Visto el recurso ordinario promovido por D. José Rubiera Díaz-Quetcuti y D. Miguel Ángel Pascual Díez contra el fallo del Jurado del concurso de ideas convocado por Orden de 2 de septiembre de 1992, de la extinguida Consejería de Turismo y Transportes, hecho público a través de anuncio de la igualmente extinta Dirección General de Transportes, inserto en el Boletín Oficial de Canarias nº 3, de 7 de enero de 1994, recurso del que traen causa los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Orden Departamental de 2 de septiembre de 1992, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 130, de 16 de septiembre, la extinta Consejería de Turismo y Transportes convocó concurso público de ideas para la decoración, interior y de fachada, de los edificios que integran el Aeropuerto de La Gomera, así como el paisajismo y la jardinería del conjunto, estableciéndose, igualmente, las bases a las que habría de ajustarse el referido concurso.
Segundo.- El 8 de junio de 1993 se reúne el Jurado designado para la resolución del concurso de referencia, que concluye sus deliberaciones decidiendo otorgar el primer premio al trabajo presentado bajo el nombre de Alabeo, el segundo al titulado Horizonte y el tercero al que lleva por lema Talajague, fallo que se recoge en la correspondiente Acta formalizada al efecto.
Tercero.- El 7 de enero de 1994, el Boletín Oficial de Canarias nº 3 publica el anuncio de fecha 28 de julio de 1993, de la Dirección General de Transportes, por el que se hace público el fallo del Jurado del concurso de ideas en cuestión.
Cuarto.- El 24 de enero de 1994, D. José Rubiera Díaz-Quetcuti y D. Miguel Ángel Pascual Díez, en su condición de participantes y ganadores del tercer premio del concurso de ideas, interponen recurso ordinario en súplica de que se anulen los premios concedidos, alegando, en síntesis, que en el fallo del Jurado se quebranta el objeto principal del concurso al otorgar premios a trabajos en los que se modifican la estructura y las instalaciones de la edificación, no respetando, por tanto, los proyecto de ejecución de obras redactados por el extinto Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, añadiendo que dichos trabajos premiados van más allá de soluciones propias de una decoración.
Quinto.- A los efectos de mejor proveer se solicitó informe al Centro Directivo competente sobre los aspectos técnicos vertidos en el mencionado recurso y, en especial, sobre la adecuación de los distintos proyectos ganadores del concurso al proyecto de ejecución elaborado por el referido Departamento ministerial.
Sexto.- De acuerdo con lo establecido en el artº. 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procedió a dar traslado del recurso a los ganadores del primer y segundo premio, de acuerdo con lo previsto en el artº. 121.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Séptimo.- El 25 de mayo de 1994, D. Carlos de Puelles, D. Joaquín Soriano y D. José F. Escobar, equipo ganador del primer premio, presentaron alegaciones al recurso de referencia que se concretan en: 1º) que el anteproyecto que presentaron se adapta a la configuración estructural y a las superficies construidas del proyecto-base, si bien se intervino de manera lógica e importante en la ordenación de la fachada, especialmente en las cubiertas, huecos, materiales y ordenación volumétrica; y 2º) que el anteproyecto se ajusta perfectamente a las bases del concurso y que para su elaboración se realizaron más de diez consultas al coordinador de este Departamento.
De acuerdo con lo expuesto procede resolver el presente recurso en base a los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Antes de entrar a conocer el fondo del recurso, es necesario realizar determinadas consideraciones de índole formal que afectan a la admisibilidad del recurso, en estrecha relación con la naturaleza jurídica del acto que se impugna.
