No habiéndose podido notificar al interesado en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución de expediente sancionador nº 27/93 M que se tramita en esta Dirección General, de conformidad con el apartado cuarto del antedicho artículo,
R E S U E L V O:
1º) Notificar a D. Oliver Chinea Correa la Resolución de 20 de julio de 1994, recaída en el expediente nº 27/93 M, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:
Examinado el expediente sancionador instruido contra D. Oliver Chinea Correa, por infracción a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, por la alteración de las condiciones de un espacio natural protegido mediante la realización no autorizada de obras, consistentes en la extracción ilegal de piedra en el lugar conocido por El Pedregal-Arure, dentro del espacio natural protegido del Parque Natural nº 2 de la isla de La Gomera, Valle Gran Rey, término municipal de Valle Gran Rey.
Considerando: que con fecha 6 de abril de 1993, se ha notificado Pliego de Cargos a D. Oliver Chinea Correa, responsable de la infracción.
Considerando: que dentro del plazo concedido al efecto el interesado no presenta Pliego de Descargo.
Considerando: que con fecha 27 de mayo de 1994, se ha notificado al interesado la Propuesta de Resolución sin que, en el plazo legal concedido al efecto, éste haya presentado escrito de alegaciones.
Resultando: que se han realizado las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, habiendo quedado suficientemente probada la veracidad de los mismos.
Considerando: que el expediente ha sido tramitado con todas las formalidades legales y reglamentarias.
Considerando: lo establecido en el artículo 2 de la Ley 12/1987, de 19 de julio, en el que se declaran Parques Naturales en la isla de La Gomera, entre otros, el de Valle Gran Rey.
Considerando: la valoración efectuada por personal técnico de esta Dirección General, el importe de las obras ejecutadas han sido estimadas, atendiendo a su repercusión, trascendencia, así como irreversibilidad del daño producido en el Parque Natural a ciento noventa y siete mil (197.000) pesetas.
Considerando: que el hecho denunciado constituye la infracción que previene el artículo 38.2 y 38.12 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Considerando: ser responsable D. Oliver Chinea Correa.
Vistos la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; la Ley 12/1987, de 19 de julio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 2.614/1985, de 18 de diciembre; el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora; el Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, y demás disposiciones de general y concordante aplicación.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,
R E S U E L V O:
1º) Imponer a D. Oliver Chinea Correa una multa de ciento noventa y siete mil (197.000) pesetas.
2º) Concederle un plazo de treinta días para proceder a reparar el daño causado, para lo que deberá presentar un proyecto de recuperación ambiental, el cual una vez supervisado por los técnicos de la Unidad Insular de La Gomera, permita devolver el espacio natural al ser y estado previos al hecho de producirse la agresión.
Significándole en caso contrario se podría proceder por la Administración a la ejecución subsidiaria a su costa, sin perjuicio de las multas coercitivas que se puedan acordar conforme a lo establecido en el artículo 39.4 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.
3º) Notificar la Resolución al interesado.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez firme la Resolución en vía administrativa.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera imponerse. 2º) Remitir al Ayuntamiento de Valle Gran Rey la Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de agosto de 1994.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, p.s., el Director General de Urbanismo, Faustino García Márquez (Orden de 30.4.93; B.O.C. nº 57, de 3.5.93).
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