Habiendo sido intentada la notificación de la Resolución de 21 de marzo de 1994, en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Servicios Sociales, sin que haya sido recibida por la recurrente interesada, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:
1.- Notificar a Dña. María de la Candelaria Ramírez Navarro la Resolución de 21 de marzo de 1994, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre de 1994.- El Viceconsejero de Asuntos Sociales, Rafael Sastre Merinero.
A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto por Dña. María de la Candelaria Ramírez Navarro contra la Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales, de 31 de mayo de 1993, por la que se deniega la ayuda económica básica.
FUNDAMENTOS DE HECHO
Primero.- Que con fecha 15 de diciembre de 1992, tiene entrada en la Dirección General de Servicios Sociales solicitud de ayuda económica básica, adjuntándose la documentación pertinente, la declaración expresa e informe social a que hace referencia el artº. 10 respectivamente del Decreto 133/1992, de 30 de julio.
Segundo.- Que la mencionada Dirección General resuelve, con fecha 31 de mayo de 1993, denegar a Dña. María de la Candelaria Ramírez Navarro la citada prestación al no quedar acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artº. 4 del Decreto 133/1992, en concreto, superar el límite establecido de recursos económicos, lo que fue notificado al interesado con fecha 10 de junio de 1993, la cual con fecha 9 de agosto de 1993, interpone recurso ordinario contra la misma.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que es competencia de esta Viceconsejería la resolución del recurso por ser este organismo el superior inmediato del órgano que dictó la Resolución impugnada, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 107 y 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y asimismo en el artº. 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración autonómica de Canarias.
Segundo.- El artº. 4.1º.c), primer párrafo del Decreto 133/1992, de 30 de julio, por el que se regulan con carácter urgente ayudas económicas básicas, establece que Podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes carezcan de medios suficientes para atender sus necesidades de subsistencia y reunir los requisitos de no contar con recursos económicos en cuantía igual o superior a la que de ayuda económica básica pudiera corresponderle.
Según el artº. 5 del citado Decreto La determinación de los recursos propios del solicitante se realiza en cómputo anual. Por tanto, según los datos económicos de la solicitud el modo de subsistencia de la unidad familiar es trabajo de limpieza por hora, proveniendo 28.000 pesetas mensuales aproximadamente, lo que en cómputo anual hacen un total de 336.000 pesetas. Por consiguiente, los recursos económicos de la solicitante son 336.000 pesetas, y esta cantidad es superior a la que de ayuda económica básica pudiera corresponderle, ya que al estar compuesta la unidad familiar de dos miembros, el importe de la ayuda es de 35.000 pesetas y al concederse la misma (artº. 13) por un periodo de seis meses, lo que pudiera corresponderle son 210.000 pesetas.
Por tanto, los recursos económicos son de cuantía superior a la que de ayuda económica básica pudiera corresponderle, con lo que de conformidad con lo expuesto, esta Viceconsejería resuelve desestimar el recurso interpuesto por la recurrente.
Visto el Decreto 133/1992, de 30 de julio, por el que se regulan con carácter urgente ayudas económicas básicas, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Decreto 252/1991, de 3 de octubre, por el que se adapta la estructura de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a la nueva organización y estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria, esta Viceconsejería de Asuntos Sociales
r e s u e l v e: Desestimar el recurso ordinario interpuesto por Dña. María de la Candelaria Ramírez Navarro contra la Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de 31 de mayo de 1993, y en consecuencia confirmar ésta en todos sus extremos.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a la Dirección General de Servicios Sociales exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de marzo de 1994.- El Viceconsejero de Asuntos Sociales, Rafael Sastre Merinero.
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