No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artº. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo. Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-411/93. INSTRUIDO A: Paolo Contino. D.N.I. o N.I.F.: X-1516670-G.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de abril del año 1993, un inspector de esta Dirección General, practicó visita de inspección en el establecimiento minorista de venta de vehículos terrestres Motor 13, del que es titular D. Paolo Contino, sito aquél en la Autopista del Norte, km 18, Los Naranjeros, del término municipal de Tacoronte, y mediante acta nº 032156 instruida al efecto, se procedió a efectuar comprobación de la reclamación, con nº de Registro de Inspección 183/93, interpuesta por Dña. María Teresa García Rodrigo, con ocasión de la adquisición del vehículo marca Opel, modelo Corsa, matrícula TF-9735-AD, adquirido, en la ya citada empresa, el día 22 de enero de 1993. Se han constatado los hechos referidos a continuación, que son constitutivos de infracción en materia de consumo: 1. Vender el referido vehículo sin garantía. 2. Extender factura, con ocasión de la venta del ya referido vehículo, con las siguientes irregularidades: A) Carece de número y serie. B) No figura el nombre y apellidos del titular de la empresa, no consta el nº de identificación fiscal del expedidor ni del destinatario. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 11 y 34, apartados 4 y 9 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Así como el artº. 3 del Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre de 1985, que regula el deber de expedición y entrega por empresarios y profesionales, modificado por el Real Decreto 1.624/1992. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: en escrito presentado en la Dirección Territorial de Comercio y Consumo el día 18 de octubre de 1993, y provisto en el Registro de Entrada con el número 1966, el interesado manifiesta, sucintamente, lo siguiente: a) La garantía a que hace referencia el artº. 11.2 de la Ley 26/1984, de 19 de junio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, afecta a los bienes de origen y no a la compraventa de bienes usados. b) Adjunto remiten copia del contrato de compraventa en el que constan el número de registro, nombre y apellidos del titular de la empresa, así como su número de identificación fiscal. Así como copia del recibo y factura emitidos. Por lo que suplica el sobreseimiento del expediente incoado. Existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a la misma. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en los artículos 11, apartado f), y 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO:
Imponer a Paolo Contino la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, p.s., el Director General de Industria y Energía, Luis García Martín (Orden de 25 de febrero de 1994; B.O.C. nº 27, de 4.3.94).
2) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-3/92. INSTRUIDO A: D. José Miguel Granados Cabrera. D.N.I. o N.I.F.: 43.641.761.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de mayo de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la embotelladora de bebidas refrescantes y agua, situado en la calle San Isidro, 36, de Taco, El Cardonal (término municipal de La Laguna), y mediante acta nº 19.658 instruida al efecto, se procedió a la oportuna toma de muestras del agua envasada de la marca Agua Drago en base a la denuncia presentada en las dependencias de este Organismo, siendo motivo de la misma el presunto mal estado de la misma comercializada en supermercado Komo-Komo del término municipal de Arona. Enviada la muestra pertinente al Centro de Investigación y Control de Calidad del Instituto Nacional de Consumo remite Boletín de análisis nº 100050 con el siguiente informe del cual se acompaña copia: La muestra analizada incumple el Real Decreto 2.119/1981, B.O.E. de 21.9.81, por no figurar en su etiqueta el domicilio de la empresa envasadora. El contenido efectivo es inferior al declarado en la etiqueta. FUNDAMENTOS DE DERECHO: el citado Real Decreto en relación al artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, B.O.E. nº 168. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: es cierto que en las etiquetas no figura el domicilio de la empresa envasadora, ya que el tratarse de aguas potables preparadas y de acuerdo con el Real Decreto 407/1975, en su artículo 42, dice ser de carácter obligatorio indicar en las etiquetas: a) Marca registrada, y b) Número de registro sanitario. Si no existiese marca registrada se hace constar para sustituirla por el nombre de fabricante o razón social y domicilio. Como quiera que éste no es nuestro caso, dado que sus marcas están todas registradas, cree cumplir con la que está estipulado en la Ley. Falta de contenido: por ser los envases de material polimétricos, es de dominio público que los envases no guarden siempre el mismo contenido, dado que al ser fabricados la capacidad puede variar de acuerdo con la temperatura que en ese momento tenga la máquina intectora de los envases, pero que por experiencia de muchos años esas oscilaciones no llegan nunca a uno o dos por ciento. CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES DEL INTERESADO: a juicio de esta Dirección General, las alegaciones vertidas por el encartado no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica de los hechos cometidos, por cuanto. - El artículo 2º del Real Decreto 407/1975 fue derogado expresamente por el Real Decreto 2.119/1981, en lo relativo a las aguas potables preparadas. - En cuanto al contenido neto, debe advertirse que el contenido neto del producto analizado -según consta en el Boletín de Análisis- era de 4.670 mililitros, mientras que en el envase figuraban 5 litros, en consecuencia, el contenido efectivo es inferior al declarado, lo que constituye infracción al Real Decreto 723/1988. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en los artículos 13, apartado g), y 20, letra k), del Decreto 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134),
ACUERDO:
Imponer a D. José Miguel Granados Cabrera la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 12 de julio de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de junio de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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