Examinado el expediente tramitado a instancia del Ayuntamiento de Guía de Isora, para declarar urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa iniciada con el motivo de la ejecución del Proyecto Estación de tratamiento de aguas residuales de Guía de Isora y teniendo en cuenta la acreditación que de los requisitos exigidos para aprobar tal declaración se hace en dicho expediente, como son:
1. La utilidad pública, que queda implícita en la inclusión del Proyecto en un Plan de Inversiones de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas. El citado Proyecto fue aprobado por resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de fecha 26 de noviembre de 1991.
2. La necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, por su destino al uso público y su urgencia motivada, según se desprende de la documentación remitida por la Corporación, por las siguientes circunstancias:
La situación actual de los vertidos de aguas residuales en la costa de Alcalá y Playa de San Juan es defectuosa y provisional, dando lugar a que las aguas residuales sin depurar se viertan directamente en el litoral con el consiguiente perjuicio para la salud pública, que llega a causar además graves problemas de contaminación en la costa. Ha de tenerse en cuenta que el artículo 25 de la vigente Ley de Costas establece, expresamente, que está prohibido el vertido de aguas residuales sin depuración.
Por otra parte, además, la agricultura, una de las principales fuentes de riqueza local, demanda urgente e imperiosamente la necesidad de dar solución inmediata al abastecimiento de aguas idóneas para el sector, evitando que, como ocurre actualmente, se esté distrayendo agua destinada al consumo humano, para aquella finalidad, por no disponer de las aguas depuradas útiles para el riego.
La obra a realizar significa, pues, tanto la posibilidad de evitar daños a la salud pública, cuanto contar con las aguas útiles necesarias para la agricultura.
3. La definición y situación de los bienes y derechos afectados por las obras resultan idóneas para el objeto pretendido según se desprende del expediente aportado por la Corporación.
4. Se ha oído a los titulares de los bienes y derechos afectados en el periodo de información pública, por plazo de quince días, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 28, de 5 de marzo de 1993.
Asimismo se practicó la notificación individual a cada uno de los afectados por el procedimiento expropiatorio, produciéndose ocho alegaciones, de las cuales cinco fueron estimadas y tres desestimadas, por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 1993.
En el ejercicio de la competencia prevista en el apartado B)4.3 del anexo I del Real Decreto 2.613/1982, de 24 de julio, y el artículo 8.1.d) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, en relación con los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, a propuesta del Consejero de Presidencia y Turismo previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 1 de julio de 1994,
D I S P O N G O:
Uno.- Declarar urgente, a solicitud del Ayuntamiento de Guía de Isora, la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del Proyecto Estación de tratamiento de aguas residuales de Guía de Isora.
Los bienes y derechos cuya ocupación se declara urgente quedan descritos, de forma individualizada y con indicación de sus titulares, en el anexo del presente Decreto. Dos.- Los interesados podrán formular, ante el organismo expropiante y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la enumeración o descripción de los bienes o derechos afectados.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde su notificación o publicación, en su caso, previa la comunicación al Gobierno de Canarias exigida por el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de julio de 1994.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE
PRESIDENCIA Y TURISMO,
Miguel Zerolo Aguilar.
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