Visto que por la Sentencia nº 291/1993, de 28 de abril, recaída en los Autos del recurso nº 506/1992, en los que interviene como recurrente D. Javier Cosío Romero, queda sin efecto la Orden de 31 de enero de 1992 de este Departamento que convocó, por el procedimiento de libre designación, la provisión de puestos de trabajo en la Consejería de Economía y Hacienda, en lo que atañe a los puestos de Jefe de Servicio.
Visto que solicitado informe del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, se comunica la existencia de un Auto de aclaración de la indicada Sentencia.
Visto que sobre la citada Sentencia recayó Auto de aclaración en el que amplía su parte dispositiva en los términos de dejar sin efecto la referida Orden en lo que atañe a las 14 Jefaturas de Servicio; las 28 Jefaturas de Sección; los 10 Puestos Singularizados y los 5 puestos de Inspectores Superiores de Tributos. Visto el informe del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias emitido en el presente expediente.
Considerando que compete a esta Consejería el cumplimiento de la citada Sentencia nº 291/1993 y su ejecución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo conforme al artº. 103 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Auto del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1986).
En uso de la competencia que legalmente me corresponde,
R E S U E L V O:
Uno.- Anular la Orden de este Departamento de 31 de enero de 1992 (publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 19 de febrero), en cuanto afecta a la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, para la provisión de 14 puestos de Jefe de Servicio; 28 Jefes de Sección; 10 Puestos Singularizados y 5 Inspectores Superiores de Tributos.
Dos.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias. Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de julio de 1994.
EL CONSEJERO DE TRABAJO Y FUNCIÓN PÚBLICA, Francisco José Rodríguez-Batllori Sánchez.
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