Se hace saber a la empresa Prudencio Andrés Acosta Padrón, que se halla en ignorado paradero, que, con fecha 20 de abril de 1994, se ha procedido por esta Viceconsejería para las Administraciones Públicas a la incoación de expediente administrativo de cancelación de inscripción de empresa operadora, por incumplimiento del artículo 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 132/1989, de 1 de junio, y el Decreto 89/1990, de 23 de mayo, en lo que a constitución de fianzas se refiere. Dado que con fechas 26 de mayo de 1993 y 27 de abril de 1993, esta Viceconsejería remitió a esa empresa escrito comunicando la obligatoriedad, en el plazo máximo de un mes, desde el vencimiento de las pólizas números 1.841.032, 1.841.035 y 1.728.474 (el 19 de octubre de 1993, las dos primeras, y el 10 de julio de 1993, la tercera), de constituir nuevas fianzas, a fin de responder de las obligaciones derivadas de las responsabilidades económicas en que pudiera incurrir en el ejercicio de su actividad.
En consecuencia, a fin de que pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede un plazo de diez días hábiles a contar de la presente publicación. Sin perjuicio del mes concedido, a partir de esta fecha, para la reposición de las citadas fianzas.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de octubre de 1994.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, p.s., el Jefe del Servicio de Asuntos Generales y Gestión del Juego, José Antonio Frías García (Orden de 4.10.94; B.O.C. nº 122, de 5.10.94).
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