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Se hace saber a D. Rubén Reyes Yanes, con título de empresa operadora revocado, que se halla en ignorado paradero, que se ha dictado Propuesta de Resolución en el expediente sancionador incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de Presidencia y Turismo, con el nº 5/94, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, proponiéndose una sanción de tres millones de pesetas, por la instalación y funcionamiento en el Bar El Pueblo, sito en El Sobradillo, calle Pelícano, 7, Santa Cruz de Tenerife, de una máquina recreativa del tipo B, modelo B-1628, serie A-295, al carecer de todo tipo de documentación, solamente lleva incorporada una Guía de una máquina del tipo A a nombre de Los Reyes Recreativos. Dicha empresa operadora tiene el título revocado para la explotación de máquinas recreativas, según Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 17 de octubre de 1991, procediéndose al precinto de la máquina, confirmándose la medida cautelar mediante Resolución de fecha 28 de marzo de 1994.
Lo que supone una infracción a los artículos 8, 11, 12, 13, 18.1.c), 30.1.b) y d), 31.1.b), c) y d), y 44 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificada como faltas muy graves, la explotación de máquinas de juegos por personas físicas o jurídicas no autorizadas como empresa operadora; la explotación, en cualquier forma, de máquinas de juego que carezcan de la autorización de explotación; y cualquier otra forma de gestión o explotación de máquinas de juego sin contar con las autorizaciones administrativas correspondientes (Boletín de Instalación), a tenor de lo dispuesto en el artículo 39.1, 2 y 6 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, correspondiendo una multa de un millón de pesetas por cada una de ellas, y todo ello de acuerdo con el artº. 42 del referido Decreto 93/1988.
No presenta alegaciones al Pliego de Cargos.
De acuerdo con lo establecido en el artº. 43.1.2.d) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, para que pueda alegar cuanto considere en su defensa.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 1994.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González Moro.
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