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Resultando que el Excmo. Ayuntamiento Pleno municipal, tras aprobar inicialmente el 21 de diciembre de 1993, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de referencia y someterlo a información pública en el Boletín Oficial de Canarias y la prensa el 31 de enero de 1994, en sesión celebrada el 25 de marzo de 1994, adoptó el acuerdo de aprobarlo provisionalmente y remitirlo a esta Consejería el 10 de mayo pasado.
Resultando que con fecha 16 de julio de 1994, la Dirección General de Costas emite segundo informe favorable, dando por subsanados los reparos impuestos en otro anterior.
Resultando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 12 de julio de 1994, informó favorablemente la propuesta municipal en el ámbito comprendido entre el linde sur occidental de la parcela de La Cicer y el Auditorio. Siendo desfavorable el informe a la propuesta edificatoria de la parcela de La Cicer, propiedad de Unelco, S.A., por las razones que se contienen en aquel informe.
Considerando que compete al Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial, entre otras funciones, la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación, Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento y Programas de Actuación Urbanística de los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, del resto de las capitales de más de cincuenta mil (50.000) habitantes, previo informe de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, conforme se determina en el artº. 6.2 del Decreto 306/1992, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial (B.O.C. nº 163, de 12.12.91).
Considerando que, en virtud de lo preceptuado en el artº. 128.1 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, las modificaciones de cualquiera de los elementos de los Planes, Proyectos, Programas, Normas y Ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación.
Considerando que, a la vista de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias nº 427/91, recaída en los autos del recurso contencioso-administrativo nº 685/1989, promovido por Unelco, S.A. contra los acuerdos de esta Consejería de 7 de marzo y 21 de julio de 1989, por los que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de esta ciudad y por el que se desestimó expresamente el correspondiente recurso de reposición contra aquel acto aprobatorio que destinaba la parcela de La Cicer a Sistema General de Espacios Libres y calificaba una parte de cultural-administrativo, no es oportuno ni conveniente para el interés general desclasificar un espacio libre, calificado así por la voluntad conjunta de las Administraciones actuantes y sancionado por aquel fallo judicial.
Considerando que, en el fundamento jurídico cuarto de aquella Sentencia se consideran como hechos probados: 1. Que el referido solar de Unelco y sus edificios e instalaciones se encontraban calificados como fuera de ordenación desde el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria de 1962, que calificaba la parcela de residencial-hotelera, afectada, desde entonces, por la prolongación del Paseo de Las Canteras.
2. Que la Central de Guanarteme se utiliza esporádicamente para paliar, en parte, posibles fallos de la Central principal, siendo aquélla una subestación que recibe la energía de la Central Térmica de Jinámar.
3. Que no consta en las oficinas municipales, según certifica el Secretario General, que por Unelco, S.A. se hayan solicitado licencias para la realización de mejoras en las instalaciones que dicha entidad tiene instaladas en la zona de Guanarteme, con posterioridad al año 1968.
4. Que no ha lugar a incluir dicha parcela en una unidad de actuación como pretendía la compañía eléctrica, sino a la expropiación con el correspondiente justiprecio.
Considerando que, sin perjuicio de lo que establezca en el momento de la gestión, de acuerdo con lo que establecía el artº. 60 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, hoy trascrito en el artº. 137 del Texto Refundido de 1992, las obras e instalaciones ejecutadas en edificios calificados como fuera de ordenación, en principio, no se pueden realizar, especialmente las de consolidación, aumento de volumen, modernización o aumento del valor de expropiación; por ello no deberán tenerse en cuenta todas aquellas obras de modernización o aumento del valor de expropiación que hayan sido ejecutadas posteriormente a 1962, que se valoran en la memoria.
Considerando que el Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa suministradora de energía eléctrica, se estima gravoso para los intereses públicos por las excesivas contraprestaciones que se contienen en el mismo en favor de la propietaria de La Cicer y discriminatorio con respecto al resto de los propietarios, excluidos del sistema compensatorio e integrados en la expropiación.
Gravoso, porque se aprecia una plusvaloración tanto en el justiprecio precalculado en la Memoria como en las contraprestaciones que obtienen por aquella empresa, mediante edificabilidades superiores a 2,5 veces lo que por expropiación le correspondería, ya que en aplicación del artº. 62.1 en relación con el 59.1, por un terreno de 14.600 m2 de superficie correspondería compensar el 75%, o sea, 10.950 m2 y no con 25.494 m2 como se propone. Discriminatorio, porque en una misma zona se emplean dos sistemas totalmente diferentes, a la minoría la compensación generosa y a la mayoría la expropiación.
Considerando que se debe mantener la catalogación y valoración de edificio protegido al existente con la parcela de La Cicer, por su valor histórico y fachadas neoclásicas.
Vistos el expediente administrativo, documentos e informes obrantes en el mismo, el Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, concordantes y demás normas de general y preceptiva aplicación,
D I S P O N G O:
Primero: aprobar definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito comprendido desde el lindero sur occidental de la parcela conocida como La Cicer, hasta los terrenos del Auditorio emplazado en la zona de El Rincón.
Segundo: denegar la aprobación definitiva de la anterior modificación para el resto de la misma y, concretamente, en la parcela de La Cicer, propiedad de Unelco, S.A., quedando en vigor las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana vigente para la misma, en cuanto a la continuación del Paseo de Las Canteras y espacio libre de uso y dominio público a obtener por expropiación, tal y como sancionó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por los motivos expresados en el cuerpo de esta Orden y en el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 12 de julio de 1994.
Tercero: entendiendo que la Consejería de Política Territorial no ha suscrito ningún Convenio para financiar la actuación pretendida, deberá rectificarse el documento presentado en el sentido de eliminar cualquier referencia a dicho Convenio como causa, motivación o justificación de la modificación propuesta, especificándose, en todo caso, quiénes son los firmantes del mismo e incorporando una copia del mismo al documento de modificación.
Contra esta Orden cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, que deberá venir acompañado de dos copias, ante el Excmo. Consejero de Política Territorial, y contra su desestimación expresa cabe interponer recurso contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución del recurso, y si ésta fuera presunta, en el plazo de un año a partir de la interposición del recurso de reposición, en virtud de lo dispuesto en el artº. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiéndose notificar ante esta Consejería la correspondiente comunicación previa que establece el artº. 110.3 de la citada Ley 30/1992.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de agosto de 1994.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, Fernando Redondo Rodríguez.
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