Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero: notificar al establecimiento Hotel Cantur la Orden de 4 de mayo de 1994 (libro nº 02, folio 942), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 247/93 (expediente nº 135/92), interpuesto contra la Resolución de 13 de abril de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.
Segundo: remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 1994.- El Secretario General Técnico, José Espejo González.
A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Armafri, S.L. (Hotel Cantur).
Visto el recurso ordinario interpuesto por D. Armando Joaquín y Rosa, en representación de Armafri, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Cantur, contra la Resolución de 13 de abril de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 135/92, y vistos los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística, consistente en muy deficientes condiciones de limpieza, estado de conservación y dotación de sus dependencias e instalaciones, tal y como se desprende del informe técnico, hecho que determinó la imposición de sanción en cuantía de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando el archivo del expediente por no existir fundamento legal alguno para la imputación de las irregularidades reseñadas y por infracción de las normas de procedimiento, a cuyos efectos se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:
- Es del todo improcedente la forma en que se ha incoado el expediente sancionador, ya que el motivo ha sido una denuncia haciendo valer como prueba un documento de fecha anterior.
- La entidad mercantil se encuentra en conversaciones con la propiedad para proceder a las reformas necesarias.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Presidencia y Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con lo que establece el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente no desvirtúan los hechos ni los preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora que se dictó ajustadamente en base a lo dispuesto en el artº. 85 de la Orden de 19 de julio de 1968, según el cual, los locales, instalaciones, mobiliario y enseres se mantendrán en las debidas condiciones de presentación, funcionamiento y limpieza, reparándose inmediatamente cuantos desperfectos o averías se produzcan; la infracción de este precepto está tipificada como grave en el artº. 8.1 de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística, habiéndose cuantificado correctamente la multa de conformidad con lo dispuesto en el artº. 13 de la citada Ley disciplinaria, procediendo confirmar la Resolución recurrida.
La infracción de las más elementales normas de procedimiento, alegadas por el recurrente, no se aprecia en ningún momento del expediente. De conformidad con lo previsto en el artº. 19 de la Ley 3/1986, de 8 de abril, la incoación de expedientes sancionadores por infracción a la normativa turística podrá iniciarse de alguno de los siguientes modos:
a) Mediante acta levantada por los Servicios de Inspección de Turismo.
b) En virtud de queja o denuncia consignada en los Libros u Hojas de Reclamación. En el caso que nos ocupa constan en el expediente acta e informe técnico, así como denuncia de clientes. El acta que se levanta como consecuencia de la denuncia señala que las deficiencias del establecimiento ya han quedado reflejadas en el informe técnico de fecha 14 de febrero, es decir, once días antes de la visita realizada para constatar la denuncia. Estamos en presencia de las denominadas en la doctrina y la jurisprudencia infracciones permanentes, al tratarse de conductas que perduran en el tiempo y no se agotan con un solo acto; en el presente caso las deficiencias de mobiliario e instalaciones no se corrigen inmediatamente del informe técnico o de la denuncia y es más, el propio expedientado no las niega, indicando se realizan conversaciones para proceder a las reformas necesarias.
Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario promovido por D. Armando Joaquín y Rosa, en representación de Armafri, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Cantur, y confirmar la Resolución de 13 de abril de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 135/92, que determinó la imposición de una sanción de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería de Presidencia y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.
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