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BOC Nº 097. Lunes 8 de Agosto de 1994 - 1717

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Pesca y Transportes

1717 - RESOLUCIÓN de 20 de julio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolutoria del recurso de alzada interpuesto por D. Mateo Santana Sánchez.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Mateo Santana Sánchez la Orden de 27 de octubre de 1993 (libro nº 2, folio 10, nº 221), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 848/1992 (expediente nº GC-1523-O-92), interpuesto contra la Resolución de la extinta Dirección General de Transportes, de fecha 11 de noviembre de 1992.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de julio de 1994.- El Secretario General Técnico, Antonio Betancort González.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Mateo Santana Sánchez.

Visto el recurso de alzada formulado por D. Mateo Santana Sánchez, contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 11 de noviembre de 1992, recaída en el expediente sancionador nº GC-1523-O-92, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en recoger el vehículo, matrícula GC-8481-U, viajeros fuera del término municipal para el que está autorizado, dando lugar a la sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas.

Segundo.- El recurso de alzada interpuesto alega, en resumen, que si bien efectuó el servicio descrito en el Boletín de denuncia, fue requerido y contratado por agencia de viajes siendo el origen del servicio el municipio en el cual se le concedió licencia municipal de auto-taxi conforme a lo establecido en el artº. 3 del Decreto 231/1987, de 18 de diciembre; que considera nulo de pleno derecho que se le pretenda imputar lo preceptuado en el artº. 2.2 del Real Decreto 2.025/1984, de 17 de octubre, concordante con el artº. 141.c) de la Ley 16/1987; que para poder prestar servicio de carretera interurbana es condición precisa que esté autorizado para ello por la autoridad municipal y que se haya obtenido la correspondiente tarjeta de transportes, requisitos que en todo momento ha cumplido; que adjunta transfer expedido por la agencia de viajes Canyrama, S.A. y solicita se deje sin efecto la sanción impuesta. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Consejero de Pesca y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artº. 4.1 del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, en relación con el artº. 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora del Servicio de Inspección y Sanciones de fecha 11 de noviembre de 1992, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artº. 141.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 125 y 198.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

Teniendo en cuenta que resulta probado y reconocido por el propio recurrente que en la fecha de la denuncia el vehículo, propiedad del recurrente, recogió pasajeros en Playa del Inglés, municipio distinto de aquel para el que se otorgó la correspondiente licencia constituyendo, por tanto, una infracción de las condiciones esenciales de la autorización otorgada, y dado que tanto en el artº. 116.1 de la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestre como en el artº. 125 del Reglamento que la desarrolla, se exige, en cuanto al régimen específico de recogida de viajeros, que el servicio interurbano, salvo los supuestos expresamente exceptuados, deberá iniciarse en el término del municipio al que correspondió la licencia de transporte urbano o en el que la misma estuviera residenciada sin que resulten debidamente acreditadas por el recurrente la existencia de previa contratación del servicio ni la concurrencia de causa alguna de exención aplicable en la normativa antes citada, en consecuencia, procede confirmar la Resolución sancionadora recurrida por ser ajustados a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.

Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. Mateo Santana Sánchez y confirmar la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 11 de noviembre de 1992, recaída en el expediente sancionador nº GC-1523-O-92, que determinó la imposición de una sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Pesca y Transportes, Felipe Perdomo Torres.

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