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BOC Nº 142. Lunes 21 de Noviembre de 1994 - 2496

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Pesca y Transportes

2496 - RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, que resuelve el recurso de alzada interpuesto por Cementos Archipiélago, S.A.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Cementos Archipiélago, S.A. la Orden de 27 de octubre de 1993 (libro nº 2, folio 11, nº 241), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 655/92 (expediente nº TF-0914-I-92), interpuesto contra la Resolución del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes, de fecha 7 de octubre de 1992.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 1994.- El Secretario General Técnico, Antonio Betancort González.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Cementos Archipiélago, S.A.

Visto el recurso de alzada formulado por Cementos Archipiélago, S.A. contra la Resolución del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes de fecha 7 de octubre de 1992, recaída en el expediente sancionador nº TF-0914-I-92, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula TF-00895-R, un transporte privado de mercancías (cemento), careciendo de autorización administrativa para ser arrastrado por una cabeza tractora con tarjeta de transportes T.D. y dando lugar a la sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas. Segundo.- El recurso de alzada interpuesto alega, en resumen, que tenía entendido que teniendo tarjeta de transportes el camión tractor, el semirremolque quedaba exento de este requisito, por lo que la empresa no había solicitado la correspondiente autorización administrativa instando se deje sin efecto el expediente incoado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Consejero de Pesca y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, en relación con el artº. 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes de fecha 7 de octubre de 1992, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artº. 141.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artº. 198.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, en relación con lo regulado por el Decreto 12/1992, de 7 de febrero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transportes.

Teniendo en cuenta que resultan probados los hechos descritos en el Acta de infracción levantada en fecha 26 de junio de 1992, sin que lo alegado por la entidad recurrente constituya circunstancia atenuante alguna de la responsabilidad administrativa derivada de la comisión de la infracción denunciada, en consecuencia, procede confirmar la Resolución sancionadora impugnada, manteniendo la sanción impuesta.

Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación, D I S P O N G O:

Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por Cementos Archipiélago, S.A., y confirmar la Resolución del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes de fecha 7 de octubre de 1992, recaída en el expediente sancionador nº TF-0914-I-92, que determinó la imposición de una sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Pesca y Transportes, Felipe Perdomo Torres.

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