No teniendo constancia esta Dirección General de Vivienda del domicilio de Dña. Manuela Medina Hernández, y siendo preciso notificarle la imposición de multa coercitiva recaída en el expediente sancionador VL-18/88, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a Dña. Manuela Medina Hernández la imposición de multa coercitiva recaída en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
Habiendo sido desatendida por Vd. la ejecución de las obras correctoras impuestas por Resolución firme de esta Dirección General de fecha 30 de enero de 1989, recaída en el expediente de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 23 de noviembre de 1940 y artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en imponerle multa coercitiva por importe de veinticinco mil (25.000) pesetas, cuyo pago deberá hacer efectivo en el plazo de ocho días, ante la Sección de Régimen Económico, Habilitación y Pagaduría de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, apercibiéndosele de que, de no hacerlo así en el plazo señalado, se procederá a la expedición de certificación de descubierto para su exacción por la vía de apremio.
Igualmente se le significa que, de persistir en el incumplimiento de lo ordenado en la citada Resolución, se le podrá imponer sucesivas multas coercitivas hasta su total ejecución.
Estas multas coercitivas, como actos de impulsión de procedimiento, no tienen carácter resolutorio y, por tanto, no son recurribles en ulterior instancia.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de 1994.- El Director General de Vivienda, José María Senante Mascareño.
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