Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:
1.- Notificar a City Import-Export, S.A. la Orden de 8 de agosto de 1994 (libro 01, folio 033/nº 638), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 38/145/93.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre de 1994.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por City Import-Export, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 1 de octubre de 1993, recaída en el expediente nº 38/145/93, y que determinó la imposición de una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 2 de diciembre de 1991, en el Bazar Citysa mayorista, sito en la calle Pérez Muñoz, 41, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y mediante acta instruida al efecto nº 25.379, se pudo comprobar que esta empresa es la importadora y que a su vez comercializa un radio-reloj, localizado en el bazar propiedad del Sr. D. Gobindram Kishinchand Harjani, en Torviscas, término municipal de Adeje, quien a su vez lo había adquirido a Kismat Traders, S.A., mayorista, sito en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, lo que consta en actas de inspección números 19.771, 19.799 y 22.264, respectivamente, careciendo el citado aparato de datos del etiquetado, manual de usos en idioma castellano y del preceptivo certificado de garantía escrito.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 7.5 y 8.1 del Real Decreto 1.468/1988 (B.O.E. nº 284), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con el artº. 11 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.C. nº 168).
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 8 de noviembre de 1993, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
1. Que tanto en el Pliego de Descargo como en el escrito de alegaciones, solicitaron de los Servicios de Inspección se les diera traslado del acta de inspección que motivó la incoación del expediente sancionador, y dichas peticiones no fueron atendidas por el órgano instructor del expediente.
2. Que no es responsabilidad de la empresa importadora que no se adjunte el certificado de garantía y manual de instrucciones.
3. Que al caso que ocupa y tratándose de un simple radio-reloj, no es de aplicación el reseñado artículo, pues parece evidente que dada la simplicidad del producto, no caben recomendaciones o consejos o advertencias sobre su manejo.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo; se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 7.5 y 8.1 del Real Decreto 1.468/1988 (B.O.E. nº 284), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con el artº. 11 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.C. nº 168).
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del extinto Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprobó el entonces vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora, por cuanto:
1. Indicar que no procede hablar de indefensión al quedar debidamente detallado el objeto del presente expediente en el acta de inspección nº 25.379, la cual goza de presunción iuris tantum, según el artº. 17.3 del Real Decreto 1.945/1983, al comparecer en el mismo el Sr. Sumil Melwani, en calidad de socio, al que se le muestran las actas diligenciadas y facturas correspondientes, señalándose que el producto en cuestión son radio-relojes Panashiba.
2. La empresa como importadora responde del origen, identidad e idoneidad de los mismos de acuerdo con su naturaleza y finalidad y las normas que los regulan, conforme indica el artº. 27.1.a) de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al incumplirse la normativa relativa a los aparatos eléctricos, indicada en el Considerando segundo, se observa la comisión de la infracción que como tal es sancionada.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores. VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio; así como la legislación de Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por City Import-Export, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 1 de octubre de 1993, recaída en el expediente nº 38/145/93, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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