BOC - 1994/144. Viernes 25 de Noviembre de 1994 - 2566

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2566 - RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1994, de la Dirección General de Comercio y Consumo, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artº. 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos. 1) VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38-121/94. INSTRUIDO A: Comunidad de Bienes Oliva y Oliva. D.N.I. o N.I.F.: Z-38312757.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de noviembre de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento mayorista situado en la nave 2, módulo 260, de Mercatenerife, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, propiedad de Comunidad de Bienes Oliva y Oliva, y mediante acta nº 32.922, instruida al efecto, comprobó que tenía expuestos y dispuestos para su venta, fuera de aparatos frigoríficos, los productos siguientes: paleta cocida y jamón cocido de diversas marcas, en envases metálicos, y entre otros datos de etiquetado consta: “Manténgase entre 0 y 5° C”; así como mortadela colgada de una barra, en cuyo etiquetado se dice: “Consérvese constantemente a la temperatura de +4°/6°C”. El compareciente D. Manuel Oliva Pérez manifiesta -así se recoge en Acta de Inspección- que el puesto es demasiado pequeño y tiene el expositor frigorífico cubierto con demasiados productos y ha de tenerse en cuenta que los productos que se citan en acta permanecen fuera de refrigeración desde la hora de la apertura 4 horas a las 8,30 aproximadamente de la mañana; es decir, horas en las que no hay calor y añade que esta obligación ha de hacerse cumplir en todos los puestos que están autorizados para la venta de dichos productos. Se comprueba la comisión de una infracción en materia de consumo, consistente en la conservación, a temperatura inadecuada, de los productos cárnicos descritos. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 2 y 6, de la Ley 26/1984, de 29 de julio (B.O.E. nº 178), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artº. 2, apartado 2.1.2 y artº. 3, apartado 3.3.1, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con el capítulo V del Código Alimentario Español, aprobado por Decreto 2.484/1967, de 21 de septiembre (B.O.E. números 248 a 253), y artº. 7, apartado 7.4, de la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre “Condiciones Generales de Almacenamiento Frigorífico de Alimentos y Productos Alimentarios”, aprobada por Real Decreto 168/1985, de 6 de febrero (B.O.E. nº 39). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en el expediente de que el Acuerdo de Iniciación fue notificado al interesado el día 17 de junio de 1994, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones, aportara documentos o informe, ni propusiera la práctica de prueba. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y en el artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a la Comunidad de Bienes Oliva y Oliva la sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

2) VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38-282/94. INSTRUIDO A: D. Carlos Castro Pérez. D.N.I. o N.I.F.: 41.827.423-Z.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de enero de 1994, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento dedicado a la compraventa de vehículos “Autos Aranda”, sito en la calle Ramón y Cajal, 53, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 33.203, instruida al efecto, se procede a comprobar reclamación con nº de Registro de Inspección 993/93, referente a la venta de vehículo marca Renault Chamade 19, matrícula TF-9489-AJ, por importe de 700.000 pesetas, en fecha 21 de octubre de 1993, que con posterioridad a su venta presenta unos defectos o vicios y el reclamante Sr. Fernando Sanz Antón solicita su reparación con cargos a la garantía del vehículo. En acta de inspección, el compareciente Sr. Carlos Castro Pérez manifestó que se comunicó al reclamante que el vehículo no tenía garantía. Se considera infracción en materia de consumo, la venta de un bien de naturaleza duradera sin entregar al adquirente el correspondiente certificado de garantía escrito. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 11 de la Ley 26/1984, de 24 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: como ya quedó de manifiesto ante el inspector actuante, el día 13 de enero de 1994, en acta nº 33.203, cuyo contenido ratificó plenamente, el reclamante, Sr. Fernando Sanz Antón, pese a ser debidamente advertido de que la empresa actuaba solamente como intermediaria en la venta del vehículo TF-9489-AJ y que, además, dicho vehículo carecía por ello de garantía, decidió libremente adquirirlo, formalizando al respecto la correspondiente compraventa, suscrita entre la parte vendedora y la compradora, directamente. Que, para mayor abundamiento, el Sr. Sanz Antón, antes de adquirir el referido vehículo, dispuso del mismo durante toda una mañana, con el fin de someterlo a las pruebas que estimase convenientes, al tiempo que un mecánico, de su plena confianza, efectuó una amplía revisión sobre dicho vehículo, con resultado satisfactorio, según manifestaciones del propio Sr. Sanz Antón. Que transcurridos varios días desde la compra del vehículo mencionado y ante las reclamaciones del Sr. Sanz Antón, se procedió a la reparación del motor de arranque y a la colocación de un nuevo bulbo de temperatura, en dicho vehículo TF-9489-AJ, por cuenta y con cargo a la empresa intermediaria y, por tanto, sin coste alguno para el Sr. Sanz Antón. Que de nuevo, posteriormente, el reclamante volvió para que, gratuitamente, se le solucionara un problema que, al parecer, el citado vehículo tenía en los frenos. Se le dijo, nuevamente, que el vehículo había sido probado y revisado, debidamente, antes de adquirirlo y que el pretendido problema de frenos podría ser debido al desgaste natural o motivado por el mal uso. Que resulta evidente la imposibilidad material para la empresa de hacer frente a reclamaciones como la que nos ocupa, producto, como se dijo, de un desgaste natural o de un mal uso, cuando se actúa por intermediación, como en este caso, a cambio de una comisión. Que además, ante la difícil situación económica por la que estaba atravesando esta pequeña empresa, se ha procedido a su baja en el Impuesto de Actividades Económicas y ante el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 22 y 29 de marzo de 1994, por cese de la actividad, como puede comprobarse en los documentos adjuntos. Suplica, se proceda a dejar sin efecto la propuesta de sanción, que se recurre. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones realizadas por el interesado no desvirtúan la infracción cometida. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y en el artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a D. Carlos Castro Pérez la sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

3) VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38-257/94. INSTRUIDO A: Centroszado, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-15388648.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de marzo del año en curso, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en la Tintorería VIT-SEC, sita en el Centro Comercial Alcampo, local nº 1, en Las Chumberas, del término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 33.439, instruida al efecto, se procede a comprobar reclamación con nº de Registro de Inspección 143/94, relativa a la entrega de una chaqueta para su limpieza el día 14 de enero del presente año, que al ir a retirar la reclamante presenta una mancha negra que abarca la casi totalidad de la zona del pecho del lado izquierdo. Se manifestó por el establecimiento que se trata de una mancha de bolígrafo, consecuencia de un bolígrafo que había en el bolsillo de la chaqueta, no haciéndose responsable del daño sufrido en la misma. Sin embargo, se procede a pasar cargos pues la chaqueta entró en buen estado en la tintorería, no existe ninguna causa de exención de responsabilidad en el resguardo de depósito, además de que se considera que la empresa debe revisar las prendas antes de proceder a su limpieza. Asimismo, el resguardo entregado al cliente no se ajusta a la legislación ya que adolece de nombre y N.I.F. de la empresa, de nombre y domicilio del usuario, servicio tipo solicitado, según artº. 3 del Real Decreto 1.453/1987, de fecha prevista de terminación del servicio y de firma y sello del prestador del servicio. Finalmente, se comprobó que no existía cartel de horario de prestación de servicios ni leyendas de información de derechos de los usuarios, ni un ejemplar del Real Decreto 1.453/1987, regulador de esta actividad. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 6.1 y 8.1 del Real Decreto 1.453/1987, de 27 de noviembre, que regula los servicios de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos (B.O.E. de 28 de noviembre de 1987); artº. 3, apartados 3.3.1, 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. de 15 de julio de 1983) y artículos 25 y 34, apartados 6 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. de 24 de julio de 1984). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de Iniciación fue notificado al interesado el día 11 de julio de 1994, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y en el artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a Centroszado, S.L. la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

4) VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38-261/94. INSTRUIDO A: D. Carlos Villar Encinoso. D.N.I. o N.I.F.: 43.350.635-M. MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de febrero de 1994, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en un establecimiento de venta al menor de vehículos del que es titular D. Carlos Villar Encinoso, sito en la Carretera General, 1, La Vera, en el término municipal de Puerto de la Cruz, levantando el acta nº 33.289, instruida al efecto de proceder a comprobar la reclamación provista en el Registro Interno de Inspección con el nº 66/94, interpuesta por Dña. Magdalena Hernández Abrante, con ocasión de unas presuntas irregularidades en la tramitación del traspaso del vehículo matrícula TF-9358-AD, a nombre de la reclamante, y que fue adquirido al interesado. En dicha visita se efectuó requerimiento para que en el plazo de diez (10) días se contestase a determinadas cuestiones relacionadas con la ya referida reclamación y que al no haberse atendido al requerimiento efectuado, en plazo, ni fuera de él, se considera cometida infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en el artº. 5, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en el expediente de que el Acuerdo de Iniciación fue notificado al interesado el día 20 de julio de 1994, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones, aportara documentos o informe, ni propusiera la práctica de prueba. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y en el artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a D. Carlos Villar Encinoso la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 10 de agosto de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

5) VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38-263/94. INSTRUIDO A: M.E.I.P. Instalaciones Electrónicas, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38302998.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de febrero de 1994, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en las oficinas de las que es titular la mercantil “M.E.I.P. Instalaciones Electrónicas, S.L.”, sitas en la calle Pino Alto, 19, de Las Moraditas en Taco, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, levantando el acta nº 33.343, instruida al efecto, para efectuar la comprobación de la reclamación de fecha 4 de enero de 1994, provista en el Registro Interno de Inspección con el nº 4/94, interpuesta por D. José Ángel Peña Penabad, con D.N.I. nº 71.872.106, con ocasión de una presunta negativa del interesado a reparar defectos en una alarma por él suministrada e instalada, datando los defectos denunciados desde septiembre de 1993. El compareciente, ante el inspector, y firmante del acta, D. Luis Suárez Santa Cruz, en calidad de administrador, manifiesta lo siguiente: Que el problema ocurrido en la instalación del reclamante consistió en que estando el mismo de viaje, al conectar la alarma, ésta se disparó por sí sola al cuarto día de haber sido conectada. Que este problema sólo ha ocurrido una vez y que hasta el día de hoy (11 de febrero de 1994) no ha podido desplazarse, hasta el domicilio del reclamante, un técnico de esta empresa, debido a la saturación de trabajo existente. Que esta saturación de trabajo continúa hoy día, por lo que no se podrá comprobar el estado de la alarma en breve plazo. Que antes del 31 de marzo de 1994, un técnico se desplazará hasta el domicilio del reclamante y comprobará el estado de la alarma, procediendo en el caso de que se detecte la avería, a su reparación. Que los anteriores hechos suponen la comisión de una infracción en materia de consumo, por cuanto se produce una negativa injustificada a la prestación de un servicio y una mala calidad del mismo, ya que se ha demorado en exceso a la solicitud del reclamante en cuanto a la reparación de la ya referida alarma, y no ha informado por escrito al reclamante, de forma previa, sobre los motivos de imposibilidad de la reparación. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en el artº. 2, apartados 2.1, 2.2 y 2.3, del Real Decreto 58/1988; artº. 3, apartados 3.1.4 y 3.2.8, del Real Decreto 1.945/1983; y artículos 11.5 y 34.4 y 9 de la Ley 26/1984. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en el expediente de que el Acuerdo de Iniciación fue notificado al interesado el día 20 de julio de 1994, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones, aportara documentos o informe, ni propusiera la práctica de prueba. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y en el artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a M.E.I.P. Instalaciones Electrónicas, S.L. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 11 de agosto de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

6) VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38-165/94. INSTRUIDO A: Armando Flores, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38294229.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de diciembre de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el Supermercado Los Gigantes, del que es titular la mercantil “Armando Flores, S.L.”, situado en la calle Flor de Pascua, 11, de Los Gigantes, en el término municipal de Santiago del Teide, levantando el acta nº 33.025, instruida al efecto, y comprobando que tiene expuesto y dispuesto para su venta al público el producto “papas del país”, y que al lado de la vitrina donde se expone hay una etiqueta que, entre otros datos, dice: “Patatas de consumo; variedad blanca; origen: Inglaterra”. Por tanto, no corresponden los datos del etiquetado al producto que se oferta a la venta, y siendo dicho hecho constitutivo de infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre, que aprueba el Registro de Aplicación de las Normas de Calidad para frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior, y Orden de 29 de octubre de 1986, del Ministerio con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, que modifica la de 6 de julio de 1983. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en el expediente de que el Acuerdo de Iniciación fue notificado al interesado el día 16 de junio de 1994, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones, aportara documentos o informe, ni propusiera la práctica de prueba. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y en el artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a Armando Flores, S.L. la sanción de multa de veinticinco mil (25.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

7) VISTO EL EXPEDIENTE Nº 38-346/94. INSTRUIDO A: Dña. Alicia Arvelo Gutiérrez. D.N.I. o N.I.F.: 41.818.506-K. MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de marzo de 1994, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en un establecimiento de teléfonos públicos de cabinas, del que es titular Dña. Alicia Arvelo Gutiérrez, sito en la Carretera Provincial, 8, del término municipal de Santa Úrsula, y mediante acta nº 033680, y comprobando que tiene a disposición del público tres cabinas telefónicas, careciendo de carteles que indiquen el precio del paso del contador. Dicho hecho supone la comisión de una infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en el artº. 3, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 5 de la Orden Ministerial de 22 de junio de 1982 (B.O.E. nº 196), para prestación al público del servicio telefónico con recaudación directa por el titular, de acuerdo con la Orden de 27 de abril de 1993, por la que se autoriza la modificación de determinadas tarifas de “Telefónica de España, Sociedad Anónima”. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: en escrito presentado en la Consejería de Industria y Comercio, el día 30 de agosto de 1994, y provisto en el Registro de Entrada con el nº 3772, el interesado manifiesta sucintamente lo siguiente: 1. Que si bien es cierto que en el momento de la visita de inspección a su establecimiento no existía en las cabinas de teléfonos el cartel del precio del paso del contador, no es menos cierto que ha puesto esos carteles muchísimas veces en el interior de las cabinas. 2. Que lo que le ha pasado muchas veces, según cree, es que las personas que hacen alguna llamada, si no tienen un papel a mano para tomar notas, arrancan el cartel y lo utilizan para ese fin. Y cree que eso es lo que ha pasado en esta ocasión, sin que la que suscribe se hubiera dado cuenta del fallo. 3. Que en ningún momento la que suscribe ha pretendido modificar para nada el precio del paso del contador, defraudando al consumidor; habiendo creído siempre que los carteles están en su sitio. Además, la gente que llama en sus cabinas son todos vecinos de aquellos alrededores y ya conocen el precio del paso. 4. Que no obstante lo dicho en el punto anterior, la que suscribe conoce perfectamente la obligación de que estén los carteles con el precio del paso del contador, y por ello siempre está pendiente de que se hallen en su sitio; habiendo sido una casualidad que hayan venido los inspectores en el momento del fallo; pues otras veces que han venido los han visto en su sitio. Por todo ello, solicita se digne ordenar quede sobreseído el expediente sancionador que se le instruye y archivado, sin más efectos. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado carecen de justificación legal que permita eximirle de responsabilidad. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y en el artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a Dña. Alicia Arvelo Gutiérrez la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 20 de septiembre de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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