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Se hace saber a la empresa Prudencio Andrés Acosta Padrón, que se halla en ignorado paradero, que, con fecha 20 de abril de 1994, se ha procedido por esta Viceconsejería para las Administraciones Públicas a la incoación de expediente administrativo de cancelación de inscripción de empresa operadora, por incumplimiento del artº. 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 132/1989, de 1 de junio, y el Decreto 89/1990, de 23 de mayo, en lo que a constitución de fianzas se refiere. Dado que con fechas 29 de junio y 19 de julio de 1993, esta Viceconsejería remitió anuncios al Boletín Oficial de Canarias, comunicando la obligatoriedad, en el plazo máximo de un mes, desde el vencimiento de las pólizas, de constituir nuevas fianzas, a fin de responder de las obligaciones derivadas de las responsabilidades económicas en que pudiera incurrir en el ejercicio de su actividad.
En consecuencia, a fin de que pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede un plazo de diez días, a contar de la presente publicación.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 1994.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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