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Resultando que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Telde, en sesión extraordinaria celebrada el 30 de marzo de 1994, aprobó provisionalmente la Revisión del Plan General de Ordenación del municipio, tras aprobarlo inicialmente y someterlo a diversos periodos de información pública.
Resultando que el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, conforme preceptúa el artº. 114 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, acordó, en sesión plenaria celebrada el 27 de mayo de 1994, informar favorablemente el expediente de Revisión del Plan General, con los matices y sugerencias contenidas en el informe técnico.
Resultando que el Servicio de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas emitió, con fecha 21 de junio de 1994, el informe exigido por el artº. 16.2 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, estableciendo condiciones a cumplimentar con carácter previo a la aprobación definitiva.
Resultando que la Dirección General de Costas emitió, con fecha 25 de agosto de 1994 y carácter favorable, el informe exigido por los artículos 112.a) y 117.2 de la Ley 22/1988, una vez subsanadas por la Corporación Local las deficiencias señaladas en anteriores informes, estableciendo, no obstante, la obligación de corregir en Texto Refundido la normativa del Plan para dar correcto cumplimiento a la determinación establecida en la Disposición Transitoria Novena del Reglamento de la Ley de Costas.
Resultando que por el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente se emitió, con fecha 5 de agosto de 1994, Declaración condicionada de Impacto Ecológico como culminación del procedimiento de Evaluación Detallada a que se sometió la Revisión del Plan General, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Territorial 11/1990.
Resultando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 7 de julio de 1994, adoptó el acuerdo de informar favorablemente el expediente de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Telde, señalando una serie de defectos y condiciones formales y materiales a subsanar y cumplir por la Corporación Local antes de elevar el documento a aprobación definitiva. Resultando que por el Ayuntamiento se ha incorporado a la documentación del Plan General un anexo de correcciones, en cumplimiento a lo exigido en el informe de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, antes aludido. En dicha documentación, según informe del Servicio correspondiente de la Dirección General de Urbanismo, se subsanan, aunque no en su totalidad, los defectos señalados.
Considerando que se han cumplido los trámites procedimentales establecidos en la legislación urbanística vigente.
Considerando que compete al Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial, entre otras funciones, la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación, Normas Subsidiarias de Planeamiento y Programas de Actuación Urbanística de los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y del resto de las capitales insulares y de las ciudades de más de cincuenta mil habitantes, conforme determina el artº. 5.2 del Decreto 306/1991, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial.
Vistos el expediente administrativo, documentos e informes obrantes en el mismo, el Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, legislación concordante y demás normas de general y preceptiva aplicación,
D I S P O N G O:
Primero: aprobar definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Telde (Gran Canaria), con las siguientes modificaciones:
1.- Memoria general.
1.1. Deberá actualizarse el documento, recogiendo las diversas modificaciones (y, con ellas, las motivaciones y justificaciones) introducidas desde la aprobación inicial, corrigiendo las contradicciones con las determinaciones recogidas en otros documentos de la Revisión del Plan General, ya rectificados.
1.2. En el apartado III.3.2.2 (Instalaciones complementarias, I.C.1 Aeropuertos), deberá suprimirse la clasificación de S.U.N.P. Plan Insular, diferenciando el S.G. Parque Aeroportuario del S.G. Aeropuerto.
1.3. En el mismo apartado, y dentro del grupo I.C.2 (Puertos Marítimos), deberá incluirse el de La Garita, correctamente grafiado como tal en planos. 2.- Clasificaciones de suelo.
2.1. Suelo Urbano.
2.1.1. La Unidad de Ejecución nº 46 (Ojos de Garza) deberá ajustarse en su ordenanza edificatoria y delimitación a las determinaciones del apartado referente al Plan de Viviendas.
2.1.2. Conforme a lo establecido en el artº. 145 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, deberán corregirse las determinaciones de aquellas Unidades de Ejecución cuyo aprovechamiento supera en más del 15% el aprovechamiento tipo del área de reparto en que se incluyen.
2.1.3. Deberá corregirse la delimitación de las Unidades de Ejecución números 39 y 60, por encontrarse en suelo clasificado como rústico.
