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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero: notificar al establecimiento Hotel Cantur la Orden de 4 de mayo de 1994 (Libro nº 02, folio 937), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 246/93 (expediente nº 271/92), interpuesto contra la Resolución de 7 de abril de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.
Segundo: remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 1994.- El Secretario General Técnico, José Espejo González.
A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Armafri, S.L. (Hotel Cantur).
Visto el recurso ordinario interpuesto por D. Armando Joaquín y Rosa, en representación de Armafri, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Cantur, contra la Resolución de 7 de abril de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 271/92, y vistos los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística, consistente en deficiente estado de conservación y dotación de algunas de las prestaciones del establecimiento de referencia según consta en el acta nº 11.346 del día 7 de abril de 1992, hecho que determinó la imposición de sanción en cuantía de cien mil (100.000) pesetas. Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando el archivo del expediente sancionador por no existir responsabilidad de tipo alguno, a cuyos efectos exponen, en síntesis, que son absolutamente irrelevantes a efectos de calificar como infracción, los hechos consignados en el acta de inspección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Presidencia y Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con lo que establece el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente no alteran los hechos ni los preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística que se dictó ajustadamente en base a lo dispuesto en el artº. 85 de la Orden de 19 de julio de 1968, según el cual los locales, instalaciones, mobiliario y enseres se mantendrán en las debidas condiciones de presentación, funcionamiento y limpieza, reparándose inmediatamente cuantos desperfectos o averías se produzcan. El recurrente estima que no tienen entidad suficiente los hechos recogidos en el acta de inspección, sin embargo estamos en el supuesto de un hotel que tiene otorgada categoría de tres estrellas y en el que no funciona la alcachofa de la ducha, las cortinas oscurecedoras no cubren suficientemente y en el que se cierra la caldera durante unas horas, no disponiendo de agua caliente; este último extremo es negado por la empresa sin aportar prueba alguna, constando sin embargo en el acta de inspección que el Director del establecimiento afirma que para las calderas entre la 1 y las 5 de la mañana, motivo por el cual no hubo agua caliente.
Los hechos constitutivos de infracción se entienden probados y son tipificados de leve en el artº. 7.c) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística, procediendo confirmar la Resolución recurrida al haberse tenido en cuenta para la determinación de la multa la proporcionalidad y baremo previsto en el artº. 13 de la citada Ley disciplinaria.
Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario promovido por D. Armando Joaquín y Rosa, en representación de Armafri, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Cantur, y confirmar la Resolución de 7 de abril de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 271/92, que determinó la imposición de una sanción de cien mil (100.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería de Presidencia y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.
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