BOC - 1994/083. Viernes 8 de Julio de 1994 - 1497

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Presidencia y Turismo

1497 - RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Juan Ballester Ponseti (Restaurantes de Tenerife, S.A.), titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar “Virgen de La Candelaria”.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero: notificar al establecimiento Bar “Virgen de La Candelaria” la Orden de 4 de mayo de 1994 (libro nº 02, folio 1.018), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 79/93 (expediente nº 62/92), interpuesto contra la Resolución de 14 de julio de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.

Segundo: remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 1994.- El Secretario General Técnico, José Espejo González.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Restaurantes de Tenerife, S.A. (Bar “Virgen de La Candelaria”).

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Juan Ballester Ponseti, en representación de Restaurantes de Tenerife, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar “Virgen de La Candelaria”, contra la Resolución de 14 de julio de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 62/92, y vistos los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística, consistente en estar funcionando en régimen de explotación turística como bar, sin haber notificado a la Administración turística canaria los precios que rigen en la prestación de los servicios y sin tener el Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones, según consta en acta nº 11567/92, de fecha 10 de febrero de 1992, hecho que determinó la imposición de sanción en cuantía de cincuenta mil (50.000) pesetas.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando se revoque la misma, a cuyos efectos se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos: 1º) Según el artº. 2 de la Ordenación Turística de Restaurantes el establecimiento está excluido.

2º) Los servicios que se ofrecen son en virtud de una concesión administrativa del INSS, por lo que en todo caso sería a dicho concesionario a quien debería dirigirse la Resolución recurrida. 3º) Con fecha 19 de enero de 1989, se dictó Resolución por el Consejero de Turismo y Transportes, estimando un recurso cuyas alegaciones son, en síntesis, las que formula.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Consejero de Presidencia y Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con lo que establece el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística, con respecto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente no desvirtúan los hechos ni los preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística que se dictó ajustadamente en base a lo previsto en el artº. 30.1 de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes, modificada por la Orden de 29 de junio de 1978, y por la Orden de 10 de julio de 1981, que recoge la previa declaración de precios, así como lo previsto en el artículo 1º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes, y artículo 1º de la Orden de 31 de octubre de 1970, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las industrias y empresas. La infracción de dichos preceptos está tipificada como muy grave en el artículo 8º.d) y f) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística, aplicándose la ponderación del artº. 7.d), en razón a la naturaleza y circunstancias, se degradan a leves, procediendo por tanto confirmar la Resolución recurrida. El artº. 2 de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes no excluye, como indica el recurrente, este tipo de establecimientos; se refiere únicamente a cafeterías sujetas a su específica ordenación, comedores escolares, comedores de empresa, etc., es decir, establecimientos dedicados a servir comidas y bebidas a contingentes particulares e industria hotelera.

La Orden de 19 de junio de 1970, por la que se incluye en la ordenación turística de restaurantes a cafés, bares, salas de fiestas, clubes y similares, dispone que dichos establecimientos y hasta tanto no se dicte su específica ordenación, estarán sujetos únicamente a lo dispuesto en los artículos 4, apartados c), d), e), f), g) y h); 9; 10, números 1, 2, 3 y 6; 12; 30, número 1; 31 y 32 de la Ordenación Turística de Restaurantes.

En base al acta de inspección nº 11.567, de 10 de febrero de 1992, donde consta que el establecimiento se encontraba funcionando como bar, sin haber notificado a la Administración turística los precios que rigen en la prestación de los servicios y sin tener el correspondiente Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones y no acreditando el recurrente el cumplimiento de dichos requisitos se entiende ajustado a Derecho la Resolución recurrida.

Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. Juan Ballester Ponseti, en representación de Restaurantes de Tenerife, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar “Virgen de La Candelaria”, Edificio Traumatología, y confirmar la Resolución de 14 de julio de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 62/92, que determinó la imposición de una sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos. Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería de Presidencia y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.



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