pronto como entre en vigor la norma territorial que regula esta materia.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al Consejero de Pesca y Transportes para dictar cuantas normas sean precisas en ejecución, interpretación y desarrollo del presente Decreto.
Segunda.- Quedan derogadas o sin efecto cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto, y, en especial, el Decreto 7/1990, de 9 de enero.
Tercera.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de 1994.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE PESCA Y TRANSPORTES, Felipe Perdomo Torres.
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