Ciertamente, las normas y principios que han de regir la resolución de procedimientos de concurrencia ideados u organizados por organismos públicos dentro de la actividad administrativa denominada de fomento, no pueden ser otros que los contemplados en las disposiciones de convocatoria de los mismos y los regulados por el Derecho Administrativo en cuanto ordenamiento que establece los cauces adjetivos o procedimentales por los que ha de discurrir el actuar de los órganos que han tenido que tramitar y decidir dicho concurso, por lo que el primer acercamiento al tema que nos ocupa debe dirigirse a examinar el cumplimiento de los requisitos de índole jurídico-formal que impone el ordenamiento vigente, partiendo de que, aun cuando el recurso impugna formalmente el anuncio de la extinta Dirección General de Transportes por el que se hace público el fallo del Jurado, es lo cierto que los argumentos vertidos en el mismo se dirigen en contra de dicho fallo.
En el caso que nos ocupa, la resolución del concurso público de ideas convocado por Orden Departamental de 2 de septiembre de 1992, se produjo mediante acto formal de naturaleza decisoria contenido en el Acta del Jurado de fecha 8 de junio de 1993, que evaluó y valoró los trabajos y las propuestas presentados y en el que aparece no sólo el extracto de las deliberaciones de la reunión sino que recoge el fallo de este órgano colegiado especialmente creado para este fin.
Llegados a este punto, al menos tres cuestiones se plantean: primera, ¿es recurrible este acto?; segunda, en caso afirmativo, ¿qué órgano ha de resolver el recurso?; y, tercera, a los efectos de admitir en plazo el recurso ¿cuándo ha de entenderse notificado el acto resolutorio?.
Respecto a la primera cuestión, entendemos que la respuesta necesariamente ha de ser positiva, de acuerdo con el criterio mantenido por el Tribunal Supremo delimitador del alcance del control jurisdiccional (y por extensión administrativo) de las adjudicaciones de premios por un Jurado calificador, y que lo ciñe al mantenimiento de la imparcialidad del mismo y de las bases o condiciones preestablecidas cuando el premio y el concurso para adjudicarlo emanan de un ente u organismo público y se financie con fondos públicos (Sentencia de 13 de junio de 1986, de la Sala 4ª), pudiendo, igualmente, velar por el cumplimiento de dichas bases como defiende la Sentencia de 14 de enero de 1983, de la Sala 3ª.
Por otro lado, el fallo del Jurado contenido en el Acta de referencia constituye, como ya hemos dicho, un verdadero acto resolutorio de naturaleza administrativa y, por ende, le ha de ser aplicada la regla general sobre la impugnabilidad de los mismos en vía administrativa.
Otra cuestión es que no sea impugnable dicho acto por agotar la vía administrativa, aspecto que enlaza con el segundo de los puntos debatidos. En este sentido, se comprueba que dicho fallo no emana de órgano o autoridad recogido en la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que no hay razón para inadmitir el recurso ordinario presentado.
La siguiente cuestión que se plantea es determinar la autoridad competente para resolverlo ya que, teóricamente, debería ser el superior jerárquico del órgano que resolvió el concurso de ideas, pero dado que la instancia decisora en el presente caso es un órgano no insertado en la organización administrativa del Departamento sino que, al contrario, fue creado, ad hoc, para el desempeño de la concreta tarea de valoración y resolución del concurso de ideas, hemos entendido que la autoridad superior al mismo es el titular del órgano que convocó el mismo y creó este órgano pluripersonal impropio.
En cuanto a la última de las cuestiones planteadas, a los efectos de cómputo del plazo previsto en el artº. 114.2 de la Ley 30/1992, e independientemente de la fecha de su emisión, el acto recurrido se entiende notificado cuando fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias, por ser el único vehículo de comunicación o difusión que tuvo dicho acto resolutorio.
Segundo.- Otra cuestión de índole formal que debe plantearse con carácter previo a la resolución de las argumentaciones de fondo, afecta a la composición del Jurado decisor. En este sentido, la Orden Departamental de convocatoria, en su base séptima, define el Jurado estableciendo los miembros que lo han de componer, unos nominados por sus cargos y otros que deberán ser designados por el titular del Departamento convocante. Respecto a estos últimos, se establecía que deberían ser especialistas en número máximo de cuatro. No entrando a juzgar el grado de especialización de los miembros que fueron designados, sí resulta patente que se nombró un mayor número de vocales que los requeridos.
