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BOC Nº 130. Lunes 24 de Octubre de 1994 - 2227

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

2227 - RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, que resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Chung Goo Lee, contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 6 de octubre de 1993.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Chung Goo Lee la Orden de 22 de agosto de 1994 (libro 01, folio 036/nº 674), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 35/27/93.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre de 1994.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por D. Chung Goo Lee, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 6 de octubre de 1993, recaída en el expediente nº 35/27/93, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, y RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 1 de febrero de 1993, en el Supermercado Coreano-Víveres Orientales, propiedad de D. Chung Goo Lee, sito en la calle Valencia, 687, planta baja, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y mediante acta levantada al efecto nº 39391, comprobaron que tenía expuestos para su venta al público unos 90 sacos que según el compareciente contenían arroz para el consumo humano, al precio de 3.500 pesetas/saco, careciendo sus etiquetados de los datos expresados en español.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el apartado VIII de la Orden Ministerial de Presidencia del Gobierno de 12 de noviembre de 1980 (B.O.E. nº 278), por la que se aprueba la Norma de Calidad para el arroz envasado con destino al consumo en el mercado interior, y el apartado VIII, capítulo IV y artº. 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 9 de noviembre de 1993, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

1. Que la sanción impuesta es desproporcionada, dada la escasa importancia de la infracción.

2. Que no se ha producido daño ni perjuicios para terceros.

3. La pequeña capacidad económica del recurrente para el que el importe de la multa supone un grave quebranto económico. Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el apartado VIII de la Orden Ministerial de Presidencia del Gobierno de 12 de noviembre de 1980 (B.O.E. nº 278), por la que se aprueba la Norma de Calidad para el arroz envasado con destino al consumo en el mercado interior y el apartado VIII, capítulo IV y artº. 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución recurrida, por cuanto: tal y como se indicó en el Considerando tercero, la determinación de la cuantía de la sanción impuesta por la Dirección General de Comercio y Consumo, habilitada al efecto por el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, se efectúa amparada en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General de Defensa de Consumidores y Usuarios, que permite fijar una cuantía de hasta 500.000 pesetas, en las infracciones calificadas como leves dentro de cuyo margen debe actuar la discrecionalidad administrativa debiendo atenderse en la graduación de la sanción el principio de proporcionalidad atendiendo a las circunstancias objetivas del hecho realizado y la gravedad del mismo, tal y como indican las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1983, 18 de junio de 1983 y 29 de mayo de 1990.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS Además de los preceptos legales citados, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación de Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. Chung Goo Lee, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 6 de octubre de 1993, recaída en el expediente nº 35/27/93, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.

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