Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero: notificar al establecimiento Pizzería Sancocho II la Orden de 14 de marzo de 1994 (libro nº 01, folio 458), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 74/93 (expediente nº 456/91), interpuesto contra la Resolución de 8 de julio de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística. Segundo: remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de agosto de 1994.- El Secretario General Técnico, José Espejo González.
A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Vicente Curbelo Delgado (Pizzería Sancocho II).
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. José Vicente Curbelo Delgado, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Pizzería Sancocho II contra la Resolución de 8 de julio de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 456/91, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en realizar la actividad turística de restaurante en el establecimiento indicado, careciendo de la preceptiva autorización de apertura de la Administración turística canaria, hecho que determinó la imposición de sanción en cuantía de quinientas mil (500.000) pesetas.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando se revoque la misma, a cuyos efectos se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:
- Desconocía que por servir pizzas que descongela con horno casero, la actividad que realiza es la de restaurante ya que carece de cocina y elementos propios de restaurante.
- Carecía de Hojas de Reclamaciones, listas de precios y autorización de la Administración turística, al entender que las mismas eran tramitadas por el perito al que encomendó la documentación del establecimiento, siendo su intención arreglar la documentación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Presidencia y Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con lo que establece el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente no desvirtúan los hechos ni los preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística que se dictó ajustadamente en base a lo previsto en el artículo 6º de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes, que recoge la preceptiva autorización y determinación de la categoría como requisito previo a la apertura del establecimiento, estando tipificada dicha infracción como muy grave en el artículo 9.b) de la Ley 8/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística. La Resolución que se recurre, en atención a la naturaleza, ocasión y circunstancias, aplica la ponderación del artículo 8.Ll) degradando a grave la infracción y cuantificando la multa de conformidad con la escala de las mismas prevista en el artículo 13 de la citada Ley sancionadora, procediendo por tanto confirmar la Resolución recurrida, ya que la responsabilidad administrativa y la penalidad de ella derivada se basa en un previo acto antijurídico -ejercer la actividad sin la pertinente autorización-, elemento éste que se configura con carácter inequívoco en el supuesto contemplado.
Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. José Vicente Curbelo Delgado, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Pizzería Sancocho II, y confirmar la Resolución de 8 de julio de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 456/91 que determinó la imposición de una sanción en cuantía de quinientas mil (500.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería de Presidencia y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.
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