2.2. Suelo Urbanizable Programado.
2.2.1. Deberán especificarse para cada sector de Suelo Urbanizable Programado los parámetros de edificabilidad global y densidad de viviendas, el cuatrienio en que se prevé desarrollar cada uno y la cantidad de suelo de Sistemas Generales que corresponde compensar a cada sector, en los supuestos en que tales Sistemas resultan compartidos por dos o más sectores.
2.3. Suelo Urbanizable No Programado.
2.3.1. Habrán de establecerse con claridad las condiciones básicas que deben regir la redacción de los P.A.U. de los nuevos sectores residenciales S.U.N.P., expresando, además del aprovechamiento, número máximo de viviendas y superficie máxima, al menos los usos principales e incompatibles, así como las dotaciones, servicios o equipamientos que deberán incluir, conforme se deriva de los artículos 72.3.c) de la Ley del Suelo y 34 del Reglamento de Planeamiento.
2.3.2. Habrán de justificarse suficientemente los criterios clasificatorios de los S.U.N.P. respecto de los cuales tiene el Ayuntamiento suscritos convenios, en tanto que los mismos suponen una incoherencia con la propia naturaleza de dicha clase de suelo.
2.3.3. Entre las determinaciones específicas correspondientes al sector 14 de Piletillas, el Plan General habrá de incluir la obligatoriedad de respetar la supervivencia de las comunidades de tabaibas existentes en el área.
2.4. Suelo rústico.
2.4.1. En los planos deberá recogerse la refundición de las categorías de Protección Ecológica EPE y PE en una sola, realizada ya en la normativa. 2.4.2. Se deberán incorporar los Suelos Rústicos de Reserva y Protección de Barrancos RR y PB a la calificación de Protección Paisajística, para su adecuación a las categorías establecidas en la Ley 5/1987, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de Canarias, incluyendo la conservación de las laderas de los barrancos como exigencia de protección ambiental.
2.4.3. Por igual razón, los suelos de Protección Natural de Costas (P.N.) deberán calificarse como suelos rústicos de litoral y costeros.
2.4.4. En congruencia con lo establecido en el artº. 336 de la normativa urbanística, deberá suprimirse la posibilidad de construir viviendas en parcelas con superficie inferior a la establecida como mínima para cada categoría de suelo.
2.4.5. En aras de una mejor protección de los suelos agrícolas y una minoración del impacto paisajístico previsible, la construcción de cuartos de aperos se limitará, en las categorías de suelo en que se admite, a parcelas que tengan una superficie superior a 5.000 m2, no pudiendo sobrepasar en ningún caso los 10 m2 de superficie construida.
2.4.6. En los suelos de Protección Agrícola PA y Agrícolas No Protegidos (artículos 359 y 365), se agruparán en un solo renglón las edificaciones destinadas a almacén/cuarto de aperos, imponiéndoles un límite total de 10/20/40 m2c según la superficie de la parcela sea superior a 5.000/10.000/25.000 m2, respectivamente, a fin de minimizar el impacto de los volúmenes edificados.
2.4.7. En los cuadros de Usos ligados a la agricultura de la normativa de suelo rústico, deberá sustituirse Parcela mínima por Parcela, a fin de evitar contradicciones y confusiones con la parcela mínima que para cada categoría de suelo se establece, aclarando en el artº. 90 u otro de la normativa urbanística el carácter complementario de los umbrales que se establecen para la construcción de edificaciones auxiliares del uso agrícola en parcelas ya existentes.
2.4.8. De igual forma, deberá establecerse para las zonas incluidas en las Áreas Insulares Protegidas AIP, Áreas de Protección Singular APS y Áreas Marinas de Interés Natural AMIN, definidas en el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria, un régimen de usos compatible con el establecido en dicho Plan.
2.4.9. Tanto en los suelos de protección ecológica, como en los de protección paisajística y en los de protección agrícola deberán prohibirse expresamente las actividades extractivas. En los de protección paisajística, no se deberá permitir la roturación de nuevos terrenos. 2.4.10. Como anexo al Plan, deberá aportarse un ejemplar de la Carta Arqueológica del municipio de Telde, a fin de poder evaluar la afección a los yacimientos a la hora de decidir la concesión de autorizaciones o licencias de obra.
2.4.11. En el régimen de usos de los suelos de restauración y de extracción, deberá especificarse que la compatibilidad de los usos agrícola y de ocio y esparcimiento se entenderá exclusivamente a partir de la correspondiente restauración.
