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Habiendo sido intentada la notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 219/93, incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, a D. Felipe de los Santos Gabino Martín, titular de la empresa operadora nº 162.852, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya sido recibida por el interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Examinado el expediente sancionador nº 219/93, incoado a D. Felipe de los Santos Gabino Martín, titular de la empresa operadora nº 162.852.
Resultando: que en el acta de infracción levantada por funcionarios de la Inspección del Juego, de fecha 20 de septiembre de 1993, en el Bar Caletillas, Candelaria, se denuncia que se encuentran instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas TF-B-9882 y TF-B-10194, careciendo de justificante de abono de la Tasa Fiscal de Juego.
Resultando: que mediante Providencia dictada por la Viceconsejera para las Administraciones Públicas, de fecha 11 de octubre de 1993, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa vigente, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
Resultando: que dentro del plazo concedido al efecto, el inculpado no formuló alegaciones al Pliego de Cargos, pese a serle notificado en debida forma. Resultando: que el Instructor del expediente procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por la Viceconsejera para las Administraciones Públicas, se sancione a D. Felipe de los Santos Gabino Martín, titular de la empresa operadora nº 162.852, con multa de cien mil pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Bar Caletillas, sito en Las Caletillas, Candelaria, se encuentran instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas TF-B-9882 y TF-B-10194, careciendo del justificante de abono de la Tasa Fiscal de Juego.
Lo que supone infracción a los artículos 30.1.d) y 41.3 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88).
Sancionándose como disponen los artículos 42 y siguientes del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Resultando: que dentro del plazo concedido al efecto, el interesado no ha formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, pese a serle notificada en debida forma.
Considerando: los artículos 30.1.d) y 41.3 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Considerando: que el artº. 22 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, establece que las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100.000 pesetas.
Considerando: que el artº. 24.a) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y las Apuestas en Canarias, y el artº. 11.2 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, relacionados con el artº. 6.2.b) del Decreto 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y con el artº. 9, apartados 1 y 2.a) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, atribuyen la competencia para la imposición de sanciones por infracciones leves a la Viceconsejería para las Administraciones Públicas.
Vistos los preceptos citados, así como los artículos 43 y siguientes del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, y demás disposiciones de general aplicación,
D I S P O N G O:
Sancionar a D. Felipe de los Santos Gabino Martín, titular de la empresa operadora nº 162.852, con domicilio en Arafo, calle Galván, 28, con multa de 100.000 pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Bar Caletillas, sito en Las Caletillas, Candelaria, se encuentran instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas TF-B-9882 y TF-B-10194, careciendo del justificante de abono de la Tasa Fiscal de Juego.
Lo que supone infracción a los artículos 30.1.d) y 41.3 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88).
Sancionándose como disponen los artículos 42 y siguientes del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Consejero de Presidencia y Turismo, en el plazo de un mes, desde la publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de septiembre de 1994.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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