No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artº. 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-246/94. INSTRUIDO A: D. Miguel Arteaga Díaz. D.N.I. o N.I.F.: 41.916.783-L.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de enero de 1994, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el taller auto-electricidad Miguel Arteaga, sito en la carretera de El Rosario, km 8,5, Barranco Grande, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 33.193, instruida al efecto, comprobó la reclamación presentada en la Dirección Territorial de Santa Cruz de Tenerife el día 10 de enero de 1994, por D. Fernando González Mosquera, que se tramita con el nº 14/94. Dicha reclamación viene motivada por la exigencia de un precio por mano de obra equivalente a 3,45 horas, cuando señala el reclamante que el tiempo invertido fue inferior, en la reparación del vehículo marca Citroen AX GT, matrícula OR-4274-K. En la visita de inspección, el compareciente D. Miguel Arteaga Díaz manifestó que el reclamante no pidió presupuesto previo, razón por la cual no se le dio y, dado que estuvo permanentemente presente durante la reparación, no se dio al reclamante resguardo de depósito. A la vista del contenido de la reclamación, del acta de inspección y de la documentación a ellos adjunta, se comprueba la comisión de las infracciones que se detallan a continuación: 1ª) Se realizó una prestación de servicio sin que el reclamante hubiese concedido su conformidad mediante la firma del presupuesto previo o hubiese renunciado de forma fehaciente a la elaboración del mismo. 2ª) No se entregó resguardo acreditativo del depósito del vehículo. 3ª) En la factura expedida por el taller, no se consignaron el nombre, apellidos y Número de Identificación Fiscal del cliente. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en los artículos 13 y 34, apartados 5 y 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en conexión con los artículos 14, 15 y 19, letra j), del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicio en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes, y artículo 3º del Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedición y factura por empresarios y profesionales, modificado por el artículo 4º del Real Decreto 1.624/1992 (B.O.E. nº 314). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 28 de julio de 1994, dentro del plazo concedido al efecto, el interesado presentó escrito de alegaciones, en el que manifiesta: 1º) Que D. Fernando González Mosquera, durante el tiempo que permaneció en el taller, estuvo en todo momento al corriente de las manipulaciones que se hacían y de las diversas circunstancias que se produjeron y no presenta reclamación por ninguno de los hechos que posteriormente se añaden al expediente, sino que la reclamación presentada versaba sobre una apreciación subjetiva en cuanto al tiempo de mano de obra facturado, sin que sea facultad del Órgano actuante la posibilidad de terciar en esta cuestión. 2º) Que, en cuanto al presupuesto, es completamente incierto que al cliente D. Fernando González Mosquera no se le ofreciera presupuesto previo o, en su defecto, él renunciara; antes bien, por el contrario, ante el requerimiento por parte del cliente de los servicios de reparación para una avería que presentaba el alzacristales del vehículo OR-4274-K, se le informó de la necesidad de desmontar la correspondiente puerta para, una vez detectado el alcance de la avería, poder presupuestar el importe de la reparación. En consecuencia, la única prestación de servicio que se realizó fue precisamente la encaminada a la preparación del presupuesto previo de reparación que, si bien no llegó a plasmarse en el papel, es obvio que existió de forma verbal, siendo ésta la forma en que igualmente el Sr. González Mosquera no estuvo de acuerdo con el mismo motivo por el cual no se llevó a cabo la reparación. Que el tiempo empleado fue el facturado (3,45 h) y en el taller está perfectamente visible el precio de la mano de obra, y si a ello unimos que el cliente estuvo presente en todo el proceso sin que en el transcurso pusiera objeción alguna, resulta evidente que no aceptó la realización de los trabajos por no comunicarle el presupuesto, que debería aceptar el pago de los trabajos en los que ha estado de acuerdo en su realización. 3º) Que en cuanto al depósito, el cliente estuvo presente durante todo el transcurso de los trabajos, sin que en ningún momento llegara a dejar solo el vehículo. 4º) Que en cuanto a la factura sí constan el nombre y apellidos del cliente, pero no el N.I.F., ya que éste se negó a proporcionarlo. Termina en solicitud de archivo. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: 1º) No se entra a considerar la primera alegación, por resultar imposible determinar si el tiempo empleado en la reparación fue excesivo. 2º) El inculpado reconoce que no se confeccionó presupuesto escrito cuando afirma ... si bien no llegó (el presupuesto) a plasmarse en el papel, sin que tampoco haya constancia de que el cliente hubiese renunciado, de forma expresa, a su elaboración. En consecuencia, se incumplió el artº. 14, apartado 5, del Reglamento regulador. 3º) Implícitamente reconoce el inculpado en su escrito que no se extendió resguardo de depósito, requisito que, a tenor del apartado 7 del precepto antes citado, debe cumplirse cuando el vehículo quede depositado en el taller, tanto para la elaboración de un presupuesto como para llevar a cabo una reparación previamente aceptada. Es irrelevante que, durante el tiempo que duró la reparación, el propietario estuviese presente, ya que, en cualquier caso, el vehículo estuvo depositado. 4º) Se admite parcialmente la última alegación, ya que en la factura constan los apellidos del cliente, pero no se consignó el D.N.I. o N.I.F., incumpliendo la normativa reguladora de facturas. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Miguel Arteaga Díaz la sanción de multa de treinta mil (30.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 4 de agosto de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen. 2) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-77/93. INSTRUIDO A: D. Ángel Rodríguez Ramos. D.N.I. o N.I.F.: 42.008.786-E.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de septiembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la empresa Autos Ucanca, sita en la calle General Franco, 26, término municipal de Arona, y mediante acta nº 31.059, instruida al efecto, se pudo comprobar la reclamación con nº de Registro de Inspección 530/92, siendo el motivo de la misma el cobro por la empresa encartada de los gastos derivados del reventón de una rueda en coche de alquiler, pudiendo constatar esta Instrucción que según facturas que obran en el expediente, la empresa expedientada cobró al reclamante la cantidad de 7.000 pesetas por rotura de una goma, incumpliendo la cláusula quinta del Contrato de Alquiler que disponía: El arrendador se hará cargo de gastos habidos durante el arrendamiento por engrases, cambios de aceite, pinchazos y pequeñas reparaciones, debiendo el arrendatario justificarlos con los oportunos recibos o facturas. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartado 8, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.1.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 16 de marzo de 1993, el interesado presentó escrito de descargo en el que manifiesta que la rotura de goma forma parte de un pequeño accidente del cual el arrendatario deberá pagar una franquicia de 10.000 pesetas, ya que es un error aplicar la cláusula 5ª en lugar de la 3ª. Termina en solicitud de archivo del expediente. El día 30 de septiembre de 1993, el interesado presentó escrito de alegaciones, en el que reitera lo manifestado en descargos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Ángel Rodríguez Ramos la sanción de multa de treinta mil (30.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de octubre de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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