Estás en:
Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1. Notificar a D. Víctor Pérez Navarro la Orden de 3 de junio de 1994 (libro 01, folio 020/nº 379), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, de 25 de mayo de 1993, sobre facturaciones de Emalsa.
2. Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de agosto de 1994.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Orden de 3 de junio de 1994, por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Víctor Pérez Navarro frente a la Resolución dictada por la Dirección General de Industria y Energía, de 25 de mayo de 1993, sobre facturaciones de Emalsa.
Visto el recurso ordinario formalizado por D. Víctor Pérez Navarro frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 25 de mayo de 1993, sobre facturaciones del abonado de Emalsa nº 10.01.08.243.01, y teniendo en cuenta los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho. ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 21 de diciembre de 1992, se interpone por D. Víctor Pérez Navarro, con domicilio en la calle Marín Cubas, 21, 2º derecha, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, reclamación ante la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas por, a su juicio, excesivas facturaciones de Emalsa.
Segundo.- Al objeto de determinar de forma fehaciente el funcionamiento correcto o no del contador del abonado, por parte de los Servicios de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas de Gran Canaria, se procedió con fecha 3 de mayo de 1993, a levantar la oportuna Acta de Verificación de contador, con el resultado de funcionar con normalidad con un error de -0,5% dentro de los límites legalmente admisibles; al ser el error admisible en domicilio ±4% y en laboratorio ±3%.
Tercero.- A la vista de lo anterior, la Dirección General de Industria y Energía (y suscrita por el Jefe de Servicio de Seguridad Industrial, en virtud de delegación de firma por Resolución del Director General de Industria y Energía), dictó Resolución en el sentido de considerar correctas las tres últimas facturaciones emitidas por la empresa suministradora de agua, VI, VIII, X-92, XII-92 y II-93, así como los próximos IV-93 de 10 m3 que se corregirá a 1.440 pesetas.
Cuarto.- Contra la citada Resolución se interpone por D. Víctor Pérez Navarro, la parte recurrente, recurso ordinario, en resumen: A) El edificio es sólo de 13 apartamentos, y las últimas cinco facturaciones dan un promedio de 2.351 m3, cuando el promedio contrastado del edificio es de 371 m3.
B) No se ha desmontado el contador ni se ha realizado ningún otro tipo de investigación.
C) Que con motivo de las obras que se realizan en el Paseo de Las Canteras, el suministro ha sufrido continuos cortes, sospechando que con tanto corte y averías, el contador se ha disparado, facturándose aire en lugar de agua.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
En relación con los requisitos de admisibilidad del presente recurso ordinario, no cabe formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto que el escrito de impugnación se ha interpuesto en tiempo y forma, siendo la Consejería de Industria y Comercio el departamento competente para conocer el presente recurso. II
Los argumentos esgrimidos por la parte recurrente en nada alteran los fundamentos de la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, adoptada con base a lo dispuesto en el artº. 46 del Decreto de 12 de marzo de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica, aplicable también a los suministros de agua, por Orden de 15 de marzo de 1963 (B.O.E. nº 72, de 25 de marzo), precepto que continúa vigente tras la modificación parcial del citado Reglamento contenida en el Real Decreto 1.725/1984, de 18 de julio (B.O.E. nº 230, de 24 de septiembre).
De otra parte, con respecto a la alegación de que se ha facturado aire en vez de agua ... no hay presunción, sino simple sospecha, insuficiente a los efectos que se pretenden Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1990.
III
Que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Los Reales Decretos 2.578/1982 y 2.091/1984, de 24 de julio y 26 de septiembre, denominados respectivamente de transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la entonces Junta de Canarias en materia de industria y energía, y de valoración definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma Canaria en materia de industria, energía y minas (B.O.E. números 248, de 16.10.82 y 278, de 20.11.84), así como el Decreto 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior Decreto 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93).
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Víctor Pérez Navarro frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 25 de mayo de 1993, sobre facturaciones de Emalsa.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
© Gobierno de Canarias