2.4.12. En el plano A-12, falta tramar como espacio natural el ámbito correspondiente al Parque Natural de Bandama.
3.- Sistemas Generales.
3.1. El Sistema General 1-3-P (Parque Aeroportuario) deberá delimitarse conforme a lo establecido en los acuerdos de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesiones de 12 y 13 de marzo de 1992 y 3 de julio de 1992.
3.2. Deberán establecerse limitaciones particulares al S.G.1, Parque Urbano en El Goro, al objeto de garantizar la conservación íntegra de los valores ecológicos presentes en el área de dicho Sistema General calificada como de protección ecológica del Barranco de Silva.
3.3. Igualmente se incluirán determinaciones particulares para el S.G-3, Campo de Golf, con el objeto de obligar al Plan Especial que lo desarrolle a cuidar y justificar específicamente que la ejecución del mismo no afectará negativamente al Barranco del Casquete, zona de protección cultural en Montaña Tabaibas y confluencia del Barranco del Draguillo, así como a garantizar el respeto a los bien conservados tabaibales existentes.
3.4. Se excluirá del Sistema General 7 (Cementerio) la zona calificada como de protección ecológica del Barranco de Silva.
3.5. Entre las determinaciones correspondientes al Sistema General 1-3, Parque de Tufia, habrá de incluirse que el Plan Especial que lo desarrolle deberá justificar específica y detalladamente, en función de la mejor protección del Paraje Natural y el yacimiento arqueológico, el régimen de usos y las características, capacidad y situación de la edificación e instalaciones previstas. El Plan Especial, en cualquier caso, habrá de ser informado por los organismos competentes en materia de planificación ambiental y de patrimonio cultural, con carácter previo a su aprobación definitiva.
3.6. La clasificación de los Sistemas Generales Estratégicos de Uso Mixto identificados como S.G.1-3-C, S.G.1-3-E y S.G.1-3-M, aunque se consideran aceptables desde el punto de vista estrictamente urbanístico, quedará suspendida, en cuanto a la posibilidad de implantación de grandes superficies comerciales con unidad alimentaria, hasta tanto se disponga de los criterios de equipamiento comercial, conforme se determina en el Acuerdo del Parlamento de Canarias de 14 de julio de 1994 y en la regulación establecida a tal efecto en la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias.
4.- Normas urbanísticas.
4.1. Deberán corregirse las alusiones erróneas a los artículos 21 y 1.3.2.1 en los artículos 24 a 26.
4.2. En el artº. 150, penúltimo párrafo, deberá sustituirse la alusión al Consejo de Aguas por Consejo Insular de Aguas. 4.3. Deberán definirse los usos de apartamentos y bungalows, y sustituir en el artº. 204 el uso hotelero por turístico.
4.4. Para el uso de talleres, deberán establecerse en el artº. 225 condiciones de localización y superficie, en función de su compatibilidad con el uso residencial en determinados procesos tipológicos, especificando los niveles 1 y 2 que se citan en el apartado 5 del mismo artículo, o eliminando dicha alusión.
4.5. En los artículos 328 y 330.A) deberá aludirse a la necesaria redacción de un Plan Especial conjunto que ordene, fundamentalmente, los aspectos formales y preceptivos de la franja de a todo lo largo de la GC-1, tal como se recoge en el artº. 301.B.d) de la misma normativa.
4.6. En el artº. 332.4, referido a la limitación de usos privativos en los Sistemas Generales Estratégicos de Uso Mixto, deberán sustituirse los conceptos comercial alimentario y no alimentario por los de gran superficie comercial con y sin unidad alimentaria. La base de cálculo de los aprovechamientos lucrativos lo constituirán las superficies asignadas a cada uno de estos Sistemas Generales en el documento aprobado provisionalmente, no pudiendo destinarse más de la mitad de la edificabilidad del conjunto de dichos Sistemas a gran superficie comercial con unidad alimentaria, previa la clasificación y autorizaciones legalmente establecidas.