Tercero.- Las argumentaciones del recurso se dirigen a fundamentar la nulidad de la adjudicación de los premios primero y segundo aduciendo incumplimiento de las bases, por cuanto los trabajos distinguidos con dichos premios modifican la estructura y las instalaciones del proyecto de ejecución redactado por el extinto Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, yendo más allá de soluciones propias de un proyecto de decoración y, como consecuencia, su presupuesto real no se ajusta al límite de los 100.000.000 de pesetas.
En efecto, la base primera del concurso establece el objeto del mismo disponiendo las características que han de reunir los trabajos que se presenten y que se circunscriben a la redacción de un proyecto de decoración, tanto interior como de la fachada del edificio terminal y los demás a construir en el Aeropuerto de La Gomera, así como el paisajismo y jardinería del conjunto, incluyendo taludes y aterrazamiento de las zonas más adecuadas, adaptando el total de la obra a ejecutar al entorno y minimizando el impacto ecológico y ambiental (...), todo ello en base a los proyectos de ejecución redactados por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y teniendo el presupuesto de las obras a realizar por estos conceptos como límite máximo cien millones de pesetas.
Por su parte, entre los criterios orientativos de valoración de los proyectos o trabajos a los que se debería haber ajustado el Jurado en su fallo (base segunda) figura su ajuste a los proyectos de construcción de las edificaciones e instalaciones del Aeropuerto.
En el informe-propuesta de la Dirección General de Transportes Marítimos y Aéreos con base en el informe de técnico cualificado (del Ingeniero coordinador de las obras del Aeropuerto de La Gomera designado por este Departamento), se reconoce que los trabajos premiados en primer y segundo lugar, y, en general, la mayoría de los trabajos presentados introducen modificaciones en las estructuras e instalaciones previstas, de lo que se infiere que en su fallo, el Jurado no cumplió estrictamente los términos de las bases del concurso público también en este extremo, actitud que el referido técnico justifica y lo hace con conocimiento de causa al constituir parte de dicho Jurado, aduciendo que no se desestimó trabajo alguno al considerarse como no negativa la aportación de soluciones más amplias que las solicitadas, argumento cuestionable en la medida que genera o provoca desigualdad entre las propuestas presentadas por los participantes que asumieron y se ajustaron estrictamente a las bases y aquellos que introdujeron propuestas que extralimitan los términos de dichas bases y porque el cumplimiento de las mismas constituía condición de validez del fallo mismo.
Cuarto.- Los defectos a los que nos hemos venido refiriendo, unos en mayor medida que otros, vician de anulabilidad el fallo del Jurado y, consecuentemente, la resolución del presente recurso tiene que pronunciarse sobre este aspecto, declarando dicha anulación. No obstante y en base al principio de conservación de los actos administrativos formulado en el artº. 66 de la Ley 30/1992, se debe limitar, igualmente, los efectos de la misma que en cualquier caso no tendría porqué afectar a la convocatoria que consideramos conforme a derecho.
En su virtud,
D I S P O N G O:
Estimar el recurso ordinario promovido por D. José Rubiera Díaz-Quetcuti y D. Miguel Ángel Pascual Díez y anular el fallo del Jurado del concurso de ideas convocado por Orden de 2 de septiembre de 1992, de la extinguida Consejería de Turismo y Transportes, hecho público a través de anuncio de la igualmente extinta Dirección General de Transportes inserto en el Boletín Oficial de Canarias nº 3, de 7 de enero de 1994, reponiendo las actuaciones al momento de designar y convocar el Jurado que habrá de decidir el concurso de referencia.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Notifíquese y publíquese reglamentariamente.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 1994.
EL CONSEJERO DE PESCA Y TRANSPORTES, Felipe Perdomo Torres.
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