Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. José Miguel Santos Morán la Orden de 8 de agosto de 1994 (libro 01, folio 033/nº 642), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, recaída el 19 de agosto de 1993.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de octubre de 1994.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Orden de 8 de agosto de 1994, por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. José Miguel Santos Morán frente a la Resolución dictada por la Dirección General de Industria y Energía, recaída el 19 de agosto de 1993, sobre facturaciones de Emalsa.
Visto el recurso ordinario formalizado por D. José Miguel Santos Morán frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de fecha 19 de agosto de 1993, sobre facturaciones del abonado de Emalsa nº 02.2605.130.04, y teniendo en cuenta los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 21 de mayo de 1993, D. José Miguel Santos Morán, con domicilio en la calle León, 24, 3ºB, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, interpuso reclamación ante la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas por, a su juicio, excesivas facturaciones de Emalsa.
Segundo.- Al objeto de determinar de forma fehaciente el funcionamiento correcto o no del contador del abonado, por parte de los Servicios de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, se procedió con fecha 15 de junio de 1993 a levantar la oportuna Acta de Verificación de contador, con el resultado de funcionar con normalidad con un error de -4% fuera de los límites legalmente admisibles, por lo que se estima que su funcionamiento no es reglamentario, al ser error admisible Qt_Q_Qmax=±2%.
Tercero.- A la vista de lo anterior, la Dirección General de Industria y Energía (y suscrito por el Jefe de Servicio de Seguridad Industrial, en virtud de delegación de firma por Resolución del 23 de marzo de 1993) dictó Resolución en el sentido de considerar correctas las tres últimas facturaciones emitidas por la empresa suministradora de agua, XI-92, I y III-93, esta última de 46 m3 que se corregirá a 11.160 pesetas, así como la de V-93 de 40 m3, que se corregirá a 9.538 pesetas, y la de VIII-93 de 31 m3.
Cuarto.- Contra la citada Resolución se interpone por la parte recurrente recurso ordinario, en resumen, no estar de acuerdo con la facturación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
En relación con los requisitos de admisibilidad del presente recurso ordinario, no cabe formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto que el escrito de impugnación se ha interpuesto en tiempo y forma, siendo la Consejería de Industria y Comercio el Departamento competente para conocer el presente recurso.
II
Los argumentos esgrimidos por la parte recurrente en nada alteran los fundamentos de la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía adoptada con base a lo dispuesto en el artº. 46 del Decreto de 12 de marzo de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía eléctrica, aplicable también a los suministros de agua, por Orden de 15 de marzo de 1963 (B.O.E. nº 72, de 25 de marzo), precepto que continúa vigente tras la modificación parcial del citado Reglamento contenida en el Real Decreto 1.725/1984, de 18 de julio (B.O.E. nº 230, de 24 de septiembre).
III
Se advierte en la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, de 19 de agosto de 1993, un error material por cuanto en el párrafo 3º se dice textualmente lo siguiente: se consideran correctas las tres últimas facturaciones emitidas por la empresa suministradora de agua, cuando debió decir no se consideran correctas las tres últimas facturaciones emitidas por la empresa suministradora de agua. Por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resulta procedente rectificar dicho error en esta vía de recurso.
IV
Que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Los Reales Decretos números 2.578/1982 y 2.091/1984, de 24 de julio y 26 de septiembre, denominados, respectivamente, de transferencias de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la entonces Junta de Canarias en materia de industria y energía, y de valoración definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma Canaria en materia de industria, energía y minas (B.O.E. números 248, de 16.10.82, y 278, de 20.11.84), así como el Decreto 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior Decreto 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116).
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
1. Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. José Miguel Santos Morán, frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 19 de agosto de 1993, sobre facturaciones de Emalsa.
2. El mencionado error existente en el apartado 4º de la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 19 de agosto de 1993, queda rectificado de la manera que se recoge en el Fundamento de Derecho III de la presente Orden.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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