4.7. El parágrafo final del artº. 336, referido a las viviendas ligadas al uso agrícola, deberá señalar que para la concesión de la oportuna licencia municipal, será preciso que se haya obtenido, dentro del procedimiento de previa autorización establecido en la Ley 5/1987, informe favorable de la Consejería competente en materia de agricultura, relativo a la necesaria vinculación, adecuación y proporcionalidad con la naturaleza, extensión y destino de la finca. 4.8. Las determinaciones que establece la Disposición Transitoria Novena del Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, no deben incluirse en el artº. 347, referido al suelo rústico de protección de costas, del que se suprimirán los párrafos 9º a 12º. Debe recogerse en un artículo específico de la normativa aplicable al suelo urbano la obligación de redactar Planes Especiales, Estudios de Detalle u otros instrumentos urbanísticos con objeto de proporcionar un tratamiento urbanístico homogéneo al conjunto de la fachada marítima, dentro de la zona de servidumbre de protección en los suelos urbanos en los que se den las circunstancias establecidas en la citada Disposición Transitoria.
5.- Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero.
5.1. Deberán reflejarse en el Programa de Actuación las rectificaciones del cálculo de aprovechamientos tipo ya realizadas en la normativa.
5.2. Deberán concretarse en el Programa de Actuación los Sistemas Generales que en suelo urbano se obtienen por el mecanismo de la transferencia de aprovechamientos.
6.- Convenios urbanísticos.
6.1. Los convenios urbanísticos incorporados al documento de Revisión del Plan General deben considerarse como compromisos de gestión que no vinculan a la potestad planificadora de la Administración. Cualquier contradicción entre el contenido de los convenios y el propio documento de Revisión, por causa de las modificaciones introducidas durante la tramitación o en la aprobación definitiva, se solventará en el Texto Refundido a favor de lo dispuesto en el documento de Revisión del Plan y en la Disposición Adicional Segunda de la normativa urbanística.
6.2. En tal sentido, deben corregirse los convenios en que se pactan clasificaciones de suelo o determinaciones de ocupación y edificabilidad que no se corresponden con la propuesta del documento definitivo, como los suscritos con la Asociación de Empresarios de Telde y con Promociones Hornera, S.L.
6.3. Igualmente deberán corregirse las referencias erróneas al articulado de las Leyes del Suelo de 1976 y 8/1990, que deberán sustituirse por los artículos correspondientes del vigente Texto Refundido. 6.4. En el convenio suscrito con Promociones Hornera, S.L., al que se refiere el acuerdo plenario de 11 de marzo de 1994, deberá subsanarse el error de formularse con una entidad que no ostenta la propiedad del suelo y que, por tal motivo, impide que pueda acordarse la liberalización de la expropiación.
6.5. Los suelos cedidos como consecuencia de los convenios deben considerarse, a tenor de lo dispuesto en el artº. 277 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, como integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo.
7.- Programa de Viviendas.
7.1. El Plan Municipal de Viviendas contenido en la Memoria debe ser incorporado a las determinaciones normativas del Plan y, en concreto, la previsión de viviendas de V.P.O. en régimen de alquiler, con las siguientes promociones: Casas nuevas (S = 1.855 m2)
50 viviendas Casas nuevas (S = 1.410 m2)
46 viviendas El Caracol (S = 7.285 m2)
130 viviendas Ojos de Garza (S = 5.965 m2) 135 viviendas Medianía (S = 4.205 m2) 90 viviendas Calero Bajo (S = 4.820 m2) 95 viviendas Caserones Alto (S = 3.758 m2) 80 viviendas Jinámar casco (S = 1.380 m2) 55 viviendas Callejón del Castillo (S = 2.610 m2) 60 viviendas Segundo: sobre la base del documento aprobado provisionalmente y los anexos de correcciones elaborados posteriormente, el Ayuntamiento elaborará un Texto Refundido en el que, además, se subsanen y den cumplimiento a los reparos señalados en la presente Orden, remitiéndolo a este órgano para su toma de conocimiento, diligenciación y publicación, tanto de dicho acuerdo como de la normativa urbanística rectificada, con los efectos legalmente establecidos.
Tercero: además, deberá aportarse una copia completa del expediente administrativo, alegaciones y anexo de convenios urbanísticos, documentos todos ellos convenientemente sellados y rubricados en cada una de sus páginas por el funcionario autorizado.
Cuarto: la presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y se notificará al Excmo. Ayuntamiento de Telde y al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, debiendo la Corporación Municipal notificarlo a cada una de las personas que presentaron alegaciones.
Contra esta Orden cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artº. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación al artº. 8 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de septiembre de 1994.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, Fernando Redondo Rodríguez.
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