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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Ramlal Hiranand Govindani la Orden de 13 de mayo de 1994 (libro 01, folio 016/nº 291, corregida mediante Orden de 8 de agosto de 1994, libro 01, folio 033/nº 640), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 35/0175/92.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre de 1994.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por D. Ramlal Hiranand Govindani, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 15 de junio de 1993, recaída en el expediente nº 35/0175/92, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cincuenta y cinco mil (55.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 21 de mayo de 1992, en el Bazar Elegance, propiedad de Ramlal Hiranand Govindani, sito en el Parque Santa Catalina, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y mediante acta instruida al efecto (nº 34.671), comprobaron que tenía expuestos para su venta al público aparatos telefónicos con formas de manzana, banana y barra de pan. Los citados artículos carecían del preceptivo etiquetado en lengua española oficial del Estado, del manual de instrucciones y de la garantía.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, artículos 11, 13 y 34.6 y 9 de la Ley; artículo 3º, apartados 3.1.5 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cincuenta y cinco mil (55.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 13 de julio de 1993, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente: que dichos teléfonos fueron comprados a la empresa denominada Comercial Osaka, S.L., con domicilio en esta capital, en la calle Pérez Muñoz, 45 (se adjunta fotocopia de la factura de compra de dichos productos).
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas. Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, artículos 11, 13 y 34.6 y 9 de la Ley; artículo 3º, apartados 3.1.5 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1988, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del extinto Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprobó el entonces vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permitan modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora, por cuanto el artº. 27.1.a) de la Ley General para la Defensa de Consumidores establece la responsabilidad del vendedor de los productos (entre otros) respecto del origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad, y con las normas que los regulan; por todo ello, se observa la comisión de infracción del interesado ante el incumplimiento de la normativa relativa al etiquetado exigido en idioma español oficial del Estado, sin que pueda el interesado quedar eximido de tal responsabilidad mediante la presentación de fotocopia de la factura de compra a Comercial Osaka, S.L., puesto que la factura no acredita que los teléfonos objeto de la infracción fueran los suministrados por Comercial Osaka, S.L., no desvirtuando, por lo tanto, la presunción de iuris tantum que implican las Actas de Inspección y que se deduce del artº. 17.3 del Real Decreto 1.945/1983, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación de Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. Ramlal Hiranand Govindani, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 15 de junio de 1993, recaída en el expediente nº 35/0175/92, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cincuenta y cinco mil (55.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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