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BOC Nº 144. Viernes 25 de Noviembre de 1994 - 2565

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

2565 - RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1994, de la Dirección General de Comercio y Consumo, sobre notificación de Acuerdos de Iniciación de expedientes sancionadores a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles el Acuerdo de Iniciación recaído en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artº. 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, los Acuerdos de Iniciación dictados en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, los correspondientes Acuerdos de Iniciación para su publicación en el tablón de edictos.

1) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO Visto el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a: INCULPADO: Fernando Díaz Rotquer. Nº EXPEDIENTE: 38-389/94. En base a los siguientes HECHOS: el día 17 de marzo de 1994, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el bar sito en la Carretera España, 20, del término municipal de Santa Úrsula, y mediante acta nº 33.679, instruida al efecto, se pudo comprobar que tenía a disposición del público un teléfono (TRM), verde y negro, que al descolgar el auricular marcaba como precio del paso 9,58 pesetas en el visor. La normativa vigente en el momento de levantarse el acta de inspección establecía el precio del paso de contador en 4,36 pesetas, actualmente está fijado en 5,70 pesetas al que se puede añadir un 35% de recargo, más un 4% de I.G.I.C. (Orden de 28 de julio de 1994, B.O.E. nº 181). Asimismo no se exhibía junto al teléfono cartel indicativo del precio del paso del contador, con el texto que figura en el anexo de la Resolución de 9 de julio de 1990, reguladora de los teléfonos protegidos de monedas. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículos primero y sexto de la Resolución de 9 de julio de 1990, del Delegado del Gobierno en Telefónica de España, por la que se dictan normas relativas a los teléfonos protegidos de monedas (TEPROM), en desarrollo de la Orden de 22 de junio de 1982 (B.O.E. nº 169); artº. 1, segundo párrafo, de la Orden de 22 de junio de 1982, de prestación al público del servicio telefónico con recaudación directa por el titular (B.O.E. nº 196); anexo I, primero y sexto, de la Orden de 27 de abril de 1993, por la que se aprueban determinadas tarifas de “Telefónica de España, Sociedad Anónima” (B.O.E. nº 101); artº. 3, apartados 3.2.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168) y artº. 34, apartados 5, 6 y 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: sanción de multa de hasta quinientas mil (500.000) pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artº. 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de cuarenta mil (40.000) pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a Dña. María Asunción Falcón Fernández y Secretaria a Dña. Clara Mercedes Pano Sánchez, quienes podrán ser recusadas por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B), apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artº. 8 del Real Decreto 1.398/1993. MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación a la Sra. Instructora del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

2) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO Visto el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a: INCULPADO: Industrias del Electrodoméstico, S.L. (A.R.M.). Nº EXPEDIENTE: 38-314/94. En base a los siguientes HECHOS: el día 11 de febrero de 1994, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el Servicio de Asistencia Técnica propiedad de la empresa “Industrias del Electrodoméstico, S.L. (A.R.M.)”, sita en la calle Las Chafiras, 50, nave 2, de Las Moraditas en Taco, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 33.344, instruida al efecto, procedió a comprobar la reclamación con nº de Registro de Inspección 786/93, presentada en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Puerto de la Cruz, por Dña. María Eugenia Blanco García el día 5 de octubre de 1993. La reclamación viene motivada por la tardanza en la reparación de un lavavajillas, así como por la realización de operaciones inadecuadas y la falta de alguna pieza. A la vista del escrito de reclamación, del acta y de la documentación incorporada al expediente, esta Dirección General comprueba la comisión de las siguientes infracciones en materia de defensa de los consumidores: 1ª) Que, según reconoce la compareciente Dña. Milagros Marrero Guerra, en el acta de referencia, no se entregó el preceptivo resguardo de depósito a la reclamante. 2ª) Que no suministraron las piezas de repuesto en el plazo de un mes previsto en la norma reguladora que después se citará. 3ª) Que la empresa encartada incumplió la obligación asumida en acta, de presentar contestación escrita sobre los motivos de la reclamación, en el plazo de diez días concedido al efecto, lo que supone una negativa injustificada a colaborar con el Servicio de Inspección. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: Primer hecho: artº. 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artº. 3, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 3 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico. Segundo hecho: artº. 34, apartado 6, de la Ley 26/1984 (citada), artº. 3, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983 (citado) y artº. 4 del Real Decreto 58/1988 (citado). Tercer hecho: artº. 34, apartado 8, de la Ley 26/1984 (citada) y artº. 5, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: sanción de multa de hasta quinientas mil (500.000) pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artº. 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Francisco Javier Ramos García y Secretaria a Dña. Aurora Marina Bolaños Martín, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B), apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artº. 8 del Real Decreto 1.398/1993. MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

3) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO Visto el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a: INCULPADO: Borges Óptico. Nº EXPEDIENTE: 38-312/94. En base a los siguientes HECHOS: el día 18 de febrero de 1994, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la empresa Borges Óptico, sita en la calle Pérez Galdós, 20, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 33.293, instruida al efecto, procedió a comprobar la reclamación presentada en la Dirección Territorial de Santa Cruz de Tenerife por D. Juan Ignacio Martínez Albillo el día 7 de diciembre de 1993. Dicha reclamación, a la que se asignó el nº de Registro de Inspección 943/93, viene motivada por la venta de unas lentillas usadas. En dicha visita, el compareciente D. Alejandro Enrique Bordes Sanz manifiesta que el titular del establecimiento no se encuentra en la isla y que quien atiende la Óptica es él. Se compromete a entregar el acta al titular con el fin de que, en el plazo de diez días hábiles, conteste sobre los extremos siguientes: 1º) Si el reclamante es cliente del establecimiento. 2º) Si adquirió unas lentillas a primeros de septiembre de 1993. 3º) Si el citado señor tuvo o no problemas de adaptación de las lentillas. 4º) Si sabe quién es su proveedor habitual de lentillas y en este sentido se aporten facturas de compras de lentillas. 5º) Se describa qué tipo de lentillas se colocaron al reclamante con su correspondiente informe y cuál es el procedimiento que se sigue si a un cliente no le pueden adaptar unas lentillas, debido a que sus ojos no las soportan, en cuanto a posible devolución de cantidades o cambios por otros productos. Asimismo debe presentar el documento sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas. Mediante visita efectuada el día 8 de marzo de 1994 (acta nº 33.539), se procedió a subsanar error material padecido en la data del acta nº 33.293. El hecho que se imputa es una falta de colaboración con el Servicio de Inspección, ya que la empresa encartada no aportó el informe que le solicitó el inspector actuante, sobre los extremos señalados anteriormente, ni el documento sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 34, apartado 8, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artº. 5, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: sanción de multa de hasta quinientas mil (500.000) pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artº. 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Francisco Javier Ramos García y Secretaria a Dña. Aurora Marina Bolaños Martín, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B), apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artº. 8 del Real Decreto 1.398/1993. MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

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