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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente sobre el procedimiento incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a Dña. Maximina A. González Domínguez la Orden de 23 de febrero de 1994 (libro 01, folio 08/nº 152), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 24 de febrero de 1992, sobre aplicación del Decreto de Acometidas para suministro de energía eléctrica a una vivienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Candelaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 1994.- El Secretario General Técnico, Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso de alzada formulado por Unelco, S.A. frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 24 de febrero de 1992, sobre aplicación del Decreto de Acometidas para suministro de energía eléctrica a una vivienda de Dña. Maximina A. González Domínguez, sita en el Pringado, en el término municipal de Candelaria, y teniendo en cuenta los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 2 de marzo de 1992, Dña. Maximina A. González Domínguez solicita de la Dirección Territorial de Industria y Energía en Santa Cruz de Tenerife, Resolución sobre las cantidades a abonar por el suministro de energía para la vivienda de su propiedad, sita en el Pringado (término municipal de Candelaria), al mostrarse disconforme con la liquidación practicada por Unelco, S.A. para la misma, y que ascendía a 186.909 pesetas.
Segundo.- Tras la tramitación del oportuno expediente, con fecha 24 de febrero de 1992, esta Dirección Territorial emitió informe y Resolución (actuando por delegación de 15 de noviembre de 1991) sobre este caso, en el cual se especificaban las cantidades a abonar por los distintos conceptos.
Tercero.- Contra dicha Resolución, Unelco, S.A. presenta, en tiempo y forma, recurso de alzada basado en los siguientes fundamentos:
a) Que la aplicación de un coeficiente de simultaneidad en la determinación de la inversión por kilovatio no se ajusta a lo establecido en el Real Decreto de Acometidas, capítulo 2, artículos 8º, 9º, 10º y 11º.
b) Que no procede aplicar coeficiente de simultaneidad sobre la potencia máxima admisible del cable, puesto que con ello se superaría la que el mismo es capaz de soportar.
c) Unelco, S.A., en base a lo dicho anteriormente, desarrolla el cálculo de los derechos de acometida para la citada vivienda que resultan ser superiores a los que se le determinaron por la citada Resolución de 24 de febrero de 1992.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
La normativa vigente en esta materia viene desarrollada específicamente en el Real Decreto 2.949/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Acometidas Eléctricas (B.O.E. nº 312/82), además le afectan otros preceptos contenidos en el Decreto 2.413, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como otras disposiciones posteriores por las que se actualizan las diferentes tarifas y derechos de aplicación, las cuales están en vigor para el caso que nos ocupa.
II
Según el mismo artº. 4 en su punto 5, se determina que las inversiones de extensión en baja o alta tensión tendrán en cuenta para la realización de los proyectos correspondientes, la aplicación de los coeficientes de simultaneidad que se especifican en una tabla incluida en este apartado, y que van de acuerdo con la parte de la instalación de la que es aplicada.
En este sentido, existe pronunciamiento al respecto del Ministerio de Industria y Energía con fecha 2 de octubre de 1987, en el que se confirma la obligada aplicación de los coeficientes de simultaneidad en la determinación de la potencia solicitada.
III
Como añadido a los puntos anteriores, a efectos de dejar lo más claro posible el criterio de este Departamento, en cuanto a los coeficientes de simultaneidad a que hacemos referencia, indicamos lo siguiente: Si el legislador considerara que tales coeficientes de simultaneidad están en desacuerdo con la instalación calculada según la Instrucción Técnica Complementaria (MIBT 010) para cada una de las extensiones de red, no se hubiera aventurado a establecer unas tablas de coeficientes aplicables a las diferentes partes de la instalación de extensión, para la determinación de la inversión de extensión, en el artículo 4º del citado Real Decreto.
Hay que aclarar aquí que la filosofía de tales coeficientes, no es hacer pasar por los cables más intensidad que aquella para los que están calculados, sino más bien, la de considerar que no todos los usuarios coinciden a la hora de consumir energía y por lo que se desprende del artículo 4º en su punto 5º del Real Decreto 2.949/1982, estos coeficientes son de aplicación a efectos económicos.
IV
El cálculo de los derechos de acometidas para el suministro de baja tensión se hizo de acuerdo a lo establecido en los artículos 8º, 9º, 10º y 11º del Real Decreto y en función de la potencia solicitada.
Sí hay que aclarar aquí que para proceder al cálculo de los derechos de acometida, siempre hay que determinar qué valor tiene el coeficiente K (inversión de extensión/baremo total de kw solicitado), y que, asimismo, para el cálculo de la inversión de extensión por kw, son de aplicación los coeficientes expuestos en el artículo 4º, punto 5º, que son los indicados para determinar la parte de la inversión de extensión que corresponde al solicitante, cuando como en este caso, por necesidades de uniformidad, u otras condiciones técnicas en las redes, se sobredimensionan las líneas. Por lo tanto, no se puede hacer recaer todo el costo de la línea sobre el solicitante, que en definitiva va a utilizar un porcentaje pequeño de la potencia que es capaz de transportar la misma.
VISTOS
Los Reales Decretos números 2.578/1982 y 2.091/1984, de 24 de julio y 26 de septiembre, denominados respectivamente de transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la entonces Junta de Canarias en materia de industria y energía y de valoración definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma Canaria en materia de industria, energía y minas (B.O.E. números 248, de 16.10.82, y 278, de 20.11.84), así como el Decreto 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior Decreto 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116).
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Unelco, frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de 24 de febrero de 1992, por lo que debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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