Estás en:
Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Salvador Loriver Díaz Rodríguez la Orden de 27 de octubre de 1993 (libro nº 2, folio 11, nº 234), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 702/92 (expediente nº TF-0945-O-92), interpuesto contra la Resolución de la extinta Dirección General de Transportes, de 10 de noviembre de 1992.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de julio de 1994.- El Secretario General Técnico, Antonio Betancort González.
A N E X O
Orden por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto por D. Salvador Loriver Díaz Rodríguez.
Visto el recurso de alzada formulado por D. Salvador Loriver Díaz Rodríguez, contra la Resolución del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes, de 10 de noviembre de 1992, recaída en el expediente sancionador nº TF-0945-O-92, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula TF-4311-Z, un transporte privado de mercancías careciendo de autorización administrativa pero acreditando cumplir los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los transportes terrestres para su obtención, y dando lugar a la sanción de quince mil (15.000) pesetas.
Segundo.- El recurso de alzada interpuesto alega, en resumen, que concurren todos los requisitos para que la infracción calificada como leve sea sancionada con apercibimiento o, en todo caso, con una multa simbólica de mil pesetas como máximo; que, teniendo en cuenta la situación de crisis y que ha quedado acreditado que tiene todos los documentos para obtener la correspondiente autorización, solicita se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Pesca y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, en relación con el artº. 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora del Servicio de Apoyo y Coordinación, de 10 de noviembre de 1992, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artº. 142.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artº. 199.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, en relación con lo regulado por el Decreto 12/1992, de 7 de febrero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte.
Teniendo en cuenta que resulta probado que en la fecha de la denuncia el vehículo realizaba un transporte privado complementario careciendo de la preceptiva autorización administrativa habilitante, y que las alegaciones del recurrente ya fueron acogidas en la Resolución sancionadora recurrida, al calificarse la infracción cometida como leve por darse la atenuante de reunir los requisitos exigidos para el otorgamiento de la autorización, la cual hubiera podido ser obtenida por el infractor en virtud de lo que se establece en el artº. 142.a) de la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y artº. 199.a) del Reglamento que la desarrolla, sin que puedan apreciarse otras circunstancias atenuantes que las ya consideradas, en consecuencia, procede confirmar la Resolución impugnada por ser ajustados a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.
Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. Salvador Loriver Díaz Rodríguez, y confirmar la Resolución del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes, de 10 de noviembre de 1992, recaída en el expediente sancionador nº TF-0945-O-92, que determinó la imposición de una sanción de quince mil (15.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Pesca y Transportes, Felipe Perdomo Torres.
© Gobierno de